Pyme familiar, crecimiento y el infierno tributario

Es necesario que cale de una vez en nuestra sociedad el mensaje de que nuestras pymes necesitan crecer para ser más rentables, competitivas y gracias a ello aporten mayor valor a la sociedad española.

El pasado enero de 2025 se publicó el informe Situación de las pymes en España comparada con la de otros países europeos elaborado por la confederación española de la pequeña y mediana empresa (CEPYME). En el informe pueden encontrarse conclusiones muy relevantes destacando que las pymes conforman el 99,8% del tejido empresarial español y que la empresa española es, de media, más pequeña que la europea.

El reducido tamaño influye en que la productividad de la pyme española sea más baja y que sean menos rentables que las comparables europeas. La menor rentabilidad repercute en una menor acumulación de capital y reduce la capacidad de crecimiento. El menor tamaño condiciona las posibilidades de acceso al crédito y el coste de las mismas, lo que limita sus recursos para innovar, mejorar y captar y retener talento.

Facilitar el crecimiento de las pymes españolas generaría una mejora de su competitividad y, en consecuencia, de la economía española en su conjunto.

Entre las causas, se identifican la excesiva burocracia y el aumento de la carga normativa que obstaculiza el crecimiento, con especial atención al ámbito tributario y de cotización social. España tiene uno de los sistemas fiscales más complejos y menos favorables para la actividad económica y su crecimiento, con uno de los tipos más altos en el Impuesto sobre Sociedades y una de las cotizaciones más elevadas y con menor peso a cargo del trabajador que en el resto de los países europeos.

Muchas de las pymes españolas son lideradas por empresarios, personas con sus virtudes y defectos, quienes forman una empresa familiar entendida como una organización en la que la propiedad y el control están en manos de una o varias familias, entre cuyas características se encuentra la transmisión generacional (propósito), lo que implica un enfoque en la sostenibilidad del proyecto empresarial a largo plazo.

En un entorno económico de persistente déficit público elevado, con previsión de aumento del nivel de gasto público, necesario o político, eficiente o ineficiente, la tentación de muchos políticos de aumentar los costes tributarios es enorme, teniendo solo una mirada cortoplacista con los prismas electorales, últimamente populistas.

Por esta ansiedad recaudatoria bruta se aprueban tributaciones mínimas, disfrazadas de justicia social. La tributación de sociedades basada en meros resultados contables o limitando el uso de pérdidas fiscales, implica el alejamiento de la aportación según la capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, debería tener alcance confiscatorio.

Y, en el siguiente nivel, el socio empresario familiar se encuentra potencialmente otro infierno tributario regionalizado en su tributación personal que le impide apoyar el crecimiento. Las dificultades tributarias surgen de las complicaciones técnicas para poder acceder a las exenciones por empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio, Grandes Fortunas e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, aun accediendo, la exclusión de algunos activos de la empresa, sin olvidar la litigiosidad existente y la débil seguridad jurídica aplicable a las normas de exención.

Para tomar una idea de la tributación estatal y autonómica y su distribución, es destacable el Estudio del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral presentado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en marzo de 2025.

De toda esta información se pueden extraer diversas conclusiones, pero hay una que enlaza el informe de CEPYME con el del REAF y es si nos merece la pena ir a contracorriente en la tributación sobre la riqueza en el seno de la Unión Europea.

Este entorno tributario deja al empresario familiar, más veces de las deseables, con la única opción de transmitir para monetizar y pagar los impuestos, ahorrándose problemas inherentes del proyecto de empresa familiar que lidian la primera y, ocasionalmente, la segunda generación empresarial. Se cambian empresarios por rentistas, con el daño a la sostenibilidad y a la creación de riqueza que generan.

Y se transmite a compradores de mayor tamaño, con un continuo goteo a extranjeros, muchos de ellos financieros, sin que tengan entre sus principales objetivos la sostenibilidad de empresa y sus partes interesadas, como los trabajadores o la región, sino que, a menudo, principalmente se guían por objetivos a corto plazo, como los políticos, aunque financieros.

La tendencia impositiva forzada se comprueba en la introducción del Impuesto sobre las Grandes Fortunas para obligar la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio. El siguiente tributo autonómico en debate es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En nuestra opinión, como país, sería más positivo centralizar para limitar la carga tributaria y ganar competitividad en la empresa familiar española aportando valor, estrategia de las regiones más benévolas.

*Alberto Bermejo, socio del área de fiscal de Vaciero.