Defensa de la competencia y Supercopa de España

Los últimos días, gracias a las informaciones publicadas por El Confidencial, los aficionados al fútbol hemos conocido, entre otras cuestiones, los detalles más importantes de la génesis y la estructura contractual y comercial que sustentan la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Son muchos los debates que dichas informaciones han suscitado respecto a la legalidad y moralidad del entramado de relaciones e intereses que ha salido a la luz, y hay cuestiones de indudable importancia, desde el punto de vista de la ética del deporte y de la integridad de las competiciones organizadas por la Real Federación Española de Fútbol, que deben ser no ya aclaradas, sino resueltas de manera decidida y transparente.

Pero también cabe preguntarse si los clubes afectados, sus accionistas y aficionados deben resignarse y aceptar el 'statu quo', o si hay imperativos legales que obliguen a corregir los aspectos más polémicos del torneo y, en su caso, resarcir incluso los daños causados.

Opinión

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Desde un punto de vista jurídico, no cabe duda de que las federaciones deportivas juegan un papel fundamental en la estructura del deporte en nuestro país. Entre otras muchas responsabilidades, diseñan y organizan las competiciones oficiales, de manera que actúan como reguladores de cada deporte, pero, aunque su labor tenga un componente deportivo muy importante, también hay que tener presente que existen múltiples actividades económicas asociadas a dichas competiciones. Esto supone que las federaciones deportivas se encuentren habitualmente en una verdadera situación de conflicto de interés, como reguladores y operadores económicos, que deben gestionar con prudencia.

La especificidad del deporte en España y en la UE ha justificado que la jurisprudencia de los tribunales y los precedentes de las autoridades de competencia hayan reconocido que determinadas decisiones o acuerdos de las federaciones deportivas, por ejemplo, las que sean puramente deportivas y sin fines económicos, queden fuera de la aplicación de las normas de competencia. Pero esa misma jurisprudencia y esos mismos precedentes han establecido claramente que el derecho de la competencia se aplica a la explotación comercial del deporte profesional en los mismos términos que a cualquier otra actividad económica, es decir, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares.

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A la hora de valorar la actuación de la RFEF en relación con la explotación comercial de la Supercopa de España, no hay duda respecto a que el punto de partida debe ser la constatación de que ocupa una posición dominante en el mercado de organización de competiciones oficiales de fútbol de carácter estatal pues, amparada en los derechos exclusivos que le otorga la legislación deportiva, organiza la Copa del Rey, la Supercopa de España y los campeonatos de liga de Primera, Segunda y Tercera División RFEF, además de designar en exclusiva a los árbitros, 'input' esencial para cualquier competición, también para las organizadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (los campeonatos de primera y segunda división A).

Y, si la RFEF es un operador económico dominante cuando no actúa como mero regulador deportivo, hay dos circunstancias que pueden haber provocado que haya incurrido, en mi opinión, en un posible abuso de posición dominante en relación con la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

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Por un lado, ha establecido un esquema de remuneración por participar en la competición que, sin atender a criterios deportivos, privilegia a unos clubes sobre otros (como exponen sin lugar a dudas los documentos aportados por elconfidencial.com), lo que provoca que el campeón de la Copa del Rey pueda cobrar menos por participar en la competición que el subcampeón o que el segundo clasificado en la Liga. Por este motivo, el Valencia CF, clasificado para la Supercopa de España esta temporada como finalista de la Copa del Rey, ya desafió el plan de la RFEF en la edición de 2019 y se negó a aceptar unas reglas de reparto de los ingresos generados por la competición que consideraba injustas. Desde entonces, el club no ha cobrado lo establecido y ha sometido la cuestión a los tribunales a la espera de que sean estos los que determinen si el reparto de los ingresos que acordó la RFEF es legal.

Por otro lado, la RFEF ha pactado con su contraparte saudí, la empresa pública SILA, una penalización de hasta 10 millones de euros si Real Madrid y FC Barcelona no participan en la Supercopa.

Esta estipulación, en relación con una competición oficial, es incompatible con los precedentes de las autoridades de competencia que han analizado los esquemas de reparto de los ingresos que genera una competición, y que deben responder a criterios objetivos, y sitúa a la RFEF en una situación de conflicto de interés porque obtiene un beneficio directo si participan en la competición los dos clubes citados, en lugar de cualquiera de sus competidores.

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Ese conflicto de interés, de hecho, arroja una sombra de duda sobre la decisión que tomó la RFEF respecto a la Supercopa de 2019, cuando invitó al Real Madrid y no al Real Betis Balompié basándose en criterios injustificables desde el punto de vista del derecho de la competencia (el registro histórico de la Copa del Rey, que encabezan FC Barcelona y Real Madrid) porque no responden a criterios deportivos y privilegian esencialmente a los dos clubes que, si participan en la competición, le aportan más ingresos según el acuerdo suscrito con SELA.

En definitiva, las informaciones publicadas los últimos días ponen de manifiesto la necesidad de corregir el reparto económico de los ingresos generados por la Supercopa en Arabia Saudí, y la eliminación de la estipulación relativa a la participación de Real Madrid y FC Barcelona en la misma. De lo contrario, la RFEF se expone a que cualquier club, sus accionistas o aficionados reclamen en los tribunales los daños sufridos como consecuencia de una conducta claramente incompatible con la normativa de competencia, o a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ya investiga a la Federación por otras conductas, pueda sancionarla por un abuso de posición dominante.

El fútbol y sus aficionados merecemos una operativa ética, desde un punto de vista deportivo, sin dudas respecto a conflictos de interés de quien organiza la competición y designa árbitros, pero también un funcionamiento competitivo de todos los mercados en los que operan la RFEF y los clubes.

*Rafael Baena, socio director del departamento de Derecho de la Competencia y de la UE de Ashurst en Madrid. Es especialista en Derecho de la Competencia y Deporte.