Apple en el punto de mira de la Comisión Europea por su gestión de la App Store

La Unión Europea está avanzando decididamente hacia la regulación del mercado digital mediante la implementación de la Ley de Mercados Digitales (DMA). Este ambicioso marco regulatorio pretende abordar las prácticas anticompetitivas, fomentar la innovación y salvaguardar los derechos de los consumidores en el ámbito digital.

Una de las principales inquietudes que la DMA busca solucionar es la posición dominante de ciertas plataformas digitales y, es por ello, que la Comisión Europea se ha dirigido contra Apple el pasado 25 de junio de 2024 alegando que la empresa había llevado a cabo prácticas monopolísticas y abuso de su ventaja competitiva en su App Store.

La Comisión Europea, liderada en este ámbito por la comisaria de Competencia Margrethe Vestager y el comisario Thierry Breton, ha señalado que Apple restringe el desarrollo de tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store. Esto, según la Comisión, limita el mercado y reduce la capacidad de los desarrolladores para ofrecer sus aplicaciones a través de canales distintos al controlado por la entidad.

El nuevo expediente establece que tales prácticas van en contra de la Ley de Mercados Digitales, normativa que pretende equilibrar las relaciones entre las grandes plataformas digitales y el resto de los actores del mercado. Esta ley introduce requisitos estrictos para las plataformas calificadas como "guardianes", categoría en la cual se incluye a Apple debido a su control significativo sobre el mercado de aplicaciones móviles.

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La acusación principal gira en torno a la obligación impuesta por Apple a los desarrolladores de utilizar su propia tienda de aplicaciones y sistema de pago integrado. Según la Comisión, estas restricciones impiden que otras tiendas de aplicaciones puedan competir en igualdad de condiciones, lo que perjudica tanto a los desarrolladores como a los consumidores, que se ven privados de posibles alternativas y ofertas mejores.

En particular, la entidad cuenta con tres conjuntos de condiciones comerciales que afectan a los desarrolladores. Primeramente, los mismos no pueden ofrecer información de precios dentro de las aplicaciones ni utilizar otros medios de comunicación para promover ofertas disponibles en canales de distribución alternativos. Seguidamente, Apple no permite que los desarrolladores se comuniquen de manera eficaz con sus clientes y promuevan ofertas de manera directa y libre al establecer límites en la comunicación que únicamente es posible mediante enlaces. Por último, la empresa cobra una tasa por cada compra digital realizada.

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En referencia a lo anteriormente expuesto, la Comisión procede a investigar si dichas condiciones vulneran los artículos 4 y 6 de la DMA, concretamente, los requisitos de necesidad y proporcionalidad. El organismo sostiene que ninguna de las condiciones faculta a los desarrolladores a orientar libremente a sus clientes y que la cantidad establecida como comisión va más allá de lo estrictamente necesario.

En este contexto, la Comisión Europea destaca como uno de los puntos de enfoque de su investigación la Core Technology Fee (CTF), una tarifa de 0,5 euros aplicada por cada descarga que supere el millón dentro de un año. También resultan relevantes las condiciones relacionadas con el establecimiento de tiendas de terceros y los requisitos de elegibilidad para que los desarrolladores puedan ofrecer sus propias plataformas de distribución o distribuir aplicaciones directamente desde la web.

Todo ello supone un desequilibrio entre las relaciones de las grandes plataformas digitales y el resto de los actores del mercado. “Nuestra posición preliminar es que Apple no permite totalmente el steering (“gobierno”; “supervisión”; “dirección”). El direccionamiento es clave para garantizar que los desarrolladores de aplicaciones dependan menos de las tiendas de aplicaciones y de los gatekeepers (“intermediarios”), así como para que los consumidores conozcan las mejores ofertas” manifestó Margrethe Vestager.

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En este sentido, también se ha pronunciado Thierry Breton que sostiene que “sin perjuicio del derecho de defensa de Apple, estamos decididos a utilizar las herramientas claras y eficaces de la DMA para abrir por fin oportunidades reales a los innovadores y a los consumidores”.

De confirmarse las acusaciones preliminares, Apple podría enfrentarse a sanciones económicas significativas. Las multas pueden llegar hasta el 10% del volumen de negocios global de la compañía, y podrían ascender al 20% si la entidad no cumple con las exigencias marcadas por la Comisión. En el caso de que incurrieran en infracciones sistemáticas, la Comisión podría adoptar medidas adicionales, entre las que se encuentran la obligación de vender parte del negocio o la prohibición de adquirir servicios adicionales relacionados con el incumplimiento.

"Para una empresa de la magnitud de Apple, esto representaría cifras considerables, reflejando la gravedad con la que la CE toma en consideración estas infracciones"

Para una empresa de la magnitud de Apple, esto representaría cifras considerables, reflejando la gravedad con la que la Comisión Europea toma en consideración estas infracciones. El órgano ha otorgado a Apple un plazo para responder a estas acusaciones, con una fecha clave marcada: el 25 de marzo de 2025, cuando se tomará una decisión definitiva. Durante este tiempo, Apple tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y defender su posición.

* Carolina Trillo Salazar, abogada senior Ius + Aequitas Trial Lawyers.