El rompecabezas fiscal de 2024 y su horizonte para 2025

En 2024, el panorama fiscal en España ha estado protagonizado por los constantes cambios y actualizaciones normativas. Tanto es así, que estar al día supone un verdadero reto, tanto para las empresas como para los contribuyentes en general. Realmente, no ha sido un año fácil ni para unos ni para otros. Por un lado, continúa la lucha por recuperarse de los efectos derivados de la pandemia, la inflación y las tensiones globales y, por otro, ambos han tenido que adaptarse a un sistema fiscal cada vez más exigente, más duro, que dificulta la sostenibilidad económica y la competitividad empresarial.

A continuación, repasamos algunas de las asignaturas fiscales pendientes en 2024 y lo que pueden esperar las empresas para el ejercicio 2025, año en el que se anticipa un encarecimiento de la factura fiscal.

La digitalización fiscal, una asignatura pendiente

Sin duda, uno de los grandes retos en España es la implementación efectiva de sistemas fiscales digitales. En 2024, aunque se han realizado avances importantes con iniciativas como el SII (Suministro Inmediato de Información) y la facturación electrónica (Ley 25/2013), muchas pymes aún afrontan barreras tecnológicas y de formación que dificultan su adaptación.

En 2025, las firmas de software deberán tener los sistemas informáticos de facturación adaptados. Además, se espera la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de la facturación electrónica entre empresas a partir de un determinado volumen de ingresos, una medida que busca mejorar la transparencia y reducir el fraude fiscal. A pesar de ser una obligación que se viene avisando de lejos, para muchas empresas y autónomos, su aplicación en los próximos meses, previsiblemente a partir de 2026, implica la necesidad urgente de invertir en tecnología y formación. Sin duda, representa una oportunidad para optimizar procesos y mejorar la gestión financiera, ahora bien, autónomos y pymes van a tener que reaccionar con esfuerzo para beneficiarse de las ventajas que ofrece.

La fiscalidad verde y el incremento de costes

La fiscalidad ambiental es otro tema relevante en España. Aunque el gobierno ha introducido medidas como el impuesto al plástico no reciclable, estas acciones suelen considerarse insuficientes dentro de una estrategia global para la sostenibilidad. Europa está dedicando tiempo e imaginación para regular la fiscalidad medioambiental, sin embargo, algunos Estados están regulando de forma no armonizada, a nivel local.

La principal asignatura pendiente es la falta de consenso entre los Estados miembros de la UE. El principal efecto de ello es un encarecimiento de costes y una pérdida de competitividad por la ruptura de unidad del mercado.

Si ya es difícil encajar que Europa esté legislando en su propio perjuicio, penalizando su propia industria y, en definitiva, situándola en desventaja competitiva frente a la industria extraeuropea, se complica aún más cuando es España la que a su vez endurece regulaciones y penaliza a su industria local.

Alineándose con las políticas europeas, en 2025 podría implementarse un impuesto al carbono más ambicioso. Sin embargo, sectores clave como la industria y el transporte podrían enfrentarse a un aumento importante de costes, lo que refuerza la importancia de establecer incentivos fiscales para facilitar la –al parecer, inevitable– transición hacia energías limpias y procesos sostenibles, en ocasiones cargadas de un fuerte componente ideológico, más que de estrategia industrial.

Reformas tributarias estructurales, una promesa por cumplir

La promesa de una reforma fiscal estructural también sigue siendo una tarea pendiente en España. En 2024, se ha optado por improvisar medidas fiscales a corto plazo, como aumentos en ciertos impuestos, deducciones selectivas o aprobación de nuevos tributos, en lugar de abordar problemas sistémicos como la elevada carga fiscal sobre el trabajo, la elevada carga fiscal de autónomos y pymes –motores de la economía– y la creación de empleo.

Se trata de adoptar medidas que, fundamentalmente, implican un aumento de la fiscalidad directa, poco incentivadoras y, precisamente, contrarias a lo que recomiendan los expertos.

No se trata simplemente de engordar las arcas de Hacienda, realmente, se trata de un reto legislativo. La creciente complejidad normativa, de deficiente calidad técnica en muchas ocasiones, ha creado un auténtico rompecabezas en España. En 2024, el aumento de regulaciones a todos los niveles de la Administración ha obligado a las empresas a destinar más recursos al cumplimiento normativo, y ha impedido centrar la atención en lo importante, la actividad económica principal.

Para 2025, podría haber avances relacionados con el acuerdo global sobre el impuesto mínimo corporativo promovido por la OCDE, que afectará especialmente a las multinacionales que operan en España. Sin embargo, está por ver si se adoptarán medidas dirigidas a las empresas locales, que simplifiquen, aclaren y generen estabilidad fiscal para fomentar la inversión y el crecimiento.

En 2025, también se anticipa una mayor armonización con las normativas europeas, especialmente en temas de fiscalidad digital y sostenibilidad. Veremos si esto supone una disminución de regulaciones locales. Por otro lado, el marco sancionador obligará a contar con recursos internos o externos sólidos, que permitan mantenerse dentro de las líneas del laberinto normativo.

Un reto que superar será evitar la actual falta de seguridad jurídica. Se está buscando la recaudación por encima de todo, a corto plazo, en lugar de buscar medidas a largo plazo que impulsen la economía real. Medidas que, aunque supongan una momentánea disminución de la recaudación fiscal, generen estabilidad y seguridad que permita la inversión y el crecimiento, que a la larga suponen un incremento sostenible en la recaudación.

Ante este panorama de inseguridad jurídica, cambios interpretativos y afán recaudatorio de la Administración, no va a quedar más remedio que hacer un esfuerzo activo para adaptarse a todos los niveles, empresariales y profesionales. Esto supone invertir en tecnología para automatizar procedimientos fiscales, mejorando la eficiencia formal y disminuyendo el riesgo de errores y sanciones; mantener a los equipos internos en formación constante, atentos a los cambios normativos y mejores prácticas; así como contar con asesores fiscales y legales que entiendan el marco normativo local y europeo.

* Fernando Lafita, socio de Argali, Abogados.