Europa intensifica el deber de cuidado de las empresas

¿Alguna vez se han preguntado por qué las camisetas son ahora tan baratas? O ¿de dónde salen las materias primas para los teléfonos u otros componentes electrónicos? Efectivamente, detrás de nuestros bienes hay impactos ocultos. El 24 de abril, el Parlamento Europeo aprobó una ley que obliga a las grandes empresas a hacer algo al respecto: la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad (la CS3D), que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado viernes 5 de julio y entrará en vigor el 25 de julio del 2024.

Hasta el último momento, los opositores, entre ellos lobistas y políticos, intentaron bloquear o debilitar la Directiva y, en cierto modo, tuvieron éxito, ya que se redujo considerablemente el número de empresas sujetas a estas normas. Ahora, la CS3D solo se aplica a empresas con más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros, y las instituciones financieras están exentas de la ley. Para las empresas de la UE, los umbrales se calculan sobre el volumen de negocios global, mientras que, para las no pertenecientes a la UE, se considera el volumen de negocios generado dentro de la Unión. Los requisitos de número de empleados aplican únicamente a las empresas de la UE. Además, se eliminaron normas específicas diseñadas para identificar empresas bajo estos umbrales, pero operando en sectores de alto riesgo como la agricultura, la construcción y la minería.

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Pero no debemos enfocarnos solo en los aspectos negativos. Somos el primer continente en decir que nuestras empresas (y las empresas que quieren hacer negocio en nuestro continente) deben cumplir con el deber de cuidado. Es realmente un hito.

Si hubiera que resumir el contenido de la ley en pocas palabras, la llamaría la "ley contra la indiferencia". Esta ley requiere que las empresas incorporen la diligencia debida en sus operaciones diarias para identificar, evaluar y corregir tanto impactos adversos potenciales como reales. Además, obliga a las empresas a remediar los impactos adversos reales, involucrar de manera significativa a los afectados, y establecer y mantener un sistema efectivo de notificación y manejo de quejas.

Quien gestiona una empresa grande, naturalmente ejerce influencia sobre otras empresas que contribuyen a la fabricación de sus productos. Reconociendo esto, las obligaciones de diligencia debida y reporte de CS3D se expanden más allá de las operaciones propias de una empresa a las de sus subsidiarias y socios comerciales. Esto implica que las empresas que mantienen relaciones con entidades sujetas a CS3D deben apoyar cada vez más los esfuerzos de cumplimiento, identificando, monitoreando y abordando sus propios impactos adversos en el medio ambiente y los derechos humanos. Este cambio inevitable afectará los contratos comerciales, que probablemente necesitarán ser revisados y renegociados para cumplir con CS3D.

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Las consecuencias por incumplimiento pueden ser multas de hasta el 5% de los ingresos globales, exposición pública y posibles demandas por daños de personas afectadas.

¿Cuáles son los siguientes pasos? Los Estados miembros de la Unión Europea tendrán dos años para incorporar la Directiva en su legislación nacional. Los países individuales pueden optar por establecer leyes nacionales más estrictas, como ocurrió en España con la Ley 11/2018, que implementó la Directiva de Información sobre Responsabilidad Social Corporativa (NFRD) de manera especialmente ambiciosa. Sin embargo, para mantener la coherencia y certidumbre, es deseable evitar que las empresas deban cumplir con 27 leyes diferentes en 27 países distintos.

Las grandes empresas tendrán entre tres y cinco años para cumplir con los requisitos de la CS3D según su tamaño: aquellas con más de 1.500 millones de euros y 5.000 empleados deben cumplir desde 2027; las de más de 900 millones de euros y 3.000 empleados tendrán 12 meses adicionales. CS3D se aplicará a todas las empresas restantes cinco años después de su entrada en vigor.

"El mensaje es claro: las grandes empresas con problemas en sus cadenas de suministro deben actuar"

A partir de entonces, los Estados miembros deberán hacer cumplir la ley. Se establecerá una entidad para supervisar el cumplimiento por parte de las empresas y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Además, los gobiernos nacionales deben asegurar que las víctimas, ONG y otros interesados puedan demandar a las empresas que no cumplen con sus obligaciones.

El mensaje es claro: las grandes empresas con problemas en sus cadenas de suministro deben actuar. Para aquellas dentro del ámbito de la CS3D, es prudente comenzar cuanto antes a revisar sus procesos y políticas de diligencia debida para cumplir con los requisitos establecidos. Además, las empresas deben estar atentas a la introducción de legislación nacional, considerando la posibilidad de que los Estados miembros agreguen requisitos adicionales al transponer CS3D a nivel nacional.

* Leonie Timmers, asociada senior, ESG, Herbert Smith Freehills.