Verifactu: ¿avance en la digitalización o nueva carga para las empresas?

La entrada en vigor del sistema Verifactu el próximo 1 de enero marca un hito en el proceso de digitalización de la relación entre empresas y Administración tributaria. Se trata de una herramienta destinada a garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación cuyo objetivo declarado es combatir el fraude fiscal, especialmente el derivado del software de doble uso o la manipulación de facturas. Pero, más allá de la retórica, ¿qué implica realmente para las empresas españolas?

Desde hace años, España ha avanzado de manera notable en la digitalización del cumplimiento tributario. El Suministro Inmediato de Información (SII) convirtió a nuestro país en pionero dentro de la Unión Europea en la obligación de remitir la información del IVA en tiempo casi real. Ahora, con Verifactu, se da un paso más en el control preventivo: el sistema permitirá a la Agencia Tributaria tener acceso directo e inmediato a la información de facturación de las compañías que opten por conectarse a sus sistemas.

El debate surge en torno a varios puntos clave. El primero es la voluntariedad relativa del sistema. Aunque la norma lo presenta como un esquema al que los contribuyentes pueden adherirse voluntariamente, la realidad es que, en la práctica, la decisión de no conectarse puede convertirse en un hándicap reputacional y de seguridad jurídica. ¿Qué empresa querrá explicar a un inspector que ha preferido no enviar su facturación en tiempo real, cuando la norma le da esa posibilidad? El riesgo de que la “voluntariedad” se convierta en obligación de facto es evidente.

El segundo punto es el coste de adaptación. La implantación de Verifactu requiere modificaciones técnicas en los sistemas de facturación, certificaciones y controles internos. Para las grandes compañías, puede ser un paso más en un camino ya andado; pero para las pymes, supone un reto considerable. El legislador ha subestimado, una vez más, la carga administrativa y económica que conllevan estas medidas. El discurso oficial habla de simplificación, pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, los contribuyentes deberán invertir tiempo y recursos significativos para cumplir. La remisión inmediata de datos a la Agencia Tributaria plantea dudas sobre la gestión de posibles errores, rectificaciones y ajustes contables. El hecho de que cada borrador de factura enviado quede registrado puede generar situaciones complejas en las que las empresas tengan que justificar por qué se anuló o modificó un determinado documento. Por ello, es de capital importancia realizar un detallado análisis de los procesos de facturación y cumplimiento de los requisitos formales para evitar incurrir en irregularidades que al fin y al cabo van a ser remitidas a la Administración en tiempo real.

A pesar de todo, no todo son sombras. Verifactu puede convertirse en una oportunidad de modernización para las empresas que consigan integrar el sistema de manera eficaz. La digitalización de la facturación no solo responde a una exigencia de la Administración, sino también a una tendencia global en la gestión empresarial. La facturación electrónica obligatoria prevista en la Ley Crea y Crece apunta en la misma dirección, y a medio plazo, aquellas compañías que inviertan en sistemas robustos tendrán una ventaja competitiva.

En definitiva, el gran reto de Verifactu no es técnico, sino de enfoque. La cuestión es si lo concebimos como un mecanismo de control más o como una palanca para impulsar la eficiencia y la transparencia en la gestión empresarial. La experiencia con el SII demostró que las empresas pueden adaptarse a cambios de gran calado, pero también que la confianza entre Administración y contribuyente es clave para el éxito. Si Verifactu se percibe como una herramienta de colaboración, puede contribuir a reducir la economía sumergida y mejorar la competitividad. Si, por el contrario, se percibe como un instrumento más de presión, corremos el riesgo de aumentar la brecha entre el contribuyente y la Agencia Tributaria.

El tiempo dirá qué cara de la moneda prevalece. Por ahora, lo cierto es que Verifactu supone un nuevo desafío para el tejido empresarial español, especialmente para aquellas pymes que deberán adaptarse a un entorno de cumplimiento cada vez más exigente. En un país donde la seguridad jurídica y la estabilidad normativa no siempre han sido fortalezas, sería deseable que esta medida se acompañara de un verdadero esfuerzo de simplificación y apoyo al contribuyente. De lo contrario, la digitalización dejará de ser sinónimo de progreso para convertirse en un obstáculo más en el camino.

* Álvaro Gómez-Elvira, Head of VAT en BDO Abogados.