Valoraciones a la carta: cómo se justifican los precios en el mercado

En los mercados de capitales, las valoraciones de empresas a menudo se utilizan para engañar o persuadir a aquellos con menos conocimientos financieros y empresariales. Es común que las empresas cotizadas paguen a casas de análisis para que hagan «cobertura» de sus empresas y elaboren valoraciones favorables para quienes pagan por esos informes.

Otro ejemplo: algunas gestoras de fondos suelen publicar el «valor intrínseco» de sus carteras, el cual siempre es significativamente superior a la valoración de mercado. Esta práctica se utiliza como herramienta de venta para atraer más inversores a sus fondos.

Estas estrategias tienen éxito porque el conocimiento financiero de los inversores suele ser mucho menor que el de los profesionales que elaboran los informes de valoración. Los valoradores tienen un amplio margen de maniobra para justificar casi cualquier precio debido a que las valoraciones dependen de estimaciones de beneficios a muy largo plazo (varias décadas), un horizonte temporal en el que es prácticamente imposible hacer predicciones precisas.

A pesar de todo, en estos casos, el inversor siempre tiene la última palabra y puede decidir si creer o no en las valoraciones presentadas. Nadie le obliga a comprar acciones o suscribir un fondo específico.

Sin embargo, en las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) de exclusión las valoraciones se vuelven vinculantes. Un «experto independiente» determina el valor de las acciones y muchos inversores, que no pueden o no quieren quedarse con activos no cotizados, se ven obligados a vender a ese precio.

Esto es comparable a que alguien valore tu casa y te obligue a venderla a ese precio sin posibilidad de negociación. En el caso de las acciones, las valoraciones pueden variar enormemente dependiendo del valorador, creando una situación injusta para el vendedor.

Lo que para un valorador puede valer 1.000 para otro puede valer 10, o incluso nada porque argumenta que los pasivos son superiores a los activos y que la generación de beneficios futuros es «incierta».

TE PUEDE INTERESAR

La CNMV vigilará que la opa de exclusión sobre Grifols tenga un precio equitativo

Marcos Lamelas Miquel Roig

En resumen: los inversores pueden verse obligados a vender sus acciones a un precio que no desean, decidido por un experto pagado por quien compra las acciones. Aunque el trabajo del experto es minuciosamente revisado por el supervisor, las valoraciones se basan en estimaciones de beneficios futuros proporcionadas por quien paga el informe, lo que influye significativamente en el precio final.

En un modelo de valoración, si se bajan ligeramente las estimaciones de ingresos o márgenes de beneficio, el precio de las acciones se desploma, llegando incluso a poner la empresa en quiebra técnica. Pero quedaría muy mal no entregar nada a los accionistas. Entonces, en la práctica, ¿cuánto se suele pagar cuando ya se cuenta con el 75% de los derechos de voto para aprobar en junta la exclusión? La voluntad.

Tengamos en cuenta que el regulador de las OPAs de exclusión es el mismo que regula el asesoramiento financiero. Curiosamente, el asesoramiento se considera no independiente cuando el asesor recibe ingresos del vendedor del producto financiero, aunque se neteen dichos ingresos de la factura cobrada al cliente.

El regulador de las OPAs de exclusión es el mismo que regula el asesoramiento financiero

Es decir, un asesor que trata de hacer su mejor trabajo para el cliente, que le ahorra costes (porque él no puede influir en el precio de los productos), que es absolutamente transparente y que pierde sus ingresos si pierde al cliente, es un asesor no independiente.

Sin embargo, un valorador pagado por el comprador (por quien controla la sociedad a excluir y que acaba aumentando su participación en el capital al precio que dice el valorador) es un experto independiente. Ese experto tiene un incentivo clarísimo: cuanto más bajo consiga justificar el precio de las acciones para su cliente más clientes tendrá.

Llamar independiente a este experto es engañoso y perjudica a los inversores minoritarios. El supervisor debería exigir un cambio urgente en esta norma para proteger mejor a los inversores.

La mejor solución es sencilla: las partes deben ponerse de acuerdo en el precio, y si no hay acuerdo, no debería haber exclusión

La mejor solución es sencilla: las partes deben ponerse de acuerdo en el precio, y si no hay acuerdo, no debería haber exclusión. Si la mayoría de los inversores a los que se dirige la oferta, aunque solamente sean un 10% o un 20% del capital, rechazan el precio de la OPA de exclusión, no debería haber exclusión (venta obligada). De la misma manera que si no hay acuerdo, no hay OPV u OPS para salir a cotizar.

Por otro lado, el mínimo de liquidez exigido para salir a cotizar debería mantenerse hasta el último día de cotización de una empresa. No debe permitirse que los accionistas mayoritarios vayan arrinconando a los minoritarios y al final les obliguen a vender al precio decidido por quien controla la sociedad. La clave es que el hecho económico más relevante no es dejar de cotizar, sino una compraventa forzada. Esta posibilidad afecta negativamente al precio de las acciones y a la confianza de los inversores en todo momento porque ya han visto lo que ha ocurrido en otras ocasiones.

Es razonable que cuando la mayoría de los inversores acepta una OPA de exclusión, los inversores restantes tengan que vender a ese precio o quedarse en una sociedad no cotizada. Al menos, en ese caso, el precio estará aceptado por la mayoría de los vendedores y no será el decidido por un experto pagado por el comprador.

¿Cuántas más OPAs de exclusión tendrán que soportar los inversores bajo esta normativa? Es esencial que se realicen cambios para proteger mejor a los inversores minoritarios y garantizar prácticas más justas que generen confianza en el mercado