"Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado"

Cuando el 6 de diciembre de 1978 la mayoría de los españoles votamos en referéndum favorable la Constitución española estábamos votando, también, por la restauración del medio ambiente, por el uso racional de los recursos naturales y la conservación de la naturaleza.

Y es que nuestra Constitución fue una de las primeras en todo el mundo en dar cabida en su articulado a ese derecho colectivo, gracias entre otros motivos, a las peticiones dirigidas a los constituyentes por los grupos ecologistas y a la creciente sensibilización de la sociedad española por el deterioro ambiental de nuestro entorno

El reconocimiento de ése derecho constitucional impulsó por primera vez las políticas medioambientales en nuestro país

A día de hoy el redactado del Artículo 45 cobra más sentido que nunca, incluso puede parecer ambiguo para muchos. Pero hace 43 años supuso uno de los avances más significativos para dotar a nuestra recién nacida democracia de un propósito claro en política ambiental.

Así quedó encajado en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico:

Título Primero, sobre los derechos y deberes fundamentales:

Capítulo tercero: de los principios rectores de la política social y económica.

Artículo 45:

1/ Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2/ Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3/ Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, y en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

El redactado no puede ser más claro. Quebrantar ese mandato explícito es incumplir la Constitución. O dicho de otro modo: promover, amparar o permitir el daño al medio ambiente es inconstitucional.

Asimismo, con la llegada de la Constitución se irán introduciendo nuevos artículos en el Código Penal para contemplar como delito todas aquellas acciones que infrinjan la normativa medioambiental y puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, vegetal o los espacios naturales protegidos.

Actualmente existen numerosas leyes estatales, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, normativas autonómicas y ordenanzas municipales que emanan de esa disposición y velan por el cumplimiento de ese derecho constitucional.

En todo caso hay que dejar claro que el Artículo 149 del Título 8º, sobre la Organización Territorial del Estado, establece que el Estado tendrá competencia exclusiva sobre "legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección".

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Pero más allá del avance de las normativas para proteger el medio ambiente y perseguir el delito ecológico, otra cosa ha sido la voluntad política y el nivel de compromiso que han mostrado los diferentes gobiernos a la hora de acatar ese mandato de la Constitución.

Como distinto ha sido, y sigue siendo, el grado de responsabilidad ciudadana con la que los españoles hemos aceptado esa "indispensable solidaridad colectiva". Y es que no olvidemos que ese "todos" empleado en el texto legal nos convoca directamente, a todos y cada uno de los ciudadanos de este país, a participar en el cuidado del medio ambiente y la conservación de la naturaleza.