La salida del Tratado de La Carta de la Energía: una decisión más necesaria que nunca
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Germán Renau Martínez

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La salida del Tratado de La Carta de la Energía: una decisión más necesaria que nunca

Este tratado, adoptado en la década de los 90, tiene el objetivo de proteger los intereses de la industria energética, permitiendo a inversores extranjeros demandar a los Estados ante tribunales privados

placeholder Foto: El Tratado de la Carta de Energía protege las inversiones en el sector energético, especialmente en los combustibles fósiles. EFE
El Tratado de la Carta de Energía protege las inversiones en el sector energético, especialmente en los combustibles fósiles. EFE

Europa quiere liderar la lucha contra el cambio climático. Tras haber jugado un papel diplomático importante en la adopción del Acuerdo de París, actualmente está construyendo un marco climático integral en el que la Ley del Clima se sitúa como el pilar central para convertirse en el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Los esfuerzos, en términos de compromisos y políticas para acelerar la necesaria transición energética, están claros. Pero todo ello quedará comprometido si la Unión Europea (UE) no abandona el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional firmado en los años 90 que protege las inversiones en el sector energético, especialmente en los combustibles fósiles. Para alinearse con las recomendaciones que indica la ciencia y descarbonizar la economía, es clave aplicar los objetivos de la transición al modelo económico en su conjunto. Para ello, es imprescindible que exista coherencia de políticas. No es posible adoptar compromisos climáticos y, al mismo tiempo, proteger los combustibles fósiles.

"El TCE permite a los inversores extranjeros demandar a los Estados ante tribunales privados"

Permanecer en este tratado tiene consecuencias muy concretas. Lo hemos visto con el caso reciente de la energética alemana RWE, que ha demandado a los Países Bajos a través del TCE debido a la adopción de una nueva ley para eliminar el carbón de la producción de electricidad en 2030. El gobierno holandés arriesga hasta 1.400 millones de euros: dinero público que se necesita urgentemente en la transición ecológica. Y este no es un caso aislado. Otros países europeos como Italia, Alemania o Eslovenia se enfrentan a demandas millonarias en el marco del TCE por adoptar medidas para limitar el calentamiento global. En un momento en que los países están a pocos pasos de implementar políticas climáticas ambiciosas, el riesgo es aún mayor.

En 2020, los países signatarios del Tratado iniciaron un proceso de modernización bajo el liderazgo de la Secretaría del TCE, con el objetivo de alinearlo con el Acuerdo de París. Ya se han celebrado cinco rondas de negociación, pero hasta la fecha los resultados están lejos de estar a la altura de las circunstancias. Los dos pilares del Tratado permanecen intactos: el mecanismo ISDS que permite a los inversores extranjeros demandar a los Estados ante tribunales privados, y la definición de actividad económica en el sector energético que incluye la protección de los combustibles fósiles. Algunos países signatarios no tienen interés en excluir los combustibles fósiles de las energías protegidas por el TCE. En este contexto, las negociaciones continúan en 2021 sin fecha de finalización. Bajo este proceso estéril corremos el riesgo de perder un tiempo muy valioso, sin que se alcancen resultados concretos.

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Las empresas energéticas pueden demandar a los estados en tribunales privados. Reuters

El TCE contiene una “cláusula de continuidad contractual” que ata a los gobiernos a los intereses de la industria fósil incluso si deciden abandonar el Tratado: permite que los países puedan ser demandados durante 20 años más a partir de la fecha de salida. Algunos gobiernos sostienen que permanecer en el TCE es la única opción para evitar la activación de esta cláusula. Pero hay una solución.

Pedimos una salida coordinada del TCE a nivel europeo que venga acompañada de un acuerdo previo, entre todos los Estados de la UE y los Estados no pertenecientes a la UE que quieran adherirse, para anular la cláusula de continuidad contractual entre los países que lo firmen. Las demandas intraeuropeas -entre Estados miembro de la UE- representan dos tercios del total de las demandas registradas bajo el TCE. Un acuerdo de este tipo reduciría considerablemente el riesgo para las economías de los países que abandonen el Tratado. Son muchas las voces que señalan esta estrategia como una oportunidad factible: personas de la comunidad científica y académica, parlamentarias y parlamentarios, jueces y la ciudadanía en todo el mundo.

Foto: Central de carbón. (EFE)

Si esta salida coordinada no es una posibilidad ahora mismo, los Estados signatarios del Tratado que ya han mostrado una ambición común respecto al proceso de modernización, pueden y deben salir del Tratado conjuntamente. Países como Francia, España y Austria podrían tomar la iniciativa y sentar las bases para que otros países se sumen. Además, incluso es posible lograr este acuerdo previo a la salida del Tratado con otros Estados que decidan permanecer en el TCE.

La Unión Europea nace con el espíritu de unirse para construir la paz, proteger los intereses comunes y ser más fuertes juntos. Proteger la paz significa proteger un clima viable para todas las personas que habitan el planeta. La UE tiene la oportunidad de demostrar una vez más que comprende los retos de nuestro tiempo y que es capaz de actuar en coherencia con ese espíritu común.

Tras la celebración de la quinta ronda de negociaciones para modernizar el TCE en junio, esperamos que se tomen acciones.

Germán Renau Martínez es diputado español del PSOE y portavoz en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso. 

Marjolaine Meynier-Millefert es diputada francesa de La République En Marche (LaREM) y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible en la Asamblea francesa.

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