La reputación, el riesgo oculto del caso Begoña para Telefónica, Indra y Google

Ser directivo de una gran corporación y que te llamen a declarar, aunque sea como testigo, no parece lo mejor para la imagen del propio ejecutivo interpelado ni para la reputación de la compañía a la que éste representa. Es lo que deben pensar Marc Murtra, flamante presidente de Telefónica, Rosauro Varo, vinculado a esta misma operadora y a otras mercantiles, Miguel Rodríguez Bueno y Miguel Estasis, ambos directivos de Google, o Luis Abril, consejero ejecutivo de Indra.

Todos ellos procesionarán durante el mes de mayo en el caso que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que instruye el Juzgado 41 de Madrid. Murtra y Abril, por su vinculación con Indra, que colaboró en la creación del polémico software utilizando en el máster que dirigía Gómez en la Universidad Complutense. Varo, por promover -según dijo el secretario general de la multinacional en España, Nicolás Oriol- la participación de Telefónica en la mencionada herramienta informática. Y los directivos de Google, por participar en la inversión del proyecto, según admitió la propia multinacional.

Todos son conscientes de que se enfrentan a un doble riesgo: jurídico y reputacional. En relación al primero, saben que tienen un precedente que haría temblar las rodillas del mismo Ulises. El ex consejero madrileño Juan José Güemes, hoy alto cargo del Instituto de Empresa (IE), entró como testigo al despacho del juez Juan Carlos Peinado y salió con el letrero público de imputado. El instructor detectó incongruencias en la declaración de Güemes, que fue la persona que contrató a Begoña Gómez para dirigir el África Center, centro vinculado al IE. Güemes fue posteriormente desimputado por la Audiencia Provincial, pero el filo sobre el que ha caminado no parece deseable para alto cargo corporativo alguno.

En el marco del riesgo reputacional, por su parte, seguro que no se les escapa que -además de esa virtual imputación- cada palabra que pronuncien ante el juez puede ser determinante para su futuro e incluso el de la compañía a la que representan, que no es inmune al riesgo de sufrir una crisis de alcance incalculable según cómo se desarrolle el presente procedimiento judicial por muy grande que sea el conglomerado. Por eso, la declaración ante el juez Peinado de cada uno de estos directivos no debe producirse en términos únicamente jurídicos y con vista en lo ya sucedido.

Sus asesores no pueden dejar cabos sueltos en el plano de la opinión pública, donde es crucial que sus palabras tengan un eco de credibilidad, coherencia y ajuste a la verdad, pues es en la opinión pública donde resonará cada vocablo pronunciado durante la testifical, ya que el foco de todos los medios estará puesto esos días en la puerta de los madrileños juzgados de plaza de Castilla.

La preparación que los abogados de estas compañías hagan para que sus clientes vayan sobre raíles en sala, por lo tanto, no puede obviar este otro filo de la navaja. Salvar los muebles intramuros y meter la pata en la opinión pública puede llegar a ser incluso más dañino que una imputación, pues en juego están, por ejemplo, las cotizaciones bursátiles, que tanto depende del termómetro social y de la reputación.

En este tipo de crisis jurídico popular no existe el empate. Al final del partido, estos directivos habrán perdido o habrán ganado prestigio, pero en ningún caso se van a quedar como están. La excesiva exposición pública que conlleva un episodio de este calibre convierte a la declaración judicial necesariamente en un riesgo o en una oportunidad. El ejecutivo crecerá o perjudicará su imagen.

Por eso los mensajes que exponga ante el juez y cómo los traslade serán clave para determinar su futuro al frente de la compañía así como el devenir de la propia multinacional. Un error se puede convertir en algo muy doloroso para ambos. Un acierto, por contra, es capaz de afianzar un liderazgo y alejarlo de posibles dudas iniciales, por ejemplo. Envidar a grandes y jugar las cartas con seguridad es fundamental para que haya consecuencias tanto dentro como fuera de la sala, porque no hay duda de que las palabras tendrán efecto en ambos mundos.

La labor de un asesor de comunicación en estos contextos no se puede limitar, por lo tanto, a organizar a los periodistas en la puerta de los juzgados, a pasar con ellos la mañana o a trasladarles lo que decidan los costosos abogados. Es muy importante que éste intervenga en la elaboración de esos mensajes, pues deben pensarse para tener eco en la sala y fuera de ella, y que se coordine con los letrados como los engranajes de un reloj. Preparación, preparación y preparación siempre serán poca preparación.

* Roberto Ruiz Ballesteros, socio director de Ballesteros Comunicación de Litigios (Litigation PR).