Techo de gasto y responsabilidad: equilibrio fiscal sin sacrificar el Estado del Bienestar

España cerró 2024 con un ratio de deuda pública del 101,8 % del PIB, según recientes datos del Banco de España. Esto representa una disminución de más de tres puntos respecto al año anterior, gracias al crecimiento económico, aunque el volumen absoluto de deuda pública ya supera los 1,6 billones de euros. Además, shocks externos en línea con situaciones recientes como la pandemia, el incremento del coste del petróleo por la guerra de Ucrania, pueden volver a ponernos en una situación crítica (recordemos que en 2020 la deuda pública llegó hasta el 120% del PIB)

Ahora bien, la reciente estabilización de la deuda pública es todavía frágil. España sigue destinando un volumen muy relevante de sus recursos al pago de intereses de la deuda. Para 2025, el gasto financiero alcanzará el 2,7 % del PIB y representará más del 6 % de los ingresos públicos reduciendo los recursos que se dedican a financiar escuelas, hospitales o infraestructuras. Se trata de una merma directa en la capacidad del Estado para sostener los servicios esenciales.

España ha demostrado en los últimos años que la combinación de crecimiento económico e ingresos fiscales robustos permite reducir el ratio de deuda sobre PIB. Sin embargo, esa mejora no se ha traducido aún en una menor presión sobre el presupuesto.

Esta realidad obliga a mirar más allá del dato puntual y preguntarnos: ¿estamos preparados para resistir futuras crisis? ¿Contamos con un marco institucional que garantice la sostenibilidad fiscal sin sacrificar el Estado del Bienestar?

Mi respuesta es que no, y que por ello es urgente dotar a nuestro ordenamiento de una regla fiscal de techo de gasto que combine estabilidad, flexibilidad y responsabilidad, con carácter anticíclico. Esto nos asegurará un Estado fuerte y preparado para el futuro, dejando fuera de la lucha política la estabilidad presupuestaria (cuidado, no la asignación concreta de recursos dentro de dicha estabilidad a las diferentes partidas).

Una regla de este tipo se debería basar en cinco pilares fundamentales:

1. Gasto vinculado a ingresos reales: el gasto público de cada ejercicio no podrá superar los ingresos fiscales no financieros efectivamente obtenidos en el ejercicio anterior. Esta limitación impediría el endeudamiento estructural durante las fases de expansión.
2. Flexibilidad anticíclica: en años de contracción del PIB real, permitir un gasto equivalente a los ingresos del ejercicio anterior conllevaría evidentemente un déficit, pero serviría para mantener los servicios sociales esenciales y apoyar la recuperación y las políticas de estabilización y crecimiento.
3. Destino del superávit: en años de crecimiento, cualquier superávit deberá aplicarse obligatoriamente a la amortización de deuda pública, evitando incrementos estructurales de gasto no sostenibles.
4. Blindaje de servicios esenciales: se garantizará un gasto mínimo obligatorio en sanidad, educación, seguridad, defensa y mantenimiento de infraestructuras públicas, equivalente al menos al 60 % del gasto primario.
5. Supervisión independiente: una autoridad fiscal con capacidad técnica y autonomía funcional supervisará el cumplimiento de la regla, con facultades para emitir dictámenes vinculantes y activar mecanismos correctivos o jurisdiccionales.

Esta propuesta no responde a una lógica de austeridad permanente, sino a la necesidad de ordenar nuestras finanzas públicas de manera que se asegure su sostenibilidad a largo plazo y se maximice el impacto social de cada euro gastado.

Mientras el coste de financiación siga representando más del 6 % de los ingresos del Estado, no será posible dedicar todos los recursos necesarios a mejorar la sanidad, reforzar el sistema educativo o modernizar nuestras infraestructuras. Esa es la paradoja: cuanto más tardemos en reducir la deuda, más difícil será sostener y mejorar los servicios públicos y más probable será que, ante una futura crisis, no dispongamos de margen presupuestario suficiente para proteger a los más vulnerables.

La regla que se propone en esta tribuna permite romper ese círculo vicioso. Durante los años de bonanza, evitaría aumentos descontrolados del gasto y forzaría una reducción del endeudamiento. En momentos de recesión, ofrecería el margen necesario para activar políticas públicas que sostengan el tejido económico y social, sin comprometer la credibilidad fiscal del país.

El debate sobre las reglas de estabilidad presupuestaria no debe ser político, sino técnico e incluso ético. Debemos determinar qué responsabilidad asumimos frente a las generaciones futuras: un efectivo pacto intergeneracional por el Estado del Bienestar.

En un momento de alta incertidumbre global, España necesita anclas institucionales sólidas. Esta propuesta no pretende sustituir el debate político, sino enmarcarlo en coordenadas que aseguren estabilidad, confianza y sostenibilidad. La responsabilidad fiscal no es incompatible con la protección social. De hecho, es su principal garantía.

España necesita una regla fiscal a la altura de sus desafíos. Que priorice el gasto social sin hipotecar el futuro. Que promueva la responsabilidad sin caer en la rigidez. Que convierta el sentido común presupuestario en un mandato constitucional. Porque gobernar no es improvisar con los ciclos, sino construir un modelo de país que se sostenga en el tiempo.

* Héctor Pérez Tapia, socio director del área Fiscal de Selier Abogados.