¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso

Lecturas políticas aparte, el caso de la pareja de la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto a la Fiscalía en la diana.

Determinar la responsabilidad penal del Sr. González Amador tiene un cauce legal claro y sencillo. Ya ha sido citado por la Jueza y, si hay delito fiscal o de falsedad, lo decidirá un Tribunal imparcial, cuando llegue el momento. Previamente a judicializarse los hechos, la defensa del Sr. Amador había remitido a Fiscalía una propuesta de acuerdo, en el marco del denominado protocolo de conformidades, que incluía el reconocimiento de su cliente de dos delitos fiscales relacionados con las declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.

Un proceso y/o una negociación penal, como cualquier otra. Lógicamente, la singularidad del investigado daba a este hecho un potencial político excepcional, en un momento de máxima crispación, y con los adversarios de la Presidenta asediados por las revelaciones del caso Koldo. Dinamita de la buena, para los amantes del juego sucio parlamentario.

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Pero, naturalmente, se trataba de información confidencial, que afectaba de manera directa y esencial al derecho de defensa del interesado, y teóricamente blindada frente a manejos e indiscreciones de terceros, al estar en manos nada menos que de la Fiscalía, garante por excelencia de la ley, y cuyo deber de sigilo se halla fuertemente anclado en su Estatuto Orgánico.

Los Fiscales, como los jueces, se enfrentan cada día asuntos de alta tensión y cuya revelación haría las delicias de los paparazzi de la política. Sin embargo, en democracia, las reglas del juego lo son todo y el derecho de defensa es la prima dona de nuestra Justicia Penal.

Pero, en este caso, el alto morbo de la información ha nublado el sentido de sus guardianes. El proceso de gestación de las conformidades acusación-defensa se halla regulado por un Protocolo de 2009, y crea un espacio reservado donde acusación y defensa puedan ofertar y contra-ofertar con libertad, en aras de alcanzar un acuerdo que ponga fin al proceso.

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El asunto explotó el 12 de marzo, cuando la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió, ante los periodistas, en los pasillos del Congreso, que la Presidenta de Madrid explicase si estaba viviendo en un piso de su pareja, comprado con dinero defraudado al Erario Público. Una especie de confusa primicia, que daba a los suyos la señal de salida, para lo que se avecinaba.

Ese mismo día, medios de comunicación próximos al Gobierno, informaban ya que la Fiscalía había iniciado una denuncia penal contra González Amador.

El equipo de la Presidenta y la propia Isabel Díaz Ayuso salieron, atolondradamente, al encuentro de la noticia, afirmando que las actuaciones contra su pareja formaban parte de una campaña de asedio del Gobierno, para desgastarla, hasta el punto de que la Fiscalía, previamente a su denuncia, había propuesto a González Amador, sin ninguna razón, reconocer los delitos y firmar un acuerdo de conformidad.

"Al margen de sus probables consecuencias penales, el destrozo causado a la credibilidad de la Fiscalía es monumental".

Pero no era así. Realmente había sido el abogado del Sr. Amador quien se había dirigido a la Fiscalía, admitiendo los delitos de su cliente. La filtración era exacta y, tan obscena, que poco después, el Diario el País exhibía, como prueba irrefutable, una imagen del correo electrónico del abogado de González Amador dirigido a la Fiscalía.

Al margen de la torpeza de la Presidenta de Madrid, es incuestionable que los fiscales, —algunos fiscales—, de quienes siempre esperamos rectitud, neutralidad y aplicación rigurosa de la ley, han cambiado de bando, en este caso. La entrega furtiva a la prensa, desde la Fiscalía, del correo confidencial de un abogado, produce escalofríos.

Al margen de sus probables consecuencias penales, el destrozo causado a la credibilidad de la Fiscalía es monumental. ¿Qué abogado se dirigirá a un fiscal después de esto, con propuestas que impliquen ofertas o reconocimientos por parte de su cliente, sabiendo que, a la mañana siguiente, puede encontrárselas en la prensa?

Sin embargo, lo peor estaba por venir. El mismo día 14, el Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, más preocupado por refutar la versión de la Presidenta madrileña, que por depurar internamente la enormidad de lo sucedido, ordenó, ante la estupefacción general, publicar una nota informativa, que recogía el histórico de la negociación entre las partes, con todos los detalles, fechas, etc., y por supuesto, con el reconocimiento de los delitos realizado por el abogado del investigado.

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Según las informaciones publicadas, la Fiscal Jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, se negó a firmar el impresentable escrito —bien por ella— pero este, no obstante, fue enviado finalmente a los medios. Independientemente de la obvia intencionalidad política de lo sucedido, la burla del derecho de defensa a que se ha dejado arrastrar la Fiscalía, es de antología.

El Colegio de la Abogacía de Madrid se dispone a instar la depuración tanto administrativa como penal de los hechos, porque no está en juego el derecho de defensa de González Amador, está en juego el derecho de defensa de todos. Esperemos que la investigación judicial llegue hasta el fondo y sobre todo, que sea la propia Fiscalía la primera en hacer autocrítica y colaborar con la verdad. Nuestra Fiscalía está formada, muy mayoritariamente, por juristas serios, competentes y honestos, pero en todo colectivo, hay manchas negras, también en este.

En realidad, todo el mundo sabe que la mancha principal la lleva la Fiscalía en su cabeza.

* Fdo. Diego Cabezuela, socio fundador de Círculo Legal