La renovación del CGPJ o cómo jugar con la prosperidad de un país

"Nogales es un enclave esquizofrénico. En su margen estadounidense es una próspera ciudad, que ha sido agraciada por la naturaleza con recursos de todo tipo. Sus habitantes disponen de múltiples comodidades y se sienten seguros. Su margen mexicana, sin embargo, aunque goza de análogos privilegios naturales, no disfruta de la equivalente prosperidad económica. Es saltar la frontera y la renta familiar se desploma a la tercera parte. ¿Cómo puede ser esto posible si su posición de partida es, en teoría, la misma?"

Con este ilustrativo ejemplo arranca el famoso libro ¿Por qué fracasan los países? Y, según los profesores Daron Acenoglu y James A. Robinson, la respuesta a la pregunta hemos de buscarla en la calidad de las instituciones de los países a los que pertenece cada uno de los dos Nogales. A mayor calidad de estas, mayor riqueza, aun contando con idénticos recursos naturales.

Si aceptamos la tesis de los referidos autores, no habría nada más estúpido que ir en contra del buen funcionamiento y de la credibilidad de aquellos organismos que constituyen el engranaje de cualquier sociedad avanzada. Lo lógico sería defender su integridad a capa y espada, dado que de la buena salud de los mismos depende su prosperidad.

Por otro lado, y remontándonos unos siglos atrás, convendremos que el gran avance del buen gobierno de las sociedades modernas es, sin duda, la separación de poderes, teorizada en especial por Locke y Montesquieu y consagrada por cada una de las constituciones de los actuales países democráticos. El correcto juego de contrapesos entre los tres poderes clásicos, esto es, el legislativo, el ejecutivo y el judicial (dejemos a un lado el cuarto poder e, incluso, el quinto), es la garantía de la buena marcha de una democracia.

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Si lo anterior resulta evidente para cualquiera, ¿cómo diablos hemos llegado al punto de llevar más de cuatro años con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una de esas instituciones vitales, bloqueada? En otras palabras, un organismo clave de la nación se encuentra ahora mismo compuesto por miembros cuyo cargo (electo) caducó hace casi un lustro.

Aunque esta situación resulta grave de por sí, mucho más lo es un detalle que todos estamos dando por bueno y en el que nadie parece reparar: ¿desde cuándo los miembros del órgano rector del poder judicial han de ser elegidos por los componentes de otro de los poderes, el legislativo en este caso, en una clara conculcación del sacrosanto principio de separación de poderes? Si ya nos hemos malacostumbrado a que el ejecutivo y el legislativo con frecuencia se solapen, en especial en legislaturas de mayoría absoluta, con más razón debería ser crucial asegurarnos la independencia del poder restante.

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Llegados a este momento, muchos lectores estarán pensando que se me olvidó releer el artículo 122.3 de la Constitución Española, que consagra el sistema de elección de los miembros del CGPJ, otorgando la misma al Congreso y al Senado por mayoría cualificada de tres quintos. Pero es que no es eso lo que establece nuestra Carta Magna, es lo que hemos forzado que diga a través de las normas de menor rango promulgadas con posterioridad, en especial la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (LOPJ), y sus reformas.

No hace falta ser un gran exégeta para interpretar adecuadamente que lo que la Constitución trataba de establecer es que la mayoría de los miembros del CGPJ (doce de los veinte) fueran elegidos por los propios jueces y que los restantes ocho lo fueran por las Cámaras Alta y Baja por mayoría cualificada, para de esa manera evitar sesgos políticos. Sin embargo, la LOPJ extendió ese sistema de elección por las cámaras, esto es, por el poder legislativo, a la totalidad de los vocales del CGPJ, traicionado de esa manera el espíritu de nuestra norma suprema.

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Y no acaba aquí la cosa. Porque para realizar dicha elección los partidos políticos llegan a un acuerdo previo en el que se reparten los puestos de los vocales en función de la orientación política del juez de que se trate, de tal manera que los partidos de derechas propondrán a jueces conservadores y los de izquierdas a miembros de la judicatura liberales.

Aquí es donde todo se acaba de pervertir. Una vez metidos en faena, continuamos nuestra lectura y llegamos al artículo 127 de la Constitución, que resulta que prohíbe a los miembros de la carrera judicial pertenecer a sindicatos o partidos políticos. Entonces, ¿cómo es posible que existan jueces conservadores y liberales? Una vez más, gracias a otra perversión del sistema, la que permite a los miembros de la judicatura formar parte de asociaciones, que son las que ostentan el marchamo de derechas o de izquierdas.

Opinión

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Pues bien, esta aberración de sistema parece que la damos todos por buena y lo único que criticamos es la falta de acuerdo entre el partido en el Gobierno y el principal de la oposición, como si fuera lo más normal del mundo que para renovar un órgano clave del poder judicial (que en teoría y por mandato constitucional es apolítico) se precise el consenso de los partidos políticos.

Esta progresiva desnaturalización que conculca gravemente el principio de separación de poderes ha sido denunciada en el pasado, en especial por parte de Alberto Ruiz-Gallardón, que siendo Ministro de Justicia trató de manera infructuosa de devolver a los jueces la elección de la mayoría de los vocales, pero de aquello hace casi diez años y ya se nos ha olvidado. A lo máximo a lo que aspiramos ahora es a que sean los parlamentarios los que, en conciencia, voten por los candidatos que prefieran de manera individual, según el modelo sugerido por Manuela Carmena en un reciente artículo.

En conclusión, hemos llegado al punto de aceptar como natural el deterioro progresivo de una de nuestras principales instituciones, quejándonos tan solo de la falta de acuerdo entre los partidos y dando por bueno el sistema en sí. No nos sorprendamos, pues, si acabamos cayendo en el lado malo de la frontera y asistimos poco a poco al desplome de nuestro bienestar.

* Javier Vasserot es abogado y escritor.