El lobo, un grave problema de convivencia social

El sector ganadero cumple un importante papel social y económico en nuestro país, vertebra y da cohesión a gran parte de la España rural. Se desarrolla en 350.000 granjas de toda la geografía nacional que hacen la aportación de 16.000 millones de euros a la producción final agraria. Según la FAO genera 2,5 millones de empleos y unas exportaciones de casi 9.000 millones de euros.

La ganadería es el sector que más población asienta en el territorio: donde hay unas explotaciones ganaderas bien dimensionadas, hay un 40% más de población y en los municipios del entorno hay mayor porcentaje de población femenina, y una industria alimentaria asociada. Su contribución a la conservación de la biodiversidad y a la prevención de incendios es innegable.

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Dudo mucho que estos elementos se hayan tenido en cuenta cuando el pasado mes de febrero el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, decidió forzar una votación para prohibir el control del lobo en toda España, sin razón jurídica ni normativa alguna, sin datos que lo avalen, sin requerimiento europeo ninguno, más bien al contrario saltándose la excepción que establece el art. 16 de la Directiva hábitats 92/43/CEE, sin contar con los informes de expertos de la administración que llevan años conviviendo con el problema y lo que es aún más inaudito, sin consenso alguno con las CCAA afectadas, es más utilizando a las que ni tienen ni tendrán lobos jamás, pero son de su mismo color político, para perpetrar el cambio.

Simple y llanamente por ideología extrema de una malentendida protección de la especie, de un ecologismo de salón y una clara animadversión del Gobierno de España hacia la ganadería que venimos denunciando hace tiempo desde el Partido Popular (las campañas contra el consumo de carne, las falsas acusaciones de impacto ambiental de la ganadería, los recortes de las ayudas de la PAC, etc.).

El lobo es un animal protegido en España desde hace muchos años, de hecho el número de ejemplares ha crecido un 20% en los últimos 10 años. Fundamentalmente, en seis comunidades autónomas, Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón y Castilla y León, además de Madrid, en menor medida.

A nivel europeo, la conocida como Directiva hábitats obliga a los Estados miembros a proteger la especie, si bien en su art. 16 recoger una excepción muy clara por la que es aconsejable permitir el control cinegético literalmente “para evitar daños graves en especial a los cultivos, al ganado, a los bosques, etc.”.

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El pasado 18 de noviembre de 2020, el gobierno publicita un borrador de la Estrategia para la Conservación del Lobo que proponía cambiar lo que hasta aquí había funcionado, e incluir todas las poblaciones españolas de la especie en el Listado Lespre, Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Y homogeneizar el estatus de protección de la especie a nivel nacional, que diferenciaba entre las situadas al norte del Duero (zonas con control cinegético autorizado) y al sur del Duero (no autorizado) y prohibir la caza del lobo en toda España

Sin atender a la parte técnica y profesional del ministerio de Agricultura, que el 3 de febrero de 2021, en escrito dirigido a los responsables de las CCAA, señalaba como en el caso del lobo...

La convivencia del lobo con la ganadería extensiva implica que una decisión de este tipo tenga una acogida negativa por los afectados

“De acuerdo con los criterios de determinación del estado de conservación de la especie según la directiva de hábitats, en ningún caso se puede determinar que el estatus de esta especie —ni por la evolución de su dinámica poblacional, ni por la extensión o evolución de su área de distribución natural— sea desfavorable. Tampoco su consideración en la directiva en el anexo II o IV, únicamente aplicables para las poblaciones al sur del Duero. Finalmente, la difícil convivencia del lobo con la ganadería extensiva implica que una decisión de este calado tenga una acogida muy negativa por los sectores afectados, en un momento en el que la crisis del covid-19 les ha afectado particularmente. En definitiva, consideramos que más allá de homogeneizar el nivel de protección el lobo, dentro de la estrategia aún existe margen suficiente para mejorar el estatus poblacional del lobo en nuestro país, así como las medidas de convivencia, utilizando los mecanismos medioambientales y aquellos presentes en la Política Agraria Común, SIN recurrir a medidas drásticas con una elevada incidencia económica y social sobre determinados territorios y sistemas ganaderos con importantes externalidades territoriales y ecológicas”. Esto lo decía el día 3 de febrero la DG responsable del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Y lo decía con conocimiento de causa porque no solo hay un 20% más de lobos, sino que, donde está prohibida la caza los ataques a la ganadería son insoportables: durante 2019, han sido casi 14.000 las reses atacadas por el lobo (13.878) para ser exactos en las cuatro regiones afectadas, Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria, que concentran el 95% de esta especie.

En el caso concreto de la comunidad de Castilla y León tan solo en el año pasados se han registrado 3160 animales muertos en explotaciones ganaderas por parte de los lobos, lo que supone más de ocho animales cada día del año.

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Esta semana el BOE hacía realidad el deseo de la Sra. Ribera prohibiendo totalmente la caza del lobo, de nada han servido informes y datos técnicos, manifestaciones de ganaderos, poco ha tenido en cuenta los episodios vividos este verano, lobos entrando en las casas cuando había niños dentro. El lobo por encima de la seguridad de las personas y de las familias, la ideología por encima del sentido común, de la convivencia social, de la economía rural e incluso de los intereses ambientales y de la propia especie. El control cinegético de la especie Protege al lobo, un crecimiento ilimitado y sin control no ayuda a su pervivencia, sino todo lo contrario, de hecho, allí donde el lobo estando protegido ha podido ser controlado mediante la caza, ha aumentado el número de ejemplares. Un 20% en los últimos 10 años. Allí donde no ha estado permitido lo único que ha aumentado es el número de ataques a la ganadería, no el de lobos.

Hacer compatible el lobo y la ganadería pasa también por ese control cinegético no por quitar dinero de la PAC a los ganaderos con una mano y dárselo en compensaciones por los ataques con otra. No hay dinero que compense la brutal agresión del lobo y el estrés que sufre toda la cabaña y el ganadero.

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La barbaridad es de tal proporción, que todas las CCAA se han unido, la sociedad, las organizaciones profesionales agrarias, colegios profesionales, todos contra esta decisión tan arbitraria como ideológica y dañina para el campo.

El problema generado por el Gobierno donde no lo había, provocará tal rechazo social y animadversión hacia el lobo que por puro instinto de protección llevará al furtivismo y eliminación descontrolada, justo el efecto contrario del que supuestamente se persigue para garantizar la conservación de la especie.

Una vez más el Gobierno de la nación impone su ideología sin consultar con nadie y sin importarle las consecuencias. Ya solo quedan los tribunales para poner las cosas en su sitio, y dar seguridad a la vida en nuestros pueblos.