Ferrovial y los campeones nacionales

Si no fuera porque ya estamos escarmentados y conocemos el nivel al que nos enfrentamos, uno asumiría que Pedro Sánchez, al criticar la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, no estaba sino siguiendo la corriente económica conocida como dirigismo, que tiene como una de sus principales manifestaciones la creación de campeones nacionales.

En efecto, sería bonito fantasear con que tenemos un presidente del Gobierno profuso lector de las tesis de Henri de Saint-Simon o de Auguste Comte, promotor de una línea estratégica económica bien definida y fundamentada, que precisa para llevarse a la práctica de la existencia de una serie de compañías que asuman, aparte de la legítima búsqueda de sus intereses empresariales, objetivos patriotas. A cambio de eso, esas compañías recibirían una serie de privilegios, por lo general la explotación en régimen de monopolio de un sector estratégico.

Si eso fuera así, tendríamos un jefe de Gobierno letrado, pero con unos conocimientos algo pasados de moda. Unos cuarenta años, al menos, puesto que fue a finales de los años setenta del pasado siglo cuando se abandonó dicho sistema económico por parte de Margaret Thatcher, como principal referente. Bueno, en España tan solo habríamos de remontarnos a la ola de privatizaciones de la década de los noventa, pero también ha llovido bastante desde entonces.

De todas maneras, Ferrovial nunca habría encajado en la definición de national champion. Ni opera en un sector estratégico, ni ha actuado nunca en régimen de monopolio o de oligopolio, ni, en especial, ha recibido prebendas de ningún tipo por parte del país. Porque resulta vergonzante que nuestro presidente saque a relucir las contratas ganadas por la constructora como si de ayudas de Estado se tratase. O no sabe en qué consisten los proyectos de colaboración público-privada, en los que el Estado se beneficia de activos particulares para evitar cargar las arcas públicas con obras que no puede asumir a cambio de otorgar concesiones; o sí lo sabe, pero calcula que su votante medio lo ignora. No sabría decir qué es peor.

Sin embargo, y por desgracia, la realidad es mucho más simple.

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Una compañía privada decide, tras deliberarlo en secreto durante más de un año, trasladar su domicilio social a una jurisdicción bastante común, dado que goza de una serie de ventajas financieras, legales y fiscales frente a la de origen, la española, en este caso. Porque para cualquiera que esté involucrado en operaciones sofisticadas, tanto corporativas como de financiación, esta decisión es algo de lo más habitual, en muchas ocasiones promovida, cuando no incluso forzada, por terceros (financiadores, la mayoría de las veces) que prefieren que sean de aplicación normas mucho más previsibles, flexibles y directas a la hora, por ejemplo, de ejecutar garantías.

Y nuestro Gobierno, que tiene nula, si acaso muy escasa, experiencia en el mundo de los negocios de alto nivel, aprovecha una resolución empresarial, diríamos casi que cotidiana, que en todo caso no sería capaz de analizar de manera profesional por falta de conocimientos y experiencia suficientes, para hacer campaña política con las miras puestas en las diversas convocatorias a las urnas que nos esperan en 2023.

Opinión

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Desengañémonos, que la cosa es mucho menos romántica de los que a muchos les gustaría. Porque aquí no hay ni grandes estadistas defendiendo un modelo económico a capa y espada en pos del bien común, ni grandes fortunas pretendiendo pagar menos impuestos de forma torticera; sino tan solo unos políticos mediocres asiéndose a cualquier pose que los ayude a arrancar ese puñado de votos que necesitan para seguir en el poder a toda costa y unos socios y directivos que, pese a su alto nivel, no han sabido leer correctamente la situación y han mostrado una gran torpeza a la hora de ejecutar una sencilla decisión empresarial.

Los primeros se han hartado de atacar la poca españolidad de los responsables de la constructora (algo que resulta bastante paradójico si se tiene en cuenta quiénes han sido sus compañeros de viaje durante estos cuatro años de mandato), cayendo además en múltiples contradicciones, la más flagrante de las cuales es vincular un movimiento que lleva más de un año decidiéndose en secreto a un supuesto interés en eludir por parte del presidente de Ferrovial el conocido como impuesto de grandes fortunas, cuando el traslado comenzó a fraguarse cuando no había aún noticias de la creación del mencionado gravamen.

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Mientras tanto, a los segundos se les ha olvidado el talante de los miembros del Gobierno, minusvalorando su capacidad de sacar provecho mediático de cualquier cosa, en especial en año electoral.

Sin embargo, esta historia podría tener hasta su punto como culebrón político si no fuera porque se ha traspasado una línea roja que nunca debería ser admisible cruzar. La descalificación personal señalando a ciudadanos concretos jamás debería quedar impune.

Porque no todo vale.

* Javier Vasserot es abogado y escritor.