La transformación del sector público: claves y palancas para avanzar en 2024

Vivimos actualmente en un entorno de incertidumbre y policrisis (concepto acuñado por el historiador económico de la Universidad de Columbia Adam Tooze), caracterizado por la inestabilidad macroeconómica global; diversos conflictos geopolíticos de gran calado; o la ruptura de las cadenas de suministro, por citar solo algunos elementos.

A este contexto se añaden otras tendencias, quizás más soterradas por ser cambios más lentos, que están afectando profundamente a nuestra forma de vida y organización social y económica, y lo harán con mayor intensidad en el futuro. Así, por ejemplo, el cambio climático puede resultar en graves problemas agroalimentarios y de accesibilidad al agua potable, y cambios probables en los flujos turísticos. El envejecimiento progresivo de la población en el mundo occidental y los movimientos migratorios van a ser determinantes en la posición de los países en el contexto global y van a seguir tensionando el gasto público. La persistencia de las desigualdades socioeconómicas (el índice GINI que mide la desigualdad entre los habitantes de una población en España era de 32 en 2022, de acuerdo con el Banco Mundial; la misma cifra que en 1990) seguirá influyendo en la fragmentación política de las democracias. Por último, el rápido avance de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial, va a tener grandes impactos en la vida diaria y en el mercado laboral.

En este marco, cambiante y de incertidumbre, es urgente la transformación de las Administraciones públicas españolas, en todos sus niveles (local, autonómico, estatal) para adaptarse y responder adecuadamente a todas estas necesidades; en un contexto de recuperación de las reglas fiscales de la UE y de aprovechamiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya modificación fue aprobada el pasado mes de octubre de 2023.

Por tanto, es crítico dirigir las administraciones públicas españolas hacia el necesario cambio para responder a este contexto. Ello pasa por mejorar los procesos de toma de decisiones, con más y mejores datos; simplificar las normas, estructuras y procedimientos; dotar de mayor transparencia a todos los procesos y evaluar el impacto de las políticas; y emplear la contratación pública como motor de crecimiento económico, tal como establece la normativa europea en este ámbito.

Así lo recogemos en el reciente informe de EY Insights 'Transformando la Administración pública', en el que se analizan las barreras que dificultan el cambio y se señalan diez pilares sobre los que actuar para que la Administración pueda responder, desde la eficiencia y la equidad, a tantas necesidades. Nos centramos aquí en las propuestas para el cambio, y añadimos algunos elementos adicionales para promover la transformación.

Por una parte, la digitalización es, probablemente, el pilar más relevante. Las Administraciones deben convertirse en organizaciones guiadas por datos, donde la definición y evaluación de las políticas públicas se realice sustentada en la gran cantidad de datos que gestionan de ciudadanos, empresas, el territorio o los servicios públicos. La simplificación e hiperautomatización de procesos, la tecnificación y la interoperabilidad han de priorizarse para promover un marco de gestión más flexible y adaptado a la realidad actual. Todo ello en un marco de transparencia facilitado por mejores servicios y un lenguaje más accesible para los ciudadanos.

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Otro elemento fundamental es la gestión del talento público y la organización administrativa y su gobernanza. Aspectos como la planificación estratégica de plantillas a medio plazo; la autonomía de gestión de los centros gestores públicos; la motivación y sentido de pertenencia de los trabajadores públicos, así como su adecuada formación; son vitales para poder acometer un cambio duradero. A este ámbito es conveniente añadir la necesaria discusión sobre la compensación de los cargos públicos que ejercen responsabilidades sobre políticas públicas que influyen de manera determinante en la vida de ciudadanos y empresas. No podemos confiar únicamente en la vocación política y de servicio público de los dirigentes en las administraciones públicas. Creemos que es importante dar un valiente paso adelante e incorporar a la sociedad un debate objetivo y ausente de demagogia sobre la compensación económica de estos cargos; que debería acercarse mucho más a la de sus homólogos en el sector privado, habida cuenta de las responsabilidades ejercidas como directivos de las mayores organizaciones del país.

En tercer lugar, la contratación pública, que supuso un 11,5% del PIB en 2021 (de acuerdo con datos de la OCDE) ha de superar la inercia a la que está sometida y constituirse en una verdadera palanca de transformación del tejido económico, introduciendo elementos sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de la competencia; con un mayor protagonismo de la relación calidad-precio de los servicios y bienes adquiridos por las Administraciones.

Por último, pero no por ello menos importante, creemos que es necesario abordar estos cambios desde el consenso. Aunque el momento político que vivimos actualmente (y que probablemente continúe en el futuro) se caracteriza por la fragmentación de la representación parlamentaria, hemos constatado en el pasado que las grandes reformas y avances, no solo en nuestro país, se han acometido desde el consenso y el pacto; de forma que se puedan superar los ciclos políticos y situar la mirada en el largo plazo. Es un reto ahora más difícil que nunca, pero de imprescindible abordaje para garantizar el cambio.

* Chus Escobar es socia responsable de Sector Público en EY y Luis María Bautista es socio de Consultad para el Sector Público.