¿Cómo pagamos las pensiones?

“In a Ponzi scheme, when investor growth slows the problem arises. This is exactly the problem that Social Security faces: population growth slows, and now it’s running out of money.” Daniel Inviglio

Hace un par de semanas comentaba en un programa de televisión que España tiene un problema demográfico y que debemos tomar medidas para garantizar las pensiones, tras las noticias de que el Estado ha tenido que utilizar 5.500 millones de euros del Fondo de Reserva en junio.

La reacción fue furibunda, pero la más curiosa fue cuando Pablo Iglesias me dijo que las pensiones son “una decisión política” y como tal se podía -y cito- “poner un impuesto a las grandes fortunas y empresas para pagarlas”. Eso de las “grandes empresas y fortunas” es como el cántaro de la lechera, se usa para justificar cualquier gasto y a correr. Luego, cuando no recaudamos ni una fracción de lo soñado, declaramos la deuda ilegítima, que no pasa nada.

Empecemos por entender que el sistema de pensiones “de reparto” no nos paga la pensión con el dinero que cada uno haya acumulado durante su vida laboral. Los trabajadores actuales pagan las pensiones de los que hoy están jubilados esperando que, cuando ellos se retiren, otros contribuyan a la suya.

Es el “contrato social”. Eso está muy bien si la población activa crece muy por encima de la jubilada... O si creemos en el milagro de los panes y los peces.

El sistema de pensiones es deficitario. Es decir, se recauda menos de lo que se paga. Alrededor de 18.000 millones de “agujero” estimado en 2014.

El secretario de Estado de la Seguridad Social mencionaba recientemente que esperaba que "más pronto que tarde, esa situación de déficit en el sistema de Seguridad Social se reconduzca hacia cifras positivas para el sistema". Sin embargo, las cifras de crecimiento en prestaciones comparado con ingresos seguirán siendo un problema si analizamos las tendencias demográficas del país.

Hay elementos positivos. El aumento de los afiliados a la seguridad social y la caída del paro llevarán a que ese “agujero” se reduzca de manera muy relevante ya en 2015. Sin embargo, no es suficiente generar cierto crecimiento económico y mejorar el desempleo. Aunque unos partidos acusen a otros de llenar o vaciar “la hucha de las pensiones”, todos ignoran un problema obvio de caída de cotizantes a ese sistema en el que cada vez hay más receptores.

Desde 1975, el promedio de edad de la población residente en España ha subido de 33 años a 42. La población española es una de las que más envejece en media de la OCDE. Pero es importante recalcar que el problema demográfico se genera por la caída de la fecundidad y no porque las personas vivan más años, que es una bendición.

El crecimiento vegetativo de la población, es decir, nacimientos menos muertes por cada mil habitantes, ha pasado de 10,5 a 0,8 entre 1975 y 2013, y se estima que será negativo en 2016 (todos los datos son del INE).

La unidad familiar ha perdido un 44% de miembros de media desde los años 70.

El número de nacimientos anuales ha caído desde 669.000 en 1975 a 425.000 en 2013. Así, la población con 65 años o más ha crecido de un 11% a casi un 19%. Unos 100.000 jubilados anuales adicionales desde 2008.

En Suecia, los salarios medios son un 60%-70% superiores a los de España y tuvieron que modificar su sistema de pensiones a uno mixto (público-privado) ya que el estatal era insostenible. Y en España, las pensiones ya suponen casi 127.500 millones de euros, el 35,9% del presupuesto.

La reducción del paro hará que las prestaciones por desempleo caigan, pero España se endeuda en unos 65.000 millones anuales, con lo cual la caída del paro no hace “hueco” para cubrir unas pensiones crecientes. Se paga dicha diferencia con deuda.

Por supuesto, nadie defiende que las familias tengan que ser iguales que en 1975 ni que se tenga que penalizar a los jubilados por los cambios demográficos. Pero no se debe engañar a la población sobre la sostenibilidad del sistema desde posturas partidistas.

Por ello, se debe avanzar hacia un sistema dual, de reparto (publico) y de capitalización (aportación privada), donde los jóvenes trabajadores puedan saber a ciencia cierta cuánto están acumulando para su jubilación sin hacer una apuesta suicida a que quede algo en la hucha de las pensiones cuando se retiren.

No es una propuesta liberal y anti-social. Es el modelo que se utiliza en Suecia, y que ha garantizado que las pensiones sean sostenibles tras situarse al borde de la quiebra. Así evitamos que el sistema de pensiones sea una apuesta con los ojos vendados a que la población activa crezca cuando nos jubilemos.

Los documentos defensores del sistema de reparto a toda costa, de Attac por ejemplo, muestran cifras que llevan a cualquier país a la quiebra, si la población mayor de 60 años llega al 33,2% en 2040, como ellos mismos estiman. Si el 35,9% del presupuesto se consume en pensiones, con un 19% de jubilados, y España dedica el 45% de su PIB al gasto público, imaginen el peso del Estado y el nivel de impuestos necesario si más de la mitad del presupuesto fuera a pagar pensiones en 2040.

Asumiendo un nivel de paro del 5%, seguiría siendo imposible de financiar. Pero, sobre todo, haría que la probabilidad de que los jóvenes accediesen a una pensión se redujese aún más que hoy.

Lo que esconden estos defensores de lo “público” es que las reformas son inevitables. Países como Francia han hecho tres cambios drásticos desde 2003 y casi todos los países de la Unión Europea han reformado sus sistemas de pensiones desde 1996, retrasando la edad de jubilación, por ejemplo.

Intentar sostener el sistema de reparto con mayor gasto y empleo público es simplemente económicamente incoherente. Para “llenar” desde el estado una parte del agujero de las pensiones, el gasto público se tendría que aumentar masivamente (35.000-40.000 millones de euros anuales, piden algunos), disparando el déficit, y con ello, los impuestos, destruyendo consumo e inversión privada. Intentandocubrir un agujero cavando más hondo.

Intentar suplir los ingresos con impuestos confiscatorios hunde la inversión, la actividad económica y el incentivo para crear riqueza y… lleva al sistema público a quebrar.Pretender cubrir el agujero de 2014 de las pensiones con “impuestos a las grandes empresas” es intentar recaudar una cantidad equivalente al… ¡53% de los beneficios de las 7.000 mayores empresas de España!.

La prosperidad y la inmigración son factores esenciales, y positivos, para un sistema de pensiones sostenible. Y ninguna de las dos se consigue con políticas intervencionistas. Dos tercios del crecimiento de la población entre 1975 y 2013 se ha debido a los inmigrantes y sus descendientes. Pero no es suficiente. Si la población mayor de 60 años se acerca a la cifra de 33%-35% que estiman los analistas para 2040, no podemos engañar a los jóvenes diciéndoles que el sistema actual está garantizado, o que se puede financiar sacando del bolsillo de los demás a impuestos.

La garantía de que los jóvenes vayan a recibir una pensión y la solución al envejecimiento de la población viene de implementar un modelo mixto público-privado, del crecimiento económico y mejores condiciones para crear riqueza. Sin un crecimiento sostenido y apertura, ningún modelo es sostenible. Sin un modelo mixto, nos vemos abocados a recortes constantes cada cierto tiempo.

No olviden que los que hoy prometen jubilaciones de oro para todos con dinero salido de la nada, luego son los que crean hiperinflación -y las pensiones no valen nada-, o devalúan la moneda y hacen impago… y adiós jubilados.

Es por ello que, cuando planteamos el modelo económico de nuestro país no podemos partir de la base del intervencionismo y la autarquía. Como país sin recursos naturales y con la estructura de población descrita, lo único que va a garantizar nuestras prestaciones sociales es atraer capital, inversión, mejorar la riqueza y entender nuestra pirámide de población, como hizo Suecia.

La injusticia social que supone que alguien quehaya trabajado toda su vida para los demás tenga casi asegurado que no cobrará pensión alguna es, simplemente, inaceptable, puesto que condena, de nuevo, a los más jóvenes.