Llamada a la reflexión tras las reformas judiciales para la eficiencia digital

Tras las XXXII Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España, celebradas el pasado mes de abril en Jerez de la Frontera, se ha generado un amplio debate sobre las recientes reformas legislativas promovidas por el Real Decreto Ley 6/2023. Dichas reformas, que impactan directamente en las leyes procesales y la introducción de la eficiencia digital en el sistema judicial español, generan gran preocupación debido a su premura y las claras deficiencias técnicas que presentan. Aparte de confundir términos jurídicos y contener ciertas contradicciones, existe la posibilidad de que se vea afectada la previsibilidad, un aspecto fundamental en el ámbito del derecho mercantil y las reestructuraciones empresariales.

La digitalización del sistema judicial, aunque necesaria, ha sido regulada sin considerar plenamente la realidad tecnológica de los juzgados españoles. Por ello, este enfoque podría resultar en una "justicia de múltiples velocidades", donde el acceso efectivo a la justicia variaría significativamente según la región, profundizando en las desigualdades ya existentes en este aspecto y comprometiendo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Al dar preferencia a las actuaciones telemáticas sobre las presenciales, resultará, por tanto, necesario, contar con una infraestructura robusta y uniformemente distribuida para evitar que ciertas regiones puedan quedar desatendidas.

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A su vez, la introducción de la inteligencia artificial en los procesos judiciales plantea una serie de inquietudes y necesidades de regulación específica, dado que la generación de borradores de resoluciones judiciales mediante sistemas asistidos por inteligencia artificial requiere que se respeten rigurosas garantías para proteger los derechos fundamentales de cada individuo, asegurando su transparencia y un control adecuado. Sin contar con una regulación que integre completamente la normativa comunitaria para tratar estos sistemas de alto riesgo, podrían surgir desafíos éticos y operativos para la justicia.

A medida que España avanza hacia la digitalización de su sistema judicial, es crucial considerar también las implicaciones de las reformas para la carga de trabajo y la distribución de los recursos. El debate sobre la adecuación de la planta judicial a las necesidades reales de los juzgados, destacado en la memoria de conclusiones de las Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos, señala un problema crónico de base que afecta a la eficiencia del sistema. La falta de correspondencia entre el número de jueces y los recursos disponibles frente a la carga de trabajo existente genera demoras significativas en la resolución de casos, impactando en la efectividad de la justicia.

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Esta discrepancia en la distribución de recursos se manifiesta especialmente en las áreas de ejecución de sentencias y en la respuesta a las nuevas demandas que surgen en un contexto económico en constante cambio. En este sentido, la necesidad de una actualización de la Ley de Planta y Demarcación Judicial es urgente, debiendo basarse en criterios objetivos que reflejen de forma transparente las necesidades reales de los juzgados y no en los criterios de oportunidad política o compensación territorial que, parece, prevalecen actualmente.

Además, la falta de una planificación y dotación presupuestaria adecuada para acompañar estas reformas también ha sido un punto crítico. Así, la ausencia de presupuestos generales del Estado y de una memoria económica clara, puede llevar a una implementación incompleta o ineficaz de dichas modificaciones, con consecuencias adversas para la administración de la justicia. Las medidas de eficiencia digital y telemáticas, aunque propuestas para mejorar la operatividad del sistema judicial, es obvio, requieren de una inversión en recursos técnicos y en la reforma y ampliación de las infraestructuras judiciales existentes y, sin estas inversiones, los esfuerzos por mejorar la eficiencia procesal pueden tener un impacto nulo o muy limitado, generando expectativas que eventualmente se verán frustradas.

"Es fundamental que haya lugar para un diálogo más amplio y reposado, oyendo a todas las voces relevantes en el proceso de la reforma legislativa"

En definitiva, es fundamental que haya lugar para un diálogo más amplio y reposado, oyendo a todas las voces relevantes en el proceso de la reforma legislativa, para garantizar que las futuras modificaciones sean tanto prácticas como justas y que contribuyan efectivamente a un sistema de justicia más eficiente y accesible para todos.

* Javier Díaz-Gálvez, socio de Abencys.