El país de las mil 'marbellas' y la corrupción urbanística como emergencia social

¿Es España un país de marbellas? ¿Hay muchas marbellas en España? La corrupción urbanística ha galopado al hilo del boom inmobiliario y el desmadre de los precios, así como del descontrol de las finanzas municipales.

El suelo ha subido en los últimos años un 500% y el precio de los pisos un 130%. El Gobierno de la nación no se plantea por ahora modificar la ley de financiación de las haciendas locales, así que la vía de especulación de los ayuntamientos como modo de suplir las necesidades de su población tiene visos de continuar. Otra cosa son los elementos de corrupción que anidan en las cercanías de algunos ayuntamientos.

Desde que a mediados de 2006 se instauró la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y Medioambientales, el problema de la corrupción urbanística muestra ramificaciones hasta ahora desconocidas, decía ayer el fiscal Antonio Vercher.

La delincuencia urbanística emplea diferentes modus operandi en ciudades costeras o de interior, con sofisticados sistemas para el uso de inversiones ilegales. Desde que se ha abierto la Fiscalía y se empiezan a coordinar, se han abierto por distintas fiscalías más de 1.500 diligencias relacionadas con el urbanismo. Se han cuadruplicado, según Vercher, las sentencias relacionadas con el ordenamiento urbanístico y territorial. Vercher se quejaba ayer amargamente de una jurisprudencia insuficiente para luchar contra la corrupción urbanística.

Si el Gobierno y las administraciones no observan el fenómeno de la corrupción urbanística como “situación de emergencia social estarán cometiendo un grave error”, decía ayer el notario José Ignacio Navas Oloriz en esas jornadas del Observatorio de la Vivienda sobre el suelo. Añadía que la actual Ley del Suelo, la Ley Antiblanqueo y Antifraude y la creación de la fiscalía van en ese camino.

La crisis crediticia, el cierre del grifo bancario, abre ahora un periodo de iliquidez para todos que puede ser aprovechada por esa delincuencia organizada que obtiene sus ingresos de vías no controladas y no suele sufrir problemas de liquidez.

La ralentización del sector inmobiliario está poniendo en el mercado una parte del suelo que había sido acaparado a precios mucho más asequibles, aunque el mercado está muy parado. Situaciones de estas características en las que la demanda se frena a la espera de mejores precios y momentos suelen desembocar en crisis empresariales y destape de escándalos por lo general debidos a valoraciones hinchadas y otras tropelías.

Los últimos datos de Transparencia Internacional sitúan a nuestro país, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción, en el puesto 23 del ranking mundial por detrás de Finlandia, Suecia, Suiza, Reino Unido o Estados Unidos, pero por delante de Estonia, Portugal o Emiratos árabes. El nivel más elevado de corrupción, según la organización internacional, se produce entre las administraciones municipales.

Es tiempo de que los gobiernos y los partidos se ocupen de dotar a estas administraciones de la financiación suficiente para cubrir las necesidades de su población. El asunto no vende porque no es electoral y poner a todos de acuerdo es tan difícil como elaborar una nueva ley de financiación de partidos. Luego dicen que la corrupción anida donde no debe. Como dice el notario antes citado estamos ante una situación de “emergencia social” y cómo tal se debe tratar.