El nuevo plan LGTBI: bienvenidos a las crisis de los 50

En los últimos años, las empresas españolas han añadido a sus obligaciones laborales un número ingente de deberes y tareas: el registro de jornada, el registro retributivo, el protocolo de acoso sexual, el protocolo de desconexión digital. Para las de más de 50 trabajadores, al listado hay que añadir: el canal de denuncias, el plan de igualdad, la auditoría retributiva. A esta ristra de artilugios normativos, se une ahora el flamante Plan LGTBI, destinado a promover la igualdad de dicho colectivo, con el que estas deben ya contar desde el pasado 2 de marzo.

No sabemos aún si estas medidas servirán para algo más que para ser proclamadas o denostadas en mítines electorales, pero ya podemos constatar que esta, progresiva e implacable hiperregulación del mercado de trabajo, supone un lastre severo para las pymes, que ven como sus obligaciones burocráticas han aumentado exponencialmente en los últimos años.

Los manuales del empleado empiezan a parecer un tomo enciclopédico y las políticas internas, apenas testimoniales y exóticas hace unos años, se han convertido en protagonistas de las relaciones laborales en nuestro país. Todo esto sin hablar del sinfín de nuevas obligaciones a las que deben hacer frente las empresas en otros ámbitos normativos, en los que este fenómeno se ha dado también en mayor o menor medida.

A esta especie de gymkana normativa, hay que unirle la proliferación de derechos para los trabajadores, tales como lo que acertadamente ha venido a denominarse jornada a la carta, y el permiso de 4 días por fuerza mayor; y una jurisdicción social siempre atenta y dispuesta para consolidar y ampliar los derechos de las personas trabajadoras, allí donde la hiperactividad del legislador no alcanza.

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La pretendida mejora de los derechos sociales y laborales genera de forma colateral una ventaja competitiva a la gran empresa, que gracias a su volumen y a las economías de escala puede absorber cómodamente el coste de las nuevas obligaciones y derechos sociales, mientras que las pymes se encuentran con dificultades mayúsculas para cumplir con la pléyade de obligaciones aparecidas en el último lustro.

Mayor es aún el reto para las pequeñas empresas, que tienen que soportar medidas que resultan a todas luces absurdas a tenor de su tamaño, pero cuyo campo de aplicación el legislador no se ha molestado en limitar. A modo de ejemplo, una empresa con un único trabajador deberá contar con el registro retributivo, la política de desconexión digital, el protocolo de acoso sexual y un servicio de prevención de riesgos ajeno. Sin comentarios.

Así pues, la tormenta normativa arrecia y las pymes zozobran y achican agua como pueden, mientras que la gran empresa, cual transatlántico, atraviesa impertérrita la tormenta sin apenas sentir el oleaje. Y hay barcos que empiezan a hundirse bajo el peso de la burocracia, que supone costes elevados y a la que hay que dedicarle unos recursos que pueden resultar ingentes para empresas con poca estructura.

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La carga burocrático-normativa que sufren las empresas de más de 50 trabajadores está llegando a ser tan severa, que muchas autolimitan su crecimiento para evitar cruzar el umbral de los 50 trabajadores o buscan estructuras societarias y productivas que les ayuden a no llegar al número maldito. Por su parte, las microempresas simplemente ignoran las nuevas obligaciones, al más puro estilo sur-europeo, o se descargan un modelo de internet al que ponen una firma.

El Plan LGTBI es la más reciente muestra de la hipernormativización de la vida empresarial, y también de su incipiente ideologización, pero seguramente no será la última. En el horizonte asoman los consejos de administración paritarios, y nuestra imaginación más desbocada no nos permite aún anticipar otras medidas, cuya finalidad es que las empresas cumplan con ideales que responden a la ideología dominante del momento.

"El Plan LGTBI es la más reciente muestra de la hipernormativización de la vida empresarial, y también de su incipiente ideologización, pero seguramente no será la última"

Así pues, llega la obligatoriedad del Plan LGTBI y para más inri, lo hace pendiente de desarrollo reglamentario, sin que las empresas sepan cómo realizar el diagnóstico, ni como negociar el plan o cuál debe ser su contenido.

Vista la inefabilidad de este despropósito, cuando nos enfrentemos a la incredulidad de nuestros interlocutores al descubrir lo que supone superar el fatídico umbral de trabajadores, limitémonos a afirmar lacónicamente con tono fatalista: bienvenido a la crisis de los 50.

* Talmac Bel, socio del área de Laboral en Fieldfisher