Información privilegiada, Ley de Opas, comisiones, asesores: menos códigos y más legalidad vigente

El insider trading o uso de información privilegiada sigue siendo uno de los principales problemas de los mercados de valores mundiales, y por supuesto españoles, y no hay código que sea capaz de poner coto a esta pandemia.

Poco hacen los reguladores con los ejecutivos expertos en calentar los valores donde toman posiciones y/o están presentes con insinuaciones sobre futuros planes, que luego no cumplen, previsibles OPAs, posibles transacciones... Lo vemos cada día en el sector hotelero, en el de telecomunicaciones, en el constructor, entre grandes y pequeños valores, no digamos ya entre los chicharros.

De poco sirven los códigos de conducta si la Ley de OPAS se ha convertido en ley y trampa con posibilidades de comprar un poco y tomar realmente el control. Las OPAs parciales son simplemente la puerta de atrás para comprar sin pagar la prima que sería necesaria si se quisiera comprar una empresa como Jazztel o Unión Fenosa, no digamos las grandes constructoras.

Pero ahí están, obligando a que los pequeños inversores pasen apelotonados, con dos forzudos japoneses -como en el metro de Tokio- empujándolos por una pequeña puerta. Y así ocurre, que una buena parte de ellos se queda fuera, gracias a los enormes prorrateos. El beneficiado resulta, claramente, el tomador, que acaba gestionando la empresa sin necesidad de comprarla entera, ni siquiera con mayoría.

Quizá no se hagan con un tercio del consejo, pero lo deciden todo. Pueden cambiar equipos directivos enteros de segunda y tercera fila y modificar la filosofía de la empresa en cuestión de segundos. Todo dentro de la ley, porque la norma lo permite.

Sobran los códigos para todo esto. Y de poco sirven cuando un presidente de una empresa o de un banco decide elevarse el suelo y poner un fondo de pensiones estratosférico, con el beneplácito de su consejo.

Cada día lo vemos y sobran las citas y los toques de atención de Conthe, dedicado de vez en cuando a Pepito Grillo de la prensa. De qué sirvieron los códigos Aldama y Olivencia cuando un juez dictó auto a favor de aquellas indemnizaciones millonarias para los ex del BSCH. ¡Todo legal!

Y ahora se habla de un código para las gestoras y, mañana, otro para los periodistas y, pasado, otro para los reguladores.

Cuando el pasado viernes, una parte de los presentes en los premios Fondos de Inversión de Expansión escuchó a Manuel Conthe, que empezó a hablar de rentabilidades y riesgos, a más de tres gestores les sonó a sermón de la montaña, igual que cuando le dijo a Florentino, más o menos, que con el tiempo las rentabilidades se olvidan.

Lo cierto, por encima de los códigos, es que la figura del asesor financiero no existe y al no existir, tampoco obliga a responsabilidad alguna: porque en este país asesora hasta el sursum corda. Luego está aquello de los bancos de inversión y sus análisis, los de sus brokers, y las de sus expertos en renta variable o sus gestoras. Todos a una, con muchas murallas de por medio, pero confundidos en la selva del día a día de los mercados.

Basta pasarse por una oficina bancaria para ver qué le dice el subdirector de turno al jubilado que va con su nieto y le espeta aquello de “me han dicho los de gestión de patrimonios –sí, los que mueven el dinero de los ricos- que tenemos un fondo garantizado invertido en renta variable japonesa divino”. Que esperamos rentabilidades de tal y más cual. Más que un código hace falta vergüenza y un poquito de cultura financiera.

Vergüenza hace falta para cumplir con la liquidación de los fondos en día y hora, por que aún la cosa no está clara en el nuevo reglamento; y ahí están los plazos para entregar los valores liquidativos a las bolsas y los tiempos que se toman algunos muy por encima de lo razonable.

Lo mismo se puede decir de la publicidad de los garantizados en los últimos tiempos y la realidad de sus rentabilidades, sin olvidarnos del inmenso palo de las comisiones de los fondos de gestión pasiva -otra vergüenza rampante- y los gastos desconocidos.

Que no, que no hace falta un código, que cuando se cometen irregularidades basta con aplicar la legalidad vigente y dejarse de códigos y pamplinas variadas, muy en la línea de los mercados más desarrollados. Ahí está el fiscal Eliot Spitzer en Estados Unidos. No parece que se dedique a elaborar códigos de conducta.