Las empresas de Ibex echan pestes del Código Conthe… y los minoritarios también

“Si la CNMV quiere cambiar las reglas de juego, que las cambie y se deje de historias con un código que no es de obligado cumplimiento, pero cuyos incumplimientos deben ser explicados y justificados”. Son las reflexiones en voz alta del consejero delegado de una gran compañía cotizada en el Ibex que prefiere permanecer en el anonimato.

No estamos ante una crítica aislada para un proyecto de código de buen gobierno, fusión de los de Aldama y Olivencia, que ha sido tachado como poco de intervencionista y que Manuel Conthe mantiene en periodo de consulta.

El dichoso Código Conthe ha provocado las iras de los gestores del Ibex porque, entre otras cosas, parece fundamentado en criterios de desconfianza en la gestión “más que en el espíritu constructivo empresarial”, según los argumentos de otros representantes de entidades también presentes en el Ibex.

Por lo pronto, las empresas del selectivo están en contra del método que siguió Conthe para la configuración del grupo de expertos y, simplemente, no se sienten representadas por Aldo Olcese, Jesús Cainzos y Ana María Llopis. Y ello no significa que tengan nada contra ellos. Simplemente estiman que Conthe ha hecho el código sin contar con los auténticos actores del mercado. En el proceso de su gestación, de unos cuatro meses, no se ha consultado a “los verdaderos representantes de la empresa cotizada española”. Y lo dice una grande.

Eso sin tener en cuenta a los minoritarios, que tampoco ocupan un lugar destacado en las prioridades del código. Los accionistas de Accter.com, que son el embrión de una asociación llamada Accionis, han considerado el código tibio, aunque, eso sí, con mucho “talante”. También se quejan de no haber sido consultados, pero están en contra de la opinión de las grandes empresas que consideran el código una injerencia.

Es cierto que el activismo en España es muy relativo, y mucho más el independiente, pero en este punto la CNMV ha preferido, según parece, a sus propios expertos más que a representantes de este colectivo, que los hay. Desde Accionis se quejan de lo poco que dedica el código a estas asociaciones, de que además no exige el voto electrónico a las sociedades ni la identificación de los votos delegados de forma oculta en los consejos para una junta de accionistas, amén de que no determina qué es realmente “accionista minoritario”.

Por su parte, algunas de las grandes empresas del Ibex critican, por ejemplo, los extraordinarios requisitos para ser considerado independiente, porque simplemente provocan la exclusión y su “inamovilidad”, prácticamente blindados en los cargos, amén de que se plantea la posibilidad de crear algo así como “un consejo dentro del consejo”.

Una vez que sea de aplicación veremos dónde están y quiénes son los famosos independientes y esos vicepresidentes que no trabajan para nadie y que actúan de Pepito Grillo entre un presidente ejecutivo y el resto del consejo. Esto simplemente parece elaborado en contra de la convivencia interna de la empresa. Si se quiere meter mano a los presidentes ejecutivos, que se haga abiertamente, pero no de este modo sibilino.

Si existen indicios de mala práctica empresarial, lo justo es ir al juzgado y denunciarlo. Si se teme que los ejecutivos de las empresas del Ibex estén ahí sólo para llevárselo crudo, habría que hacer normas y leyes rígidas de obligado cumplimiento, no códigos que no son de obligado cumplimiento, pero sí de obligada explicación.

Los empresarios que pilotan las empresas del Ibex se quejan del código por la forma y el fondo, del que surgen a raudales efluvios de desconfianza sobre los gestores. Los empresarios españoles no son madres teresas de Calcuta, pero cuando se deslizan por la pendiente inadecuada no hay código que valga más allá del Código Penal. Lo demás son zarandajas.

No podemos pasar de un extremo al otro. De que la junta de accionistas no pinte nada, a que pinte más que nadie. Debe haber un punto intermedio y, sobre todo, estaría bien que el Ministerio de Economía aplicara normas de buen gobierno en la CNMV y dejara de nombrar a sus ejecutivos para escoger a independientes, si es que los encuentran. Lo mismo podría hacer con otros organismos reguladores como la CNE, el TDC o la CMT.

Por cierto, dicen los minoritarios que el CNMV jamás ha practicado ni defendido en el ejercicio de su responsabilidad lo que ahora defiende en un borrador.