Estados y bancos, al margen de la ley

Desde que Francia y Alemania rompieron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2003 los estados dejaron de cumplir con las normas que nos habíamos dado para controlar déficit público dentro de la eurozona. A pesar del revuelo que causó la decisión, nadie hizo nada para que no volviese a ocurrir.

El resultado fue que la crisis de crédito de 2007-2008 causó una crisis de deuda pública europea en 2010 (prima de riesgo, rescates soberanos, recortes sociales, etc). Ante la falta de norma se negociaron todo tipo de soluciones a múltiples bandas. Las condiciones de las asistencias financieras a cada estado fueron diferentes. Cuanto mayor era el país mejor negociaba en Bruselas. Los pequeños, con Chipre a la cabeza, se llevaron la peor parte. En 2017 todavía Grecia sigue sufriendo las consecuencias.

Las condiciones de las asistencias financieras a cada estado fueron diferentes. Cuanto mayor era el país mejor negociaba en Bruselas

El avance hacia una Unión Bancaria fue un elemento fundamental para evitar el colapso de la eurozona en ese momento. Se creó un código normativo único (requisitos de capital, garantía de depósitos, etc) un mecanismo único de supervisión (BCE y bancos centrales) y un mecanismo único de resolución (MUR).

La recuperación económica dejó en un segundo plano a la formación de la Unión Bancaria, pero las recientes crisis de Banco Popular y tres entidades italianas (Monte dei Paschi, Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza) han mostrado que estamos muy lejos del objetivo. En el último mes se han producido tres actuaciones muy difíciles de explicar:

• 31 de mayo por la tarde. Aviso del MUR de que pueden intervenir Banco Popular. Al día siguiente las acciones bajaron un 17,9%, el posterior otro 17,4%, el siguiente hábil otro 18,1% y el día previo a la intervención otro 6,2%. Tras la advertencia lo extraño es que en esos cuatro días hubiera quien no vendiese sus acciones, sus bonos o sacase sus depósitos de más de 100.000 euros de la entidad. El riesgo de sufrir pérdidas era muy elevado.

• 1 de junio. Permiten recapitalizar Monte dei Paschi con dinero público preservando parte del valor para los accionistas y acreedores subordinados y rescatando por completo a los acreedores sénior y depositantes de más de 100.000 euros.

• 23 de junio. Permiten que Italia destine hasta 17.000 millones de euros de dinero público para liquidar Banca Populare de Vicenza y Veneto Banca sin que asuman pérdidas los acreedores sénior y los depositantes de más de 100.000 euros. La fórmula elegida incluye un traspaso de los negocios bancarios al banco Intesa Sanpaolo y le inyectan 5.000 millones de fondos públicos sin que esto se considere “ayuda de estado”.

La normativa de la eurozona establece claramente que antes de utilizar dinero público se debe realizar un rescate interno ('bail-in') con cargo a las acciones, deuda subordinada, deuda senior y depósitos de más de 100.000 euros. Si no se ha hecho así es porque no se ha querido cumplir la norma. Han buscado cualquier excusa para no hacer lo que debían.

Estamos ante una situación similar a la de 2003. Bruselas permite que no se cumpla lo acordado y el revuelo es mayúsculo. Esperemos que esta vez hayamos aprendido de errores pasados. Hay que aprovechar el momento para hacer una lista de lo que ha fallado y modificar la normativa para que la próxima vez se cumpla.

Posiblemente el sistema actual no sea el mejor o falten mecanismos que garanticen la confianza en las entidades cuando asumen pérdidas determinados inversores y/o clientes. Lo importante es que se aborde el problema y no se mire para otro lado.