'Cash pooling' y riesgo país: lecciones prácticas de la nueva jurisprudencia del Supremo

El sistema de certiorari del Tribunal Supremo español limita mucho el acceso a pronunciamientos sobre precios de transferencia. Y menos frecuente aún resulta encontrar sentencias relacionadas con operaciones financieras intragrupo como los sistemas centralizados de tesorería (cash pooling). Hasta ahora, la jurisprudencia más relevante solía ceñirse a operaciones entre socios y sociedades profesionales.

Por ello resulta especialmente interesante la sentencia del Tribunal Supremo (STS) 3721/2025, recurso núm. 4729/2023, dictada por la Sección 2.ª de la Sala 3.ª. Este fallo establece como doctrina que, en las operaciones de financiación realizadas dentro de un cash pooling, el tipo de interés aplicable a los importes aportados y recibidos por las entidades participantes debe ser simétrico.

Además, determina que la calificación crediticia aplicable a estas operaciones no es la de cada entidad individual, sino la del grupo corporativo en su conjunto.

El Tribunal apoya su razonamiento en las directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia en su versión de 2022, aplicándolas como criterio de soft law interpretativo. Llama la atención que dichas Directrices sean posteriores tanto al hecho imponible como a la actuación inspectora, lo que, aunque pueda parecer anecdótico, evidencia una interpretación dinámica y creativa de la doctrina internacional.

En el supuesto analizado, la entidad gestora —con sede en los Países Bajos— centralizaba diariamente los saldos de las filiales mediante un sistema de saldo cero. Es decir, la cuenta matriz absorbía tanto los saldos positivos como negativos de las filiales, dejándolas a cero al cierre de cada jornada.

Los movimientos se calificaban como préstamos intragrupo: las retiradas de fondos por la filial española se remuneraban como préstamos a un tipo de interés elevado, mientras que las aportaciones de liquidez por esa misma filial se retribuían como depósitos a un tipo muy reducido.

La Administración Tributaria, la Audiencia Nacional y, finalmente, el Tribunal Supremo consideraron incorrecta esa asimetría. Ahora bien, el Alto Tribunal introdujo matices relevantes al subrayar la importancia del análisis funcional de funciones y riesgos asumidos por cada parte.

En particular, declaró que la entidad neerlandesa no realizaba funciones significativas ni asumía riesgos relevantes. Por ello, no podía justificarse un trato asimétrico en los tipos de interés aplicados. Sensu contrario, si la entidad gestora del cash pool hubiera demostrado una gestión activa de la liquidez —adecuadamente documentada en el master file—, podría haberse admitido la diferenciación entre los intereses de préstamos y depósitos.

El papel del riesgo y la solvencia

La sentencia también enfatiza la relevancia de la solvencia crediticia del grupo como criterio de valoración de estas operaciones. De aquí se desprende una lección importante: la simetría en los tipos de interés solo es razonable cuando las circunstancias de los participantes son comparables.

Aunque el fallo no lo aborda de manera expresa, cabe deducir que si una entidad vinculada está localizada en un país con alto riesgo país, elevada tasa de impago o riesgo cambiario, el tipo de interés de los préstamos no debería ser simétrico respecto al que recibe la entidad gestora por captar fondos.

Este punto es especialmente relevante para grupos españoles con filiales en Latinoamérica, donde la inestabilidad macroeconómica es más acusada. Así, en un sistema de cash pooling donde las filiales de países estables generan excedentes y las de países con restricciones de crédito son prestatarias recurrentes, incorporar el riesgo país en la remuneración de los préstamos resulta no solo lógico, sino necesario.

Las Directrices de la OCDE, en su Capítulo X sobre operaciones financieras, subrayan que la remuneración debe basarse en un análisis de riesgos que identifique:

1. La naturaleza de la ventaja o inconveniente considerado.
2. El importe económico de esa ventaja o inconveniente.
3. El modo en que se distribuye entre las entidades del grupo.

Por ello, las empresas que participan en sistemas de cash pooling deberían revisar cuidadosamente su posición a la luz de esta jurisprudencia. La STS 3721/2025 establece una doctrina clara sobre la simetría de intereses, pero también deja abierta la puerta a escenarios en los que dicha simetría no sea razonable, en función del reparto de funciones y riesgos o de la exposición a riesgo país.

La STS 3721/2025 constituye un hito en la jurisprudencia española sobre operaciones financieras vinculadas. Aporta dos ideas centrales:

• Simetría en los tipos de interés dentro de los cash pooling.
• Primacía de la calificación crediticia del grupo frente a la individual.

No obstante, su aplicación no puede extenderse de forma automática a todos los esquemas. Cada caso exige un análisis funcional riguroso, sustentado en documentación sólida, que considere tanto las funciones y riesgos asumidos como la realidad crediticia de cada jurisdicción.

En definitiva, la doctrina del Supremo fija un marco de referencia, pero el diseño y la documentación de los cash pooling seguirán requiriendo un trabajo minucioso para minimizar riesgos de doble imposición y controversias con distintas administraciones tributarias.

* Alberto López, socio del departamento fiscal de Ejaso.