Piden matar cormoranes, lobos, buitres, meloncillos... ¿añoran la Ley de Alimañas?

La Junta de Andalucía ha aprobado un plan de acciones para controlar la población del meloncillo en el campo andaluz. El objetivo de dicha medida es “dar respuesta a una demanda por parte de colectivos de cazadores y ganaderos en orden a la gestión de esta especie” al considerar que “la acción depredadora y sin control” de este mamífero carnívoro podría dañar a las especies cinegéticas y a la ganadería. La decisión del gobierno andaluz se une a la de la Junta de Extremadura, que en marzo también autorizó su caza.

El meloncillo (Herpestes ichneumon) es una mangosta africana cuyas poblaciones se asentaron en la península hace miles de años. La falsa idea de que lo introdujeron los árabes quedó refutada por una investigación llevada a cabo en 2018 por un equipo de paleontólogos que encontraron restos de este vivérrido en un yacimiento de Mérida y publicaron su descubrimiento en la revista científica The Science of Nature. Así pues, no se trata de una especie invasora que se deba ‘controlar’ sino de una especie autóctona cuya caza está prohibida en España.

Gregario y muy social, el meloncillo es un mamífero de hábitos exclusivamente diurnos que campea por espacios abiertos próximos a bosques con abundante matorral, dehesas y jarales del suroeste peninsular. Con su área de distribución centrada básicamente en África, la reducida población ibérica lo convierte en una auténtica rareza faunística de alto valor para el patrimonio natural europeo, así como en una de las mayores joyas de nuestra biodiversidad.

Su alimentación está basada en insectos, ratones, topillos y musarañas, anfibios y reptiles: especialmente serpientes, incluidas las víboras, para las que constituye su principal predador dada la alta resistencia que muestra a su veneno. También se alimenta de conejos, llegando a ser su base nutricional en algunos territorios, aunque dado su pequeño tamaño (pesa tres kilos) suele capturar gazapos y ejemplares enfermos. En cualquier caso, además de actuar como un eslabón fundamental de la cadena trófica del bosque mediterráneo, ayudando a mantener el equilibrio de los ecosistemas, el meloncillo constituye un aliado del agricultor y ganadero en el control de plagas, no un enemigo.

Una especie protegida

Por todo ello, la única mangosta europea está catalogada como especie de interés comunitario por la UE y amparada por legislación española. Así, la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece en su artículo 54 que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas están obligadas a “garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre” y a “adoptar las medidas que sean pertinentes para que la recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres de interés comunitario, que se enumeran en el anexo VI sea compatible con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable”. El meloncillo figura en el Anexo VI.

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No existe ninguna base científica para autorizar un ‘control’ (a menudo un recurrido eufemismo para eludir el término caza) del meloncillo ni en Extremadura ni en Andalucía. Es más, durante las jornadas sobre la especie celebradas el año pasado en Universidad de Córdoba con la colaboración del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA / CSIC), en las que se contampló la posibilidad de promover un cambio en el estatus legal del meloncillo para estar sujeto a control cinegético, se acordó que los estudios actuales disponibles no justifican dicho cambio en el estatus de la especie. En su lugar se recomendó la necesidad de realizar más estudios para conocer tanto la evolución real de sus poblaciones como su verdadero impacto en los ecosistemas y en las especies cinegéticas como el conejo y la perdiz, por el que algunos colectivos de cazadores exigen su control.

Pese al avance de la conciencia ambiental en el mundo rural, especialmente entre los ganaderos y agricultores más jóvenes, lo cierto es que existe un sector del campo que está reforzando su beligerancia ante las propuestas conservacionistas, enfrentándose abiertamente a quienes, ya sea desde la adminsitración, la ciencia o el ecologismo, apelan a la coexistencia con la biodiversidad y el respeto a las especies que conforman nuestro patrimonio natural, un patrimonio de todos hoy en día amparado por las leyes nacionales y europeas.

Son los mismos que pidieron (y lograron) permiso para matar cormoranes en los ríos asturianos porque se comían ‘sus’ truchas, que envenenan a los buitres porque según ellos han dejado de ser una especie carroñera y les están matando al ganado vivo o que hacen culpable al lobo de todos los males del campo y piden permiso (aquí también están a punto de conseguirlo) para conseguir desprotegerlo y así poder matarlo, aunque la ciencia haya demostrado que esa no es la mejor manera de resolver las situaciones de conflicto, sino que incrementa los ataques al ganado.

Si se atendieran sus requerimientos, si las autoridades accedieran a los deseos de los cazadores y ganaderos que, sin representar a la mayoría, exigen un control de las especies que ‘les estorban’ en el campo, pronto pasarían a autorizarse permisos para matar osos, linces, ginetas, gatos monteses, garduñas y el resto de carnívoros, así como todas las rapaces y córvidos. Especies consideradas competidoras de los cazadores cuya captura no solo estaba autorizada sino recompensada en nuestro país no hace tantos años.

Tal vez lo que estos colectivos minoritarios deseen en realidad es restaurar la funesta Ley de Alimañas, una normativa franquista para proteger la ‘riqueza cinegética’ del campo que dividía nuestra fauna silvestre en dos grupos: la caza y lo que se comía a la caza, y que, por lo tanto, se convertía en competidor y había que exterminarlo. De ese modo, bajo un supuesto u otro, cuando alguien se echaba al monte escopeta al hombro, ya fuera cazador o furtivo, podía disparar a todo lo que se moviera.

Para ello en 1953 se constituyeron las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y Protección a la Caza. Una forma de tribunales de la inquisición que, dependientes de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial del Ministerio de Agricultura, tenían por oficio “procurar el suministro y distribución de venenos, lazos y demás medios de extinción de animales dañinos” así como “premiar a los alimañeros y a cuantos demostrasen de modo fehaciente su aportación en la lucha para su erradicación”.

El uso de cepos y veneno se extendió a partir de entonces por el campo. Quien se presentaba en la comandancia de la Guardia Civil con un lobo, un lince o un meloncillo abatido a tiros era felicitado por las autoridades y recompensado económicamente. De ese modo el ritmo de aniquilación fue tan elevado y rápido que la mayoría de las especies de predadores y carroñeros se situaron en peligro de extinción.

Opinión

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Ha costado un enorme esfuerzo revertir la situación y recuperar a las ‘alimañas’ que el franquismo quiso borrar de nuestra biodiversidad. Los esfuerzos de las administraciones, tanto a nivel nacional como europeo, de las instituciones científicas y los grupos conservacionistas y ecologistas, así como la colaboración de las gentes del campo, incluidos la gran mayoría de los cazadores, ganaderos, agricultores y propietarios de fincas que apuestan por la coexistencia y el respeto a la naturaleza, han logrado dar sus frutos.

Gracias a ese trabajo en equipo, a esa colaboración mutua en pro de la recuperación y conservación de nuestro patrimonio natural, hemos logrado marcar auténticos hitos en materia de conservación de la naturaleza. Algunos de ellos reconocidos a nivel internacional y utilizados como modelo a seguir en otros países, como el caso del lince ibérico, el oso pardo, la nutria, el buitre negro, el quebrantahuesos o el águila imperial. Renunciar a esos logros y abandonar ese espíritu de colaboración sería un auténtico disparate.