La atención a la discapacidad es marca España

La atención a la discapacidad es marca España. Hay pocos países como el nuestro que puedan sacar tanto pecho de avance social en materia de derechos y discapacidad. En los últimos años, hemos sido testigos de dos reformas legales sin parangón, de hecho, tan avanzadas que en ocasiones han podido no ser entendidas o incluso de difícil aplicación, pues deben ser acompañadas de importantes cambios sociales y de mirada a la discapacidad. De hecho, estas dos reformas apuntan a los grupos de discapacidad más vulnerables de todos: las personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental.

Y valga de ejemplo que son los grupos más vulnerables y marginados, el que otra reforma, no tan importante de fondo, pero sí de forma, como la eliminación del término disminuido del artículo 49 de nuestra Constitución, nos hace pensar que ese término se refería a las personas con discapacidad intelectual, cuando en realidad lo hacía a todo el colectivo. Sin embargo, a las personas ciegas, o con discapacidad física o auditiva, no las englobamos en nuestra mente como disminuidos, pero el artículo 49 nos recuerda que hace años sí eran todos percibidos así.

Pero las dos grandes reformas a las que me refiero son la Ley 2/2018 para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad y la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

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La primera aún da que hablar, pues puede primar la visión de que quien no tenga "raciocinio" para ejercer el derecho de sufragio, no debe gozar del mismo. Si bien esa premisa puede ser válida (aunque discutible desde la perspectiva un hombre, un voto), su aplicación es tan difícil y puede resultar tan discriminatoria, que nuestra sociedad es mejor sin sesgar por condición que siendo tan pulcros. Como ejemplo extremo basta recordar cómo hace no muchos años la condición de mujer o de persona de otra raza negaba el derecho al voto. Y no solo eso, quien forma parte de la masa electoral es un espejo de la visión de una sociedad, de quién es válido y quién no. Y sabemos también que esa mirada crea realidades, y aún más, la falta de derechos, la invisibilidad y la dependencia crean vulnerabilidades y exclusión social.

La segunda reforma ha descolocado aún más, y la sociedad aún debe cambiar mucho para que esas modificaciones en el Código pasen a la acción y a cambios reales. De hecho, tristemente, desde su entrada en vigor, apenas han cambiado las cosas. Esta reforma pretende respetar la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad y promover su autonomía, pues, hasta la fecha, la figura de la incapacitación eliminaba de golpe y plumazo la voluntad de la persona incapacitada, depositando su alma en un tutor legal.

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Por supuesto que esta figura de incapacidad nacía con la voluntad de proteger a las "personas incapaces", pero después de las conquistas civiles que hemos alcanzado, se había llegado a un nuevo punto en el que generaba más inconvenientes que beneficios. De hecho, probablemente la mayor vulnerabilidad social sea la de estar absolutamente privado de voluntad y convertido en una persona completamente dependiente de otros. No me refiero a personas concretas (aunque pueda también darse, y de hecho se ha dado mucho, el caso de estar en manos de un mal tutor) sino a la figura social de no ser nada, casi un animal del que se cuida.

Desde esa visión poco se puede seguir avanzando y construyendo. Y la otra cara de la moneda de esta eliminación de la voluntad, son los abusos sexuales, financieros, físicos y ese horrible y largo etcétera infinitamente más presente entre los grupos susceptibles de ser incapacitados. Ha sido una decisión valiente y arriesgada, que podrá quizá sí desproteger en ocasiones a personas que se hubieran beneficiado de un apoyo en su herencia, por ejemplo, pero el derecho a equivocarse y a meter la pata, como hacemos todos los días sin estar incapacitados, es uno también muy importante.

Ahora está sobre el papel, y empieza, por tanto, otro paso difícil y apasionante, que además recae en nosotros, en la sociedad civil, que es el de cambiar las miradas y la realidad. Si lo hemos hecho con la mujer, de la que creíamos también que necesitaba tutoría y aprobación de sus finanzas, por qué no lo vamos a hacer con las personas con discapacidad. Seguro que lo conseguimos, y como ya ha sucedido, no solo ganarán ellos sino la sociedad en su conjunto.

* Almudena Martorell es presidenta de la asociación A La Par.