Las acciones colectivas 'opt out', 'win win win' para la justicia española

El crecimiento económico es una prioridad en Europa, y España no es una excepción. Este puede alcanzarse, entre otros modos, facilitando las ventas a las empresas, y la mejor manera de hacerlo es facilitando la compra a los consumidores. ¿Cómo? Con un sistema judicial de primer nivel. La receta, basada en la confianza, es simple: los consumidores que saben que pueden recuperar su dinero si algo sale mal, no tienen miedo a la hora de comprar a las empresas. Confían en el producto, pero también en el sistema.

España no cuenta actualmente con un sistema judicial adaptado al comercio y consumo globalizados. En muchas ocasiones, aunque los consumidores quieran demandar a las empresas por un abuso o una infracción contractual, no pueden hacerlo. Quizás los daños y la cantidad susceptible de reclamación son demasiado pequeños. Quizás los abogados son demasiado caros. Quizás el sistema judicial está saturado con demandas de miles de personas que reclaman por los mismos asuntos. El gobierno podría hacer algo para ayudar, pero es lento y tiene muchos frentes abiertos y poco margen de maniobra. Incluso en los casos en los que se produce una reacción pública frente a prácticas perjudicial para los consumidores, por ejemplo, mediante la imposición de una sanción, las cantidades recaudadas no son repartidas entre los consumidores afectados.

Como resultado, los consumidores en España tienen más miedo a comprar que los consumidores de otros países y pueden tener una percepción pesimista sobre el funcionamiento de la justicia y la seguridad jurídica.

El proyecto de ley y el modelo opt out: una solución probada

Sin embargo, un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso (Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios) podría ayudar a España a avanzar hacia un sistema judicial moderno y a la altura de las principales economías del mundo. El proyecto de ley introduce un nuevo método de compensación colectiva: permite a una organización de consumidores cualificada interponer una «acción colectiva» en nombre de todos los consumidores perjudicados por una empresa. Si los consumidores no quieren participar en la acción colectiva, podrán «optar por no participar» (opt out). De lo contrario, y en el caso de que la reclamación prospere, compartirán el dinero recuperado por la organización de consumidores con el resto de los consumidores afectados.

En la actualidad, el proyecto de ley exige que las acciones sólo incluyan automáticamente a los consumidores con daños inferiores a los tres mil euros; los consumidores con daños mayores tendrían que «optar por participar» (opt in) para sumarse a la acción colectiva.

El modelo opt out parece asustar a primera vista. Ahora bien, no podemos ignorar que, desde hace décadas, las principales economías del globo cuentan con sistemas de exclusión voluntaria u opt out y esto no ha provocado ni grandes abusos ni la huida de empresas. Estos sistemas se iniciaron en Estados Unidos hace casi sesenta años, pero también se emplean en Canadá, Holanda, Reino Unido, Australia, Portugal, Eslovenia e Israel. Sólo en Estados Unidos, cada año se devuelven miles de millones de dólares a los consumidores en acciones colectivas. Por este motivo, los consumidores estadounidenses no tienen miedo a comprar y las empresas pueden ser muy rentables si no cometen irregularidades. Sin ir más lejos, el pasado 23 de octubre el Competition Appeal Tribunal del Reino Unido ha condenado a Apple a pagar alrededor de 1500 millones de libras a todos los usuarios de Apple que hayan adquirido productos de pago a través de la plataforma App Store. El lector se preguntará, ¿Y en España? La respuesta es desoladora: cero euros para los más de 24 millones de usuarios de Apple en España.

Consideremos un clásico entre los escándalos corporativos y daños masivos: el escándalo del diésel que comienza en el año 2015 en Estados Unidos y que sigue ocupando a los tribunales europeos. Una década de culebrón judicial, condenas de prisión, reclamaciones multimillonarias, investigaciones internas y tribunales colapsados. Volkswagen vendió coches que, según afirmaba, “no contaminaban mucho”. Vendía un “diésel limpio”, pero, en realidad, tal y como reconoció el propio fabricante ante los tribunales estadounidenses y han confirmado miles de sentencias, por ejemplo, en Alemania, Austria, Holanda, los coches desactivaban automáticamente sus controles de contaminación cuando no se les sometía al banco de pruebas de contaminación y contaminaban igual o más que el diésel convencional. Se engañó a los consumidores y autoridades de todo el mundo. Tanto es así que, en el año 2025, los tribunales alemanes acaban de anular las decisiones de las autoridades que validaban la homologación de la solución propuesta por el fabricante.

Volvamos al año 2015 y a los Estados Unidos. Diversos demandantes interpusieron una acción colectiva opt out en San Francisco. Volkswagen llegó a un acuerdo en el plazo de un año y pagó decenas de miles de dólares a cada consumidor, lo que supuso más de diez mil millones de dólares. En otros países con acciones de exclusión voluntaria, opt out, como Canadá y Australia, también se están negociando importantes acuerdos con Volkswagen o reclamando la debida compensación ante los tribunales como el Reino Unido, Italia, Portugal u Holanda. El lector se preguntará de nuevo: ¿Y en España? Hasta la fecha los consumidores no han recibido nada o, en unos pocos casos individuales, apenas 200 o 500 euros, y tan sólo después de años de agotadores litigios. Ahora bien, el proyecto de ley en el Congreso contribuirá a solucionar esta situación con la acción colectiva opt out compensatoria.

Hacia un equilibrio entre consumidores, empresas y justicia

Algunas empresas temen las acciones colectivas opt out. Si cumples no hay nada que temer; tan sólo deben hacerlo las empresas que incumplen la ley y compiten deslealmente en los mercados. Esto sólo puede tener un efecto positivo: no es deseable que las empresas que incumplen se beneficien deslealmente en detrimento de aquellas que cumplen la ley. Un buen sistema de acciones colectivas ayuda: las empresas que incumplen serán demandadas con más frecuencia, serán menos rentables y, en última instancia, no podrán competir con las empresas más honestas y competitivas.

Algunos temen las acciones frívolas, incluso contra empresas que cumplen. Muchas personas piensan que esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Abogados persiguiendo cadenas de comida rápida y multinacionales. Nada más lejos de la realidad. Hemos examinado los datos de Estados Unidos a lo largo de cincuenta años y es difícil encontrar ejemplos significativos de acciones de exclusión u opt out voluntaria frívolas. La famosa demanda contra McDonald's por el «café caliente» no fue una acción de exclusión voluntaria u opt out, sino que se ejercitó en nombre de una sola mujer. Así, cada año se interponen miles de acciones de exclusión voluntaria en Estados Unidos, pero los críticos solo han identificado un puñado de ejemplos de acciones frívolas o infundadas. Todas ellas, rechazadas por los tribunales.

De hecho, en España, es aún menos probable que este tipo de acciones supongan un problema, ya que el Derecho procesal español cuenta con muchas salvaguardias que no existen en Estados Unidos. Así, la más importante es que, en nuestro sistema, el perdedor paga los honorarios de los abogados, procuradores y demás costas del ganador. Esto significa que es probable que aquel que interpone una acción frívola en España acabe pagando los honorarios del abogado del demandado. En Estados Unidos, las partes pagan sus propios honorarios, ganen o pierdan, por lo que hay menos incentivos para disuadir las demandas frívolas. Las empresas estadounidenses que critican el sistema opt out, llevan años reclamando que el perdedor pague. En España ya contamos con esta garantía.

El sistema de recurso colectivo opt out propuesto por el Proyecto de Ley también ofrece otras ventajas a las empresas. Cuando los consumidores acuden a los tribunales en España, el gran número de demandas individuales por el mismo motivo satura nuestro sistema judicial y a los demandados. En estas situaciones, las empresas pueden tardar años en resolver todos los litigios en su contra, lo que supone un gran coste en tiempo de abogados y recursos internos y externos.

Con una acción colectiva opt out, todas las demandas pueden tramitarse en un único procedimiento evitando la atomización y fraccionamiento que tanto castiga en la actualidad a nuestros tribunales. Una única acción puede solventar de forma rápida y eficaz un problema causado a millones de personas alcanzando con rapidez la “paz global” o “global peace”.

La “paz global” no solo es buena para las empresas, sino también para los jueces y magistrados cansados de trabajar durante años en el mismo caso. Todas esas demandas, que saturan el sistema judicial, dificultan su trabajo. De hecho, nuestro sistema ha llegado a una sobrecarga ridícula e inabarcable. Hay, si nos permiten la licencia, más casos que resolver que días para resolverlos. Al sustituir miles de litigios idénticos por una única acción colectiva eficiente, proporcionaríamos un alivio muy necesario a nuestra justicia.

Consideremos un ejemplo nacional: el llamado «Cártel de los coches», en el que se engañó durante siete años a los consumidores españoles, aumentando el precio de compra de más de siete millones de vehículos. Los tribunales españoles están tramitando en estos momentos miles de reclamaciones individuales y conjuntas derivadas de este escándalo. Aunque la conducta ilegal es la misma, los resultados no lo son, ya que las demandas se están tramitando en todos los juzgados de lo mercantil de nuestra geografía. Algunos consumidores reciben su compensación en un plazo de seis meses y otros llevan esperando dos o tres años. Otros consumidores no han recibido nada porque sus reclamaciones fueron desestimadas por considerar que los informes periciales no eran lo suficientemente buenos. Y otros nunca reclamarán por miedo a enfrentarse a las multinacionales que les han engañado. Por ello, la práctica totalidad del beneficio ilegal quedará en manos de los cartelistas. Con una acción colectiva opt out, todas estas reclamaciones -así como las posibles reclamaciones futuras-, podrían ser tramitadas por el mismo tribunal en un único procedimiento para todos los consumidores, lo que evitaría contradicciones y ahorraría tiempo y dinero. Y nuestros tribunales podrían dedicar su tiempo y recursos a otros casos que requieren una atención individualizada.

En cierto modo, las víctimas del cártel de los coches tienen suerte: otras reclamaciones nunca llegarán a los tribunales en España. El daño individual es demasiado pequeño o el demandado es demasiado grande. Por ejemplo, un ciudadano español no tiene actualmente ninguna vía razonable para solicitar ante nuestros tribunales una indemnización por las violaciones de privacidad cometidas de forma sistemática por una conocida red social. Por el contrario, nuestros vecinos portugueses o los ciudadanos holandeses o alemanes sí podrían participar en acciones que reclaman precisamente esta compensación. Esto es frustrante e injusto, erosiona la confianza en nuestro sistema judicial y aumenta la percepción de impunidad.

El proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso moderniza a la administración de justicia dotándola de las herramientas necesarias, eliminando las asimetrías actuales y equilibrando la balanza en el consumo globalizado: Ganarán los consumidores, ganarán las empresas y la justicia. ¿A qué esperamos?

*Brian T. Fitzpatrick, titular de la cátedra Milton R. Underwood de Libre Empresa; y Julia Suderow, profesora de Derecho en la Universidad de Deusto