Huelga LAJ: es el momento de la responsabilidad

Cuando está a punto de cumplirse un mes de la huelga indefinida que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron el pasado 24 de enero, no podemos sino lamentar la falta de cauces de diálogo que permitan llegar a una pronta solución de un conflicto que la sociedad madrileña y española no merece ni puede tolerar por más tiempo.

El hecho de que, en los momentos de escribir estas líneas, se baraje como fecha posible para la próxima reunión entre las partes en conflicto el próximo 1 de marzo (es decir, ¡12! días después del pasado y único encuentro) nos genera la máxima alarma y preocupación. Las suspensiones de procedimientos judiciales están afectando a miles de profesionales, ciudadanos y empresas, con un grave perjuicio económico para todos.

Según los datos de los que dispone el ICAM, recogidos en las salas de la Abogacía distribuidas por los diferentes órganos y partidos judiciales, desde el inicio de la huelga el 24 de enero se ha suspendido alrededor del 35% de los señalamientos. Si atendemos a las consignaciones, según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, la huelga está teniendo un fuerte impacto en los pagos judiciales y desde su inicio se habrían paralizado cerca de 1.286 millones de euros en toda España y unos 295 millones en Madrid. Tras estas cifras se encuentran casos de urgente necesidad como, por citar un ejemplo acuciante, las pensiones de alimentos para hijos de padres separados con cuentas embargadas por impago.

Nos duele además manifestar que, además de este impacto, y más allá de su cuantificación en cifras concretas, se está ahondando en el menoscabo de la confianza de la ciudadanía hacia nuestras instituciones, cuando un derecho fundamental, como es el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, queda paralizado sin que haya pasos decididos acordes y proporcionales al bien que está en juego.

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La Abogacía de Madrid no entra a valorar, como no puede ser de otro modo, los argumentos de cada una de las partes en conflicto. Pero sí nos corresponde alzar la voz por el acceso a la Justicia y el legítimo interés de los profesionales y sus clientes.

Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), y siempre desde el respeto al derecho a huelga, venimos instando a los LAJ a comunicar previamente las previsibles suspensiones de cualquier tipo de acto procesal que no vaya a tener lugar por razón de la huelga convocada, evitando desplazamientos y los gastos que conllevan, tan elevados en muchísimas ocasiones. Una petición que también trasladamos, al inicio de los paros, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien recogió y comunicó esa sugerencia a todas las sedes judiciales en los primeros momentos del conflicto.

Idéntica petición reiteré de nuevo ayer a la secretaria coordinadora del TSJ, haciéndole saber el paso adelante dado por los LAJ, cuyo comité de huelga, en un gesto sin precedentes, incluyó en su comunicado del pasado viernes la recomendación de "intentar, en la medida de lo posible, dadas las circunstancias de la huelga indefinida, avisar de las previsibles suspensiones a los profesionales con el fin de evitar desplazamientos innecesarios".

El ICAM no puede permanecer impasible ante la paralización del sistema judicial español y las consecuencias de ello

Como decano del ICAM, valoro este comunicado de los LAJ, que conjuga respetuosamente el legítimo derecho de huelga con el ánimo de minimizar los perjuicios a la ciudadanía. Merecen nuestro reconocimiento y gratitud por acoger la solicitud expresa que tuve ocasión de trasladarles personalmente en los juzgados de plaza Castilla, a donde me desplacé tan pronto como tuve conocimiento del fracaso de las negociaciones. El ICAM no puede permanecer impasible ante la paralización del sistema judicial español y las consecuencias de ello.

Es por ello, desde esa responsabilidad, y en defensa de la salvaguarda del interés general, por lo que acepté explorar un papel de mediación con el honesto ánimo de facilitar la comunicación entre las partes y lograr su acercamiento, desde el prisma de la neutralidad que la abogacía madrileña podía ofrecer. Al mismo tiempo, permanecemos en contacto con los grupos parlamentarios para que, desde sus competencias, se impliquen promoviendo el impulso de las negociaciones.

Junto con esta actividad institucional para contribuir al entendimiento, el Colegio permanece desde el primer día donde también debe estar: cerca de sus colegiados y colegiadas. A través de Defensa de la Abogacía ICAM, estamos realizando un seguimiento diario del impacto de la huelga desde su inicio y hemos pedido que se nos reporten las incidencias surgidas en los juzgados en el marco de la huelga.

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Para impulsar este canal de ayuda y defensa a los profesionales, lanzamos hace una semana una campaña con la que se recuerda a los colegiados/as que pueden contar con el ICAM para que intervenga de forma directa e inmediata en el caso de necesitar suspensiones urgentes, de recibir un trato desconsiderado o de sufrir dilaciones y retrasos en sus procesos.

A pesar de haber abierto cuantas opciones tenemos a nuestro alcance, no podemos dejar de sentir la frustración por el sinsentido de un conflicto que se alarga sin que las partes estén manteniendo un diálogo sin descanso que permita su urgente finalización. Por el interés general, es el momento de exigir la inmediata reanudación de la negociación.