Por un no a la taxonomía que solo beneficiaría a Francia y Alemania

Entre el 6 y el 7 de julio el movimiento climático estará pendiente del voto en el pleno del Europarlamento del llamado Acto Delegado Complementario de la Taxonomía, que fijará el tratamiento del gas y nuclear en las inversiones. La Taxonomía europea es una herramienta para orientar las inversiones del sector privado hacia una economía acorde con los objetivos de lucha contra el cambio climático y otros cuatro retos ambientales.

Nada baladí, ya que, de acuerdo según las previsiones de la agencia Moody’s, en 2022 lo invertido en bonos sostenibles alcanzarán los 1.35 billones de dólares, es decir, suficiente para cubrir los presupuestos generales del Estado durante tres años. Es un mercado que aumentó en un 64% el año pasado y que, según la misma agencia, todavía tiene margen de crecimiento.

"España vería como miles de millones de euros se dirigirían a seguir financiando combustibles fósiles en Alemania o energía nuclear en Francia"

Este espectacular crecimiento ha sido la motivación de la Unión Europea para crear una herramienta que, basada en el conocimiento científico, determine qué bonos son realmente verdes y cuáles no. Tarea que hasta ahora han realizado los propios bancos, con bastante poca objetividad. Precisamente, la ingente cantidad de dinero en juego ha hecho que sea tan compleja la aprobación del reglamento de la Taxonomía. La industria que puede verse perjudicada, así como los países que necesitan financiación privada para impulsar ciertos proyectos, se han volcado en conseguir que el reglamento jugara a su favor.

Este es el caso de Francia y Alemania. Francia necesita miles de millones para poder reformar sus reactores nucleares. Alemania, en cambio, necesita un impulso para poder cerrar los 45 Gw de potencia instalada en centrales térmicas, y para ello tiene programadas o ya en construcción 27 centrales de ciclo combinado, que usan gas fósil como combustible.

No se puede explicar de otra manera la casualidad de que la propuesta de acto delegado complementario responda específicamente a las características de los reactores nucleares franceses y de las centrales térmicas alemanas y que prácticamente excluyan posibles inversiones al resto de países miembros, que apenas recibirían un 3% de las inversiones verdes.

Por ejemplo, los países del Este de Europa no podrían beneficiarse de financiaciones derivadas de estos bonos para reformar sus reactores nucleares, ya que una de las exigencias es que el país cuente con un almacén de residuos altamente radiactivos. Requisito que Polonia, Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia no cumplen, por lo que no podrán recibir esa financiación.

El caso de España es similar. Actualmente, contamos con un plan de cierre de las centrales nucleares en 2035, por lo que nuevas inversiones no tienen sentido. En el poco probable escenario de un cambio de guion, tampoco podríamos acceder a esos fondos, ya que tampoco contamos con el almacén de residuos nucleares. La historia reciente ha demostrado la fuerte oposición social a la construcción de este tipo de almacenes, lo que descalifica a España como receptor de estas inversiones.

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Sin embargo, Francia sí cumple en este momento con todos los requisitos establecidos en la taxonomía para instalaciones nucleares, y podría llevarse hasta el 53% de los fondos derivados de la taxonomía si el Parlamento Europeo aprueba la propuesta de la Comisión.

En el caso de la financiación para el gas, la Comisión ha establecido que las centrales que usan gas, las de ciclo combinado, deben cumplir un total de ocho criterios para obtener fondos derivados de bonos sostenibles. Entre ellos figura el que el país en el que se sitúa haya fijado ya el fin del carbón en sus planes climáticos. El carecer de este plan excluye a países muy dependientes del carbón, como Polonia. Sin embargo, Alemania sí cumple con todos los requisitos, y sería el principal beneficiario de esta inclusión, ya que podría financiar las 27 centrales de ciclo combinado que pretende construir en los próximos años.

En el caso de España, el Gobierno fijó la fecha del cierre definitivo de las centrales térmicas en 2030, lo que facilitaría el acceso a estos fondos. Pero no está prevista la construcción de nuevas centrales de ciclo combinado para sustituirlas. Por un lado, porque ya contamos con suficientes instalaciones de este tipo. Por otro, porque tenemos gran capacidad de instalación de renovables, y para poder acceder a la financiación de bonos sostenibles, es necesario demostrar que no es posible una sustitución de la potencia mediante energías renovables.

Si sale adelante la propuesta de incluir el gas y la nuclear en la taxonomía, España vería como miles de millones de euros que se podrían invertir para el desarrollo de las energías renovables, se dirigirían a seguir financiando combustibles fósiles en Alemania o energía nuclear en Francia.

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Por último, es importante señalar que desde el mundo financiero tampoco se ha visto con buenos ojos la inclusión del gas y la nuclear en la Taxonomía. Por ejemplo, el grupo de inversores institucionales IIGCC, que maneja más de 50.000 millones de euros en activos, publicó una carta abierta pidiendo la exclusión del gas de la taxonomía, argumentando que considerar el gas como sostenible socavaría la credibilidad del reglamento. Por su parte, el Presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, declaró que, independientemente de lo que contenga la taxonomía, el BEI no tenía ninguna intención de financiar la energía nuclear, y que el tiempo del gas se había acabado. Desde luego, la inclusión del gas y la nuclear genera algo que no gusta a los mercados de inversión: la incertidumbre.

Las razones esgrimidas son más que suficientes para que todos los eurodiputados y eurodiputadas españolas veten el acto delegado complementario de la Taxonomía, sea cual sea su ideología, ya que sería nefasto para las inversiones en nuestro país.

Sara Bourehiyi  Bouraiji es experta en finanzas sostenibles de Ecologistas en Acción.

Nuria Blázquez Sánchez es responsable de internacional de Ecologistas en Acción.