El impacto económico de las reformas de Justicia en España

El curso judicial 2025-2026 que ahora se inicia será decisivo para conocer o al menos aproximar cómo será la Justicia española de las próximas décadas. ¿Será una Justicia más «eficiente» como desea el legislador? ¿Será una Justicia eficaz? ¿Será una Justicia accesible? ¿Organizada racionalmente? Desgraciadamente no tenemos una contestación categórica o cierta para ninguno de estos interrogantes, pero lo que sí debe estar claro es que la Justicia española debe tomar conciencia de su importante peso en el funcionamiento de la economía.

De acuerdo con los datos suministrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el segundo trimestre de este año cerró con el importe de 5.191 millones de euros en saldos en cuentas judiciales, se recaudaron más de 53 millones de euros sólo en tasas y alrededor de 29 en multas. Datos importantísimos que, sin embargo, no toman en consideración que la afectación económica más importante no es cuantitativa: la confianza. Sin confianza en el sistema legal las relaciones comerciales se contraen y la economía general se debilita.

Por desgracia, en nuestro país el impacto económico de las reformas en el sector legal es casi inexistente y cuando se lleva a cabo se hace con poco rigor, seguramente por la dificultad de medir algunas variables y porque la Administración General en realidad desconoce en gran medida cómo funcionan los engranajes de la Administración de Justicia; dos vasos que se comunican pero no se conocen.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, supone un punto de inflexión en la conceptuación e interpretación del sistema de justicia en España, aunque indudablemente será su aplicación la que diga si las palabras son eso o algo más.

La introducción de los MASC («Medios Adecuados de Solución de Controversias») y sobre todo el replanteamiento de la estructura judicial con la creación de los tribunales de instancia son medidas que, lejos de lo que cualquiera pueda imaginar, pueden coadyuvar favorablemente para hacer de la Justicia española un elemento de competitividad para la economía.

Como parece razonable, lo esencial es reducir los tiempos de litigiosidad en jurisdicciones críticas como la civil (2.688.606 asuntos en trámite a dato cerrado de 2024 con una tramitación media de 12,17 meses) o la social (480.652 con una tramitación media de 8,53 meses particularmente intensa en la instancia: 11,4) en las que se deciden cuestiones trascendentales como contratos de préstamo, reclamaciones de cantidad, arrendamientos, despidos o modificaciones de condiciones laborales. Para ello, la medida más eficaz seguramente sea la ruptura del concepto tradicional de «1 juez- 1 juzgado» y la creación de un tribunal con un pool de magistrados que, además, sentenciará asuntos tramitados homogéneamente por un servicio común dirigido por un letrado de la administración de justicia. A esta idea básica responde sintéticamente la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

Ahora bien, sin perjuicio de entender que la aplicación de una ley es compleja -sobre todo cuando están comprometidos presupuestos e infraestructuras- lo que no puede ser renunciable es la necesidad de medir los diferentes puntos que afectan al rediseño del modelo. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué impacto tiene la organización en la economía? ¿Qué ocurre en la fase de transición? ¿Qué expectativas tienen las asociaciones empresariales o los sindicatos? ¿Cómo afecta, en definitiva, al peso en miles de millones de euros del sistema legal español?

No son preguntas estúpidas. No son preguntas que no quepan en el rediseño de un servicio público como el prestado por los tribunales. Al contrario, ciudadanos, empresas, profesionales, todos, tenemos derecho a conocer qué incidencia tiene el sistema legal en nuestro presupuesto y, sobre todo, en las relaciones civiles y mercantiles que surgen desde la confianza en que los incumplimientos de contrato se podrán resolver judicialmente de un modo rápido y eficaz.

Los datos están ahí. Se pueden y se deben recabar. Y, además, se tienen que explicar para que todos tomemos conciencia del peso económico del Estado de Derecho en la economía contemporánea.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ofrece unas bases teóricas serias para que el modelo sea eficaz, coherente y garante de la seguridad jurídica. Pero hace falta medir, calcular, y, en su caso, corregir.

El impacto económico de las reformas de Justicia en España es una obligación absolutamente inaplazable. Nuestra obligación.

* Álvaro Perea González, Letrado de la Administración de Justicia.