Más de 400.000 hectáreas quemadas: la otra factura de la bronca política en España

Sumar esfuerzos, compartir recursos, diseñar estrategias conjuntas, pactar medidas urgentes, trabajar en equipo: esas son las herramientas necesarias para hacer frente a la situación de emergencia climática que vivimos. Una situación que se manifiesta mediante el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como la dana de Valencia, o la llegada a nuestras latitudes de los temibles megaincendios de nueva generación, que han asolado California, Chile o Canadá.

Sin embargo estas semanas, ante la peor temporada de incendios de nuestra historia reciente, mientras la superficie quemada avanza hacia el medio millón de hectáreas, Gobierno y oposición han optado por perseverar en el enfrentamiento. En lugar de dejar a un lado las estrategias electorales y los intereses de partido para unir voluntades por el bien común, han preferido persistir en ese maniqueísmo político que convierte al otro en enemigo antes que en rival negándose a cualquier posibilidad de colaboración.

Buena prueba de ello ha sido el nivel de beligerancia dialéctica (y gestual) al que hemos podido asistir durante las comparecencias ante la Comisión para la Transición Ecológica en el Senado de las Ministras de Defensa, Margarita Robles, y Transición Ecológica, Sara Aagesen, y del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska o la del Ministro de Agricultura, Luis Planas, para dar cuenta de la gestión de los incendios. Con el noroeste del país en llamas, ni un solo intento de aproximación, ni una sola muestra de responsabilidad institucional, tan solo un cúmulo de reproches y acusaciones mutuas.

Con cerca de trescientos incendios declarados en lo que va de año, una docena de ellos todavía activos, comparecientes y representantes parlamentarios optaron por aprovechar sus turnos de palabra para culparse mutuamente de los desastres climáticos que hemos sufrido y seguimos sufriendo: de la dana a los megaincendios.

Opinión

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En el momento en el que se hace más necesaria que nunca una verdadera vocación de servicio público antepuesta a los intereses de partido, nuestros políticos optan por olvidar su alta responsabilidad para seguir en el barro, recurriendo a la difamación y los ataques personales, ya sean altos cargos de la administración o rivales políticos, sin ningún pudor. Todo ello ante una ciudadanía perpleja y hastiada por su ineficacia, por su incapacidad de gestionar el riesgo y la emergencia de manera efectiva. En lugar de ello cada uno ha decidido responder por su parte, sin contar con el otro y criticándose mutuamente.

Cada maestrillo con su librillo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentaba el pasado lunes, después de la celebración del primer comité de dirección del partido tras las vacaciones, su propio plan de incendios, el llamado ‘Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal’. Un documento con medio centenar de actuaciones a nivel local, autonómico, nacional y europeo. Entre otras medidas, promueve la ayuda urgente a los damnificados, la puesta en marcha de tareas de restauración o la activación de las medidas de financiación y los fondos estructurales necesarios. La presencia de las comunidades afectadas en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), la exención del pago de impuestos a las empresas afectadas o el refuerzo de la seguridad en las localidades evacuadas.

Uno de los aspectos más sorprendentes y del que se han hecho más eco los medios, es el que se recoge en el punto 38 del documento: “Crear un Registro Nacional de Pirómanos para identificar a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas, especialmente durante los meses de mayor peligro de incendios forestales”. Sorprendente por la ausencia de otras causas mucho más relevantes que sin embargo no aparecen en el documento.

Tal y como señala la Fiscalía General del Estado, existen distintas tipologías de delito relacionadas con los incendios provocados por lo que, aún siendo oportuno, no corresponde centrar la atención de la lucha contra los incendios en la figura del pirómano, pese a su indiscutible significación. Los informes gubernativos atribuyen menos del 7% de los incendios declarados en las últimas décadas, que no es poco, a dicho origen.

Aunque cabe recordar que, tal y como reconocen los médicos, la piromanía obedece a un cuadro clínico de trastorno del comportamiento. Una enfermedad mental que la propia OMS describe como “la incapacidad recurrente para controlar los fuertes impulsos de prender fuego, lo que resulta en múltiples actos o intentos de prender fuego a propiedades u otros objetos, sin motivo aparente”. En el caso de los incendios declarados este año, hasta el momento hay 135 investigados y 50 detenidos, sin que haya trascendido la tipología de delito que se les atribuye. Si se mantuviera la proporción de años anteriores los pirómanos serían tres.

Mucho más reseñable es la apuesta que hace el PP por crear un Fondo Forestal Nacional, como herramienta dinamizadora de la política forestal del Estado e impulsar la gestión forestal como herramienta básica para la prevención de incendios, algo en lo que coinciden todos los expertos. También apuesta por dignificar la labor de los profesionales que trabajan en el monte, algo difícilmente rebatible. Algo que contrasta con el desdén que muestran algunas administraciones autonómicas gobernadas por este partido hacia este colectivo.

Siguiendo en este ámbito, los populares defienden también una mejor planificación y un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, recurriendo para ello al famoso aforismo de que ‘el monte que se utiliza arde menos’. Algo que, aun siendo cierto, puede generar polémica en función de cómo se interprete el concepto ‘utilizar’. No olvidemos que el compromiso superior es conservar y restaurar la biodiversidad que atesoran nuestros bosques, todos nuestros bosques, ya sean de titularidad pública o privada, algo perfectamente compatible con la explotación responsable de sus recursos.

Sonoros 'descuidos' y errores

Un sonoro ‘descuido’ en el plan presentado por el PP es el de proponer un incremento “urgentemente las plantillas del SEPRONA, con dotaciones adecuadas y planificación a largo plazo”, olvidando en cambio la no menos destacable y valiosa labor que llevan a cabo los Agentes Forestales y Medioambientales que dependen de las comunidades autónomas. Unos profesionales de alta vocación y gran compromiso que actúan como policía forestal en el monte, reforzando la excelente labor que realiza el cuerpo especializado de la Guardia Civil, pero a los que se sigue ninguneando a nivel administrativo.

La bronca política es incendiaria. Los altos niveles de deslealtad institucional impiden la acción conjunta ante las emergencias

Y un grave error: el de no aludir, ni en la entradilla que da inicio al documento ni en ninguno de sus apartados, a la necesidad de mitigar las causas de la crisis climática. Una causa mayor que, como ha quedado científicamente demostrado, incrementa el riesgo de incendio, multiplica su potencial destructivo y reduce las posibilidades de extinción convirtiéndolos en inapagables. Resulta incomprensible que desde una formación política que ha gobernado y aspira a volver a gobernar España, uno de los países que se están viendo más afectados por el cambio climático, se mantenga un silencio tan sonoro al respecto.

Una postura que roza el negacionismo y que contrasta con la del Gobierno, que en el primer Consejo de Ministros, y tras aprobar la declaración de zonas de emergencia los territorios afectados por los incendios, ponía en marcha las primeras iniciativas del pacto de Estado frente a la emergencia climática presentado por el presidente Pedro Sánchez. Un pacto que apela a la colaboración de todos y que, según sus propias palabras, debe quedar “fuera de la lucha partidista”. Un consenso que, en mitad de la bronca política que vive nuestro país, parece totalmente imposible de alcanzar, pero que sin embargo tiene un esperanzador antecedente.

El espejismo de la concordia

Hace ahora un año, en septiembre de 2024, todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, excepto Vox, unieron sus fuerzas al firmar algo muy similar: la iniciativa ‘Mandato por el clima’. En aquel acto institucional, conducido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tanto PP como PSOE, Sumar, EH-Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos, BNG, UPN y Coalición Canaria se comprometieron a unir voluntades con el propósito de “aplicar medidas urgentes para la adaptación de la sociedad y la economía al cambio climático”.

Las propuestas del PP son del todo oportunas. Prestar el máximo apoyo a los afectados y restaurar con la mayor celeridad posible los entornos naturales es algo urgente en lo que todos deberían coincidir. Elevar el rango de la gestión forestal es del todo acertado. Incluso lo de ponerle una pulsera electrónica a los pirómanos, aunque pueda parecer anecdótico, no es incoherente. Y sí, es cierto que sin presupuestos generales del Estado es más difícil luchar contra el fuego, como lo es que la competencia de las actuaciones en materia de prevención y extinción recae en las comunidades autónomas, gobernadas en su mayor parte por el PP.

Por todo ello, en lugar de buscar fisuras para meter el dedo acusador y tratar de ridiculizarlas, en pos del consenso y la necesaria unidad de acción frente al riesgo y las emergencias, tal vez habría sido más oportuno por parte del PSOE mostrar menos beligerancia. Todo ello sin olvidar que, como recordaba el célebre economista norteamericano Irving Fisher, “el riesgo se mueve de forma inversa al conocimiento”, por lo que la primera medida para eludir el riesgo al que nos enfrentamos debe ser la de tener un poco más de respeto al conocimiento científico, dejar de hacer política con la crisis climática y actuar con mayor lealtad por parte de todos, ya estén en el gobierno o la oposición.

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Por eso, además de las propuestas presentadas, el PP debería apoyar y promover acciones de rango superior que puedan contribuir a la adecuada respuesta adaptativa a las consecuencias del cambio climático. Algo que pasa por lo que todos sabemos: acelerar la transición justa hacia un modelo energético basado en las renovables, reconocer que es necesario reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en todos los sectores y apoyar las medidas para avanzar hacia una economía circular y baja en carbono.

Promover la participación ciudadana en la acción climática y educar a los más jóvenes en el amor a la naturaleza y el cuidado del planeta. Y acaso lo más importante: dejar de fomentar la duda y de flirtear con el negacionismo por intereses de partido. Solo así lograremos generar el necesario consenso social para eludir los peores escenarios a los que nos está empujando el cambio climático. Unos escenarios que se ven alentados por la desunión y la bronca política. Por todo, llamémosle como queramos, pero ese pacto de estado, ese contrato social, es cada vez más imprescindible y urgente.