38.000 puestos de trabajo cualificado en juego por el “tax lease”

El tema de hoy se las trae, y es que, aunque no se le esté dando mucha publicidad en los medios nacionales, España se está jugando unos 38.000 puestos de trabajo altamente cualificados por culpa del “tax lease”. ¿Y qué es eso del “tax lease”? Pues una vía fiscal por la cual el sector naval tiene ciertas ventajas a nivel impositivo. A algún vecino, que también fabrica barcos, se le ha ocurrido la idea de denunciarnos ante la comisión de competencia europea por dicha práctica, seguramente pensando en que la crisis que vivimos no es suficiente diversión para nosotros. Son más majos... Y mientras se estudia quien tiene razón nuestra industria naval se sitúa en el limbo, la inseguridad jurídica provoca la paralización del sector cuando no la “espantada” de los posibles clientes, por lo que peligra toda una industria de alto valor añadido, facturación y capital humano. Casi nada.

 

Como sabrán el sector naval es altamente competitivo a nivel internacional, tanto que no pocas voces acusan a países del sudeste asiático, por ejemplo a Corea del Sur, de prácticas de “dumping” por vender por debajo del coste. Se ha intentado globalmente eliminar las ayudas directas a los armadores en favor del libre mercado y todas esas utopías, pacto que ha sido siempre mal recibido por estos países. Por ello, a pesar de no permitir la ayuda directa, se han instrumentado en TODOS los países mecanismos para empujar sutilmente a la industria, es el caso del conocido “tonnage tax” europeo o de lo que nos incumbe actualmente: el “tax lease”.

 

¿Qué es el “tax lease”? Algo difícil de explicar, pero lo intentaré. Tenemos a tres protagonistas: el armador que quiere su barquito, la empresa de leasing que está deseando aumentar su volumen de negocio y la AIE, agrupación de interés económico, que es el vehículo fiscal usado para que todo el mundo se sienta feliz. Pues bien, el armador vende el barco en construcción a la empresa financiera, que a su vez realiza un leasing con la AIE. A su vez esta última realiza un contrato de explotación con el armador, por lo que cobra unas cuotas con las que pagará a la entidad financiera, que a su vez pagará al armador. El efecto neto es que el barco es financiado para su construcción, se necesitan aproximadamente un 20% en fondos propios, y que “por arte de magia” se han pagado muy pocos impuestos. ¿Cómo?

 

La AIE se beneficia por el Impuesto de Sociedades (LIS) de una amortización acelerada en 3.5 años, por lo que elude el pago fiscal presente. Esas bases imponibles negativas son trasladadas como un menor coste a las cuotas de explotación realizadas por parte del armador (de ahí la ventaja en la fabricación del barco y su abaratamiento) y también como una forma de “optimización fiscal” para los socios de dicha sociedad. ¿Quiénes son estos socios? Pues grandes empresas con grandes bases imponibles a las que les interesa participar para poder compensarlas en el grado en que se pueda.

 

Pues bien, todo este circo para poder decir que somos superliberales por no dar ayudas directas y competir igualmente con países que sí lo hacen, ahora está en entredicho. Holanda, Noruega, Finlandia, Francia y Portugal nos han denunciado, aunque cuentan todos ellos con sistemas de ayuda, y aunque otros países europeos tienen beneficios fiscales casi calcados al nuestro, pero claro, no fabrican tantos barcos. Así que mientras la Comisión decide en España no se fabrica nada, bueno sí, se ha conseguido un pedido en los primeros meses de 2011… y es que como la justicia europea sea tan veloz como la española me estoy imaginando a 38.000 personas formadas en la calle, los denunciantes parten con una clara posición de ventaja.

 

Ahora bien, el desenlace es difícil que sea totalmente favorable, y tengo dos motivos de peso para pensarlo. El primero es que Francia, que ahora nos denuncia, utilizó hasta 2006 un método prácticamente idéntico y tuvo que ser modificado. Resolución que es la más probable en este caso aunque seguramente no sea lo que más preocupa a los armadores. Ventajas tienen todos los países y probablemente aquí seguirán existiendo, el problema es que mientras el tiempo pasa los astilleros entran en suspensión de pagos… Basta que España necesite empleo, necesite valor añadido o facturar para que nos hagan así la puñeta.

 

El segundo motivo de peso es que Inditex era una de esas empresas que legítima y lícitamente se acogieron a participar como socios en una AIE, hecho que pueden consultar en sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009. En ellas podrán encontrar la siguiente relación de sociedades asociadas:

 

 

Y digo “era” porque si buscamos similar conjunto en las cuentas del ejercicio siguiente, es decir de 2010, el resultado es cero. Vamos, que si la búsqueda no ha sido equivocada la empresa ha puesto pies en polvorosa. Y cuando una empresa como Inditex, con un fantástico personal de fiscalidad, no lo considera interesante es que, definitivamente, algo no va bien.

 

No obstante, aunque es probable que el resultado sea negativo y haya que realizar unos ajustes en el proceso, lo importante es que nos digan cuanto antes qué está mal y qué está bien para así tener seguridad jurídica y seguir compitiendo en este mercado reconocidamente adulterado. Unos excelentes barcos y trabajadores dependen de ello, esperemos por el bien de todos conocer lo antes posible el desenlace.