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Tribuna
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La rebaja del IVA del gas: dos consecuencias buenas y una (muy) mala
Nada es gratis, y un drástico cambio impositivo lo es menos todavía: la rebaja puede tener importantes efectos no deseados que han de ser tenidos en cuenta
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El invierno europeo se aproxima con los precios de la energía en escalada. Una fuente por encima de todas las demás captura la atención de consumidores y reguladores: el gas, que soporta uno de cada cuatro megavatios disponibles en la UE. Este verano, uno de los más calurosos en la historia reciente, su precio casi se ha triplicado: mientras en mayo el gas costaba de media 76 euros por megavatio/hora en el mercado de referencia español (MIBGAS), el 30 de agosto alcanzó los 224 euros. Con el frío por llegar y las amenazas de Rusia de cortar el suministro pendiendo sobre la incierta evolución de los precios, el gobierno español ha anunciado una rebaja del IVA de este combustible del 21% al 5%. El objetivo que se le adivina a la medida es loable: reducir la carga sobre los hogares en un contexto de alta inflación. También es alcanzable, en cierta medida. No obstante, nada es gratis, y un drástico cambio impositivo lo es menos todavía: la rebaja puede tener importantes efectos no deseados que han de ser tenidos en cuenta.
Sin duda alguna lo más positivo de la medida es su progresividad, es decir: todos los indicios apuntan a que beneficiara en mayor medida a los hogares más pobres. En particular, los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021 muestran que, para las familias de menores ingresos, el peso del gas sobre el gasto total es el doble que para las que se encuentran en lo alto de la distribución: mientras el 10% de hogares que menos gana dedica un 1,3% de su presupuesto a esta energía, para el top 10% la cifra se reduce al 0,7%. En la práctica, esto implica que la rebaja supondrá un alivio mayor en las finanzas de los hogares más vulnerables, que podrán reasignar ese gasto a otra partida. Esto es especialmente útil e importante en un contexto de inflación generalizada al alza: la subyacente (medidor de aumento de precios que excluye alimentos no procesados y energía) tocó el 6,4% en agosto.
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Cabe apuntar, a modo de contraste, que sucedía todo lo contrario con el descuento de 20 céntimos de los carburantes: tal y como advertimos en este informe el pasado abril, el porcentaje de gasto dedicado a hidrocarburos era mayor entre los hogares de más renta. En consecuencia, esta medida resultaba regresiva. Además, como ya apuntábamos en aquel informe y confirmamos en este análisis empírico, la captura del subsidio a manos de las empresas (es decir, la parte de la subvención que no llega a consumidores finales) se distribuía de manera desigual e inesperada, subrayando la dificultad de supervisar el cumplimiento de la medida.
La segunda ventaja de la bajada del IVA es que el alivio se mantiene en los bolsillos de los contribuyentes: a diferencia del límite impuesto a la subida de la tarifa regulada del gas, aquella que está ligada al precio del mercado mayorista, no genera una deuda en el sistema. Aunque, ciertamente, la política anunciada ayer sí supone una pérdida de recaudación para el estado.
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Pero esas ventajas se ven oscurecidas por un pecado original: la rebaja supone bajar el precio del gas, lo que puede incentivar su consumo en un momento en el que necesitamos que este disminuya. Al fin y al cabo, adquirimos un compromiso con nuestros socios europeos de disminuir un 7% el consumo de este combustible, precisamente en aras de rebajar la dependencia continental del mismo y evitar que los objetivos de soberanía energética a corto y medio plazo se desacoplen en demasía de la transición hacia una economía descarbonizada. Así, sería tal vez más adecuado considerar una transferencia directa a los hogares, algo que limitaría el impacto de la subida de precios entre los mismos y, al mismo tiempo, no dañaría el incentivo para el ahorro en el consumo de gas.
*Natalia Collado Van-Baumberghen es economista en EsadeEcPol.
El invierno europeo se aproxima con los precios de la energía en escalada. Una fuente por encima de todas las demás captura la atención de consumidores y reguladores: el gas, que soporta uno de cada cuatro megavatios disponibles en la UE. Este verano, uno de los más calurosos en la historia reciente, su precio casi se ha triplicado: mientras en mayo el gas costaba de media 76 euros por megavatio/hora en el mercado de referencia español (MIBGAS), el 30 de agosto alcanzó los 224 euros. Con el frío por llegar y las amenazas de Rusia de cortar el suministro pendiendo sobre la incierta evolución de los precios, el gobierno español ha anunciado una rebaja del IVA de este combustible del 21% al 5%. El objetivo que se le adivina a la medida es loable: reducir la carga sobre los hogares en un contexto de alta inflación. También es alcanzable, en cierta medida. No obstante, nada es gratis, y un drástico cambio impositivo lo es menos todavía: la rebaja puede tener importantes efectos no deseados que han de ser tenidos en cuenta.