Doñana y los regadíos de su entorno: hechos, interpretaciones y alternativas

Teniendo en cuenta que en estos fenómenos en los que se mezclan legalidades e ilegalidades no es fácil hacer bien las cuentas, los datos relativamente objetivos del actual problema de Doñana y los regadíos son los siguientes: de las 35.100 ha. previstas inicialmente por el Plan Almonte-Marismas (1974) y de sus sucesivas reducciones en favor del humedal de Doñana —convertido en parque nacional en el año 1969—, quedan, por un lado, las 13.500 ha. regadas en el sector nororiental del antiguo acuífero Almonte-Marismas (hoy dividido en cinco “masas de aguas subterráneas”), que afecta a los términos de Almonte, Hinojos, Villamanrique de la Condesa y Aznalcazar, y por otro, a las superficies a las que se refiere el actual debate: las 9.300 ha. de tierra regable en la corona forestal noroccidental del parque nacional, afectando a los términos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

En este último caso, se trata de la superficie incluida en el denominado Plan de la Corona Forestal de Doñana o Plan de la Fresa, que se mandó elaborar en 2003 y fue aprobado definitivamente en 2014. Desde entonces esa superficie regada no ha dejado de crecer por la apertura de pozos ilegales hasta aumentar en una cifra incierta que se mueve entre 900 y 1500 ha., que se siguen cultivando al margen de la ley. Todo ello, lo legal y lo ilegal, hace descender la capa freática del acuífero, clave para el mantenimiento del conjunto de ecosistemas de Doñana, que se desecan de forma alarmante en los últimos años, un proceso acelerado por el ciclo persistente de sequía en un contexto de cambio climático.

Ante este panorama, el 6 de diciembre de 2018 se aprobó en el Parlamento Nacional, tras una proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía, un trasvase de 20 hm cúbicos de aguas superficiales desde la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras para seguir haciendo compatibles los regadíos legalizados y los humedales de Doñana; pero aquellas aguas —cuyo origen fundamental sería el embalse de Alcolea en el río Odiel— tienen un alto índice de toxicidad derivada de la lixiviación de escombreras mineras, de difícil y costosa solución, lo que explica la actual paralización del proyecto. También se plantea incorporar al trasvase aguas del Chanza en su confluencia con el Guadiana, así como de aguas de este mismo río ya en su tramo internacional. Pero dichos recursos, además de inciertos y conflictivos, son también necesarios para los nuevos regadíos del Andévalo onubense y los previstos en el nuevo plan hidrológico de la demarcación Tinto-Odiel —Piedras (2022.2027). En definitiva, y después de un lustro de su aprobación, el trasvase no llega a este entorno y no es plausible que pueda llegar en un corto-medio plazo.

Con tales antecedentes, el Gobierno andaluz decide —a instancias de Vox, que ya lo propuso en la legislatura anterior— aprobar, en sesión parlamentaria del 12 de abril de 2023, una urgente proposición de ley que amplíe la superficie cultivable establecida por el Plan de la Fresa para, contando con las aguas superficiales del futurible trasvase, beneficiar a 650 familias afectadas por la ampliación. A esta propuesta responde el Gobierno nacional anunciando su denuncia ante la Unión Europea, cuya Comisión ha advertido a España por carta de que la aprobación de este plan agravaría significativamente la situación del agua y de los espacios protegidos y conllevaría duras sanciones económicas.

¿Qué pasa en Doñana? Agricultores, regadíos, la queja de Bruselas y un acuífero seco

Carlos Rocha. Sevilla

No es fácil añadir algo que todavía estos días no se haya dicho sobre todo esto. Nuestra interpretación del proceso se desarrolla en varios planos:

• El territorio de Doñana es un laboratorio ecológico, social y político. Esta característica es la expresión más clara de su significación e importancia. Doñana es un ámbito para el que se han elaborado más planes de ordenación y desarrollo territorial que en el resto de España. En uno de ellos, aprobado en 2003, se mandó elaborar un plan sectorial de ordenación de los regadíos de una parte del ámbito: la corona norte del entorno. Es el único plan que existe en Andalucía (y en España) que pretende poner orden en el desorden generalizado del uso del agua subterránea, desde Almería hasta Huelva, pasando por el Altiplano de Granada y la Axarquía malagueña. ¿Por qué solo se intenta aquí? Porque se defiende a Doñana: la joya de la corona de la biodiversidad y de los paisajes de Europa.
• ¿Por qué el PP se ha metido, ya a nivel nacional, en el embrollo de desmontar este plan tan sensible y dificultosamente aprobado veinte años después de que se mandara redactar? Porque en esta plaza emblemática se está disputando, con Vox, el liderazgo de la “defensa del regadío” que, por su potente dimensión simbólica, más allá de su peso socioeconómico, facilita gobiernos no solo municipales, sino provinciales (Alicante, Almería…) y regionales (Murcia, Andalucía…).

Opinión

Doñana, una patada a la inteligencia constitucional

Carlos Sánchez

• ¿Cuál es la alternativa desde una perspectiva progresista, no retropopulista? Abrir un debate social y democrático para llegar a acuerdos consensuados y estables, no dependientes de coyunturas. Ante el argumento social de las derechas de “defensa de cientos de familias que ecologistas y tecnócratas de Bruselas quieren arruinar”, los sectores progresistas —como los que representa la Mesa Social del Agua de Andalucía— están planteando un enfoque redistributivo. No hay solo un conflicto entre regadíos y ecosistemas naturales, y entre legales e ilegales. Aquí, como en el resto de Andalucía, existe un conflicto entre explotaciones especulativas y financiarizadas y empresas familiares y profesionales vinculadas al territorio.

Una alternativa: Hacia la redistribución social del agua y del regadío para conservar Doñana. Ahí están las bases del nuevo discurso que se está construyendo: La explicación de que, con el telón de fondo del cambio climático, es imprescindible activar la transición justa, no retórica y vacía, sino real y territorialmente enraizada, cuyo consecución parte de unos análisis y diagnósticos del modelo productivo agrícola actual del entorno de Doñana (eslabón de la cadena agroalimentaria mundial) y de su estructura socioeconómica, concretada en un marcado dualismo entre pequeñas y familiares explotaciones y grandes fincas de grupos financieros, que perpetúa la tradicional estructura dual de las campiñas andaluzas, modernizándola.

Contamos con una reciente referencia aproximativa a esta estructura socioeconómica referida a las masas de aguas subterráneas Almonte y Marismas, que constituyen dos de las cinco partes del gran acuífero que alimenta a Doñana:

Como muestran los datos (en una primera aproximación que requiere mayores matices), las pequeñas explotaciones (inferiores a 5 has.) son numerosas —hasta el 90% del conjunto— y se extienden por escasas hectáreas —en torno al 20% de superficie acumulada— y, en el extremo opuesto de la tabla y el gráfico, las escasas grandes explotaciones (de más de 100 has.) son una veintena —0,2% del conjunto—, pero ocupan la mayoría del territorio regado —en torno al 70%— y, consecuentemente, son las grandes consumidoras de agua y beneficiarias del regadío.

Será, pues, el enfoque redistributivo el que —según entendemos— debe primar en las concreciones de los procesos de posibles regulaciones del uso del agua que —en este contexto de “transición compatibilizadora, necesaria y justa”— no deben ser lineales, sino afectar con distintas proporcionalidades a las pequeñas explotaciones familiares y enraizadas en el tejido productivo y vivencial de aquellas poblaciones y a las grandes explotaciones multinacionales y financiarizadas.

*Leandro del Moral Ituarte y Juan F. Ojeda Rivera, profesores de Geografía de las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide.