La IA generativa no hará prescindible al abogado, pero sí al abogado que no sepa Derecho

En los últimos meses se ha extendido una idea tan seductora como peligrosa: que los sistemas de inteligencia artificial generativa convertirán el conocimiento jurídico en un bien indiferenciado y abundante, y que el abogado del futuro dependerá menos de ese conocimiento y más de su habilidad para manejar estas herramientas.

La imagen es muy atractiva, porque promete eficiencia y acceso inmediato al conocimiento. Sin embargo, en mi opinión, confunde dos planos que conviene separar.

La inteligencia artificial permite democratizar el acceso a la información jurídica, pero no garantizar, ni mucho menos, su correcta comprensión o su uso responsable. Y es precisamente ahí donde el conocimiento sustantivo, lejos de devaluarse, será todavía más determinante.

Las herramientas de inteligencia artificial generativa permiten redactar cláusulas, resumir sentencias o esbozar argumentos en pocos segundos. También permiten confrontar argumentos y ayudan a organizar las ideas. Sin embargo, su modo de operar no es el razonamiento jurídico, sino la correlación estadística: predicen continuaciones plausibles del lenguaje, pero no interpretan las normas a la luz de su jerarquía, su finalidad y su contexto. Es decir, no entienden el Derecho.

Esta diferencia, que a veces pasa desapercibida en la conversación pública, es decisiva en el ámbito profesional.

Las guías profesionales recientes (por ejemplo, las del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid o la del Consejo de la Abogacía Europea) insisten en esta idea. La tecnología puede acelerar tareas y ampliar capacidades, pero no reemplazar el juicio profesional. Tenemos que entender que documentar herramientas y versiones, justificar casos de uso, auditar resultados, proteger la confidencialidad y mantener la trazabilidad de los resultados dejarán de ser cuestiones periféricas para convertirse en el núcleo duro de la responsabilidad profesional. La supervisión humana, la transparencia ante el cliente y la rendición de cuentas deben dejar de ser meras declaraciones de intenciones y convertirse en realidades verificables.

Hoy, el valor no reside ya en acumular información, relativamente accesible, sino en comprender su relevancia y sus límites. La profesión se desplaza de la erudición almacenada al criterio aplicado; y ello no implica saber menos Derecho, sino todo lo contrario: exige saberlo de forma más estructurada, consciente y profunda, superando los modelos de aprendizaje memorístico.

Ahora bien, superar la memorización no equivale a desconocer el contenido: el abogado debe seguir pudiendo verbalizarlo con precisión. Además, debe, entre otras cosas, entender qué es vinculante y qué tiene solo valor orientativo, distinguir entre principio, regla y excepción, identificar conflictos de normas y anticipar sus efectos prácticos.

Este cambio de paradigma tiene implicaciones directas en la formación de los profesionales. Es razonable que las facultades y escuelas incorporen competencias digitales, alfabetización en datos y nociones básicas sobre el funcionamiento de estas herramientas. Ahora bien, si esa incorporación se hace a costa de reducir las horas dedicadas a la teoría del Derecho, en un entorno donde resulta tentador eludir su enseñanza si se tienen en cuenta las carencias que arrastran muchos estudiantes en lo relativo a sus conocimientos de base y al entrenamiento necesario para llevar a cabo el estudio de los textos jurídicos, por lo general densos y notablemente abstractos, estaremos formando usuarios diestros en estos sistemas, pero no juristas, y desde luego no juristas capaces de guiar decisiones complejas en contextos inciertos.

Y es que, lo queramos o no, saber Derecho, lejos de ser un lujo académico se configura hoy más que nunca en la conditio sine qua non (casi en una conditio iuris) para desarrollar la profesión. Es decir, lo que demandará el sector es todo lo contrario de lo que venimos escuchando últimamente en ciertos foros académicos. El conocimiento no va a pasar a ser un «commodity», sino todo lo contrario. La profesión no debe encaminarse hacia un escenario en el que el abogado sepa menos Derecho, sino hacia uno en el que su conocimiento del Derecho (con mayúscula) sea más profundo, elástico, relacional, reflexivo y analítico, porque sólo así es posible beneficiarse, y hacer un uso responsable, de estas nuevas herramientas.

Del mismo modo, la integración tecnológica no debe convertirse en un factor de exclusión. Muchos profesionales con sólida formación jurídica carecen de competencias digitales (en la mayoría de los casos por su propia desidia, dicho sea de paso), pero eso no los hace prescindibles, ni debe utilizarse para ‘condenarlos’ a ocupar un lugar irrelevante. Su conocimiento del Derecho y su experiencia interpretativa son más necesarios que nunca. Son quienes mejor advierten matices, incoherencias o implicaciones normativas que la tecnología aún no alcanza a detectar. Por ello, la respuesta no debe ser relegarlos, sino acompañarlos. La organización en la que desarrollen su labor no solo debiera apostar por ofrecerles formación continua, sino también apoyo operativo, creando entornos colaborativos donde trabajen con perfiles más competentes en lo digital. Así, el conocimiento profundo del Derecho se preservará y se amplificará con las capacidades tecnológicas de esos colaboradores (que a su vez pueden aprender sobre los aspectos técnicos), garantizando el relevo generacional y una integración verdaderamente inclusiva y, sobre todo, más segura y coherente con la función esencial de la abogacía.

En este contexto, lo previsible es que prosperen los despachos con un tamaño adecuado, perfiles multidisciplinares y modelos de gobernanza que les permitan explotar estas herramientas y aportar verdadero valor añadido a sus clientes; algo que requiere integrar la tecnología con criterios claros y mecanismos que contengan y midan su impacto. Una prosperidad que, no obstante, requiere de inversiones significativas y, por tanto, de un esquema de distribución de eficiencias equitativo. Y es que la integración de la inteligencia artificial generativa hará posible lo que hasta ahora parecían resultados incompatibles o excluyentes: reducir el tiempo de dedicación mientras aumentan la excelencia y la seguridad jurídica, y revisar al alza las tarifas al mismo tiempo que disminuye el precio total del servicio. El resultado será un cliente que pagará menos que antes y obtendrá un mejor resultado en menos tiempo, y un profesional que debe poder capturar parte del valor que generan esas eficiencias en forma de mayor margen y mejor retribución. El incentivo es, por tanto, común: más calidad y transparencia, a un coste global más eficiente, y una mejora de las condiciones de vida del profesional.

En definitiva, la inteligencia artificial generativa no va a hacer prescindible al abogado, pero sí dejará fuera de juego al que no conozca a fondo el Derecho.

*Bartolomé Martín, socio responsable del área de Ciberseguridad y Protección de Datos en Squire Patton Boggs