La hora legislativa de la Justicia española

Hace unos días, y después de muchos meses de preparación normativa, el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital presentado por el Ministerio de Justicia, dando luz verde a la última gran iniciativa legislativa del Gobierno en materia judicial.

Con la aprobación del proyecto de ley anterior, las tres grandes reformas proyectadas en esta legislatura por el Ejecutivo —Eficiencia Organizativa, Procesal y Digital— empiezan una andadura legislativa compleja en la que el principal obstáculo se presenta por el exiguo margen del periodo parlamentario. Los tres proyectos deberán discutirse, consensuarse y aprobarse en meses.

Y aunque ello es posible, no es ocioso destacar que algunos puntos (reforma de la estructura jurisdiccional, introducción de medios alternativos a la acción judicial como presupuesto obligatorio, relación electrónica…) exigirán de importantes consensos entre todos los grupos parlamentarios, sobre todo si tenemos en consideración que son leyes con vocación estructural, y no coyuntural, cuya aspiración confesada es sentar las nuevas bases de la Administración de Justicia en nuestro país.

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Ningún operador jurídico podrá negar la oportunidad y necesidad de las reformas. Cabrá discutir matices y precisiones, fórmulas o métodos, pero abogados, procuradores, jueces, fiscales o letrados de la administración de justicia compartimos el afán de rediseñar un modelo que exige sin ambages una revisión profunda. Un replanteamiento que debe abarcar desde la superada planta judicial de 1988 hasta la implantación efectiva y homogénea de la realidad digital en los expedientes tramitados en oficinas judiciales y fiscales. Seguir como hasta ahora no es una opción. Menos aún cuando el latigazo de una nueva crisis económica amenaza con incrementar —todavía más— el ya elevadísimo volumen de asuntos en determinadas jurisdicciones.

Como servicio público, la Justicia nunca ha sido una prioridad para la agenda política. Entre legajos, polvo, puñetas descosidas, edificios ruinosos y aplicaciones informáticas desfasadas, se han ido sucediendo décadas de abandono y relegación. Los profesionales públicos y privados, quizá, no hemos sabido hacer pedagogía y la sociedad, seguramente, se ha resignado ante una cuestión que, pese a ser transversal, suele ser analizada de forma particular y simplista, resolviéndose con medidas parciales y cortoplacistas y con un apoyo presupuestario siempre ilustrativo de la condición secundaria dada a la aplicación de la legalidad en el espacio de la decisión política.

Como servicio público, la Justicia nunca ha sido una prioridad para la agenda política

El periodo temporal que se producirá entre el próximo mes de septiembre y el fin de la legislatura será auténticamente decisivo para comprobar cuál es el grado de compromiso de todos los partidos políticos con el asunto de la Justicia y sus problemas. El margen es muy limitado y la consecución de acuerdos no será sencilla. Probablemente, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley de Enjuiciamiento Civil no atraiga votos para nadie.

Pero las responsabilidades públicas deben mirar más allá de los caladeros electorales. La política, con mayúsculas, debe también proteger y preservar a un poder del Estado —el judicial— que parece haber quedado reducido a un mero escenario de continuación de la contienda partidista ante la mirada atónita y perpleja de unos ciudadanos cada vez más desconectados del trabajo diario que se lleva a cabo en todos los juzgados y tribunales. Se olvida lo esencial. La politización oscurece la "jurisdicción doméstica".

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Hay tiempo, pero se agota. Los grupos parlamentarios tienen con los tres proyectos legislativos de eficiencia la oportunidad perfecta para demostrar que la Justicia en España es una prioridad, una institución indispensable para la preservación de la seguridad y la paz social. Ha llovido demasiado y sin clemencia para una Administración de Justicia que, empantanada y fangosa, reclama su lugar. El minutero no se detiene. La hora legislativa de la Justicia española habrá de encontrar su momento. Ha llegado. Es lo justo.

* Álvaro Perea González es letrado de la Administración de Justicia.