El impuesto de los idiotas

Desde una perspectiva estrictamente recaudatoria, un buen impuesto debe cumplir ciertos criterios: Debe gravar efectivamente lo que se propone; mantener un bajo nivel de fraude; no hacer disminuir la recaudación de otros tributos; crecer en volumen y número de contribuyentes a medida que la economía lo hace y generar incentivos adecuados para que, al defender su propio interés, los contribuyentes contribuyan al bien común.

España es el único país de los 27 de la Unión Europea que grava la riqueza de sus ciudadanos de manera general a través del Impuesto sobre el Patrimonio y Grandes Fortunas, y este impuesto demostrará, si se consolida, que falla en todos los puntos mencionados. Algunos países, como Francia, Italia o Bélgica, gravan ciertos activos específicos, pero ninguno impone un tributo sobre el patrimonio total como lo hace España, y los tipos impositivos aplicados son solo una fracción de los españoles.

En España hemos decidido que no es suficiente con que los ciudadanos paguen impuestos por lo que ganen (IRPF; sociedades), lo que reciban (sucesiones y donaciones) y lo que gasten (IVA y otros impuestos indirectos). Estamos cobrando a los ciudadanos por lo que tienen, por el hecho de tenerlo, aunque ya hayan pagado por ello.

Es evidente que conceptualmente este tributo es el que más irrita a los contribuyentes, aunque lo que paguen por ese concepto sea mucho menos de lo que pagan en otros impuestos. Esa molestia unida a la excepcionalidad de este impuesto en España hace que algunos de estos contribuyentes, que aportan más de 100 veces lo que un ciudadano medio a las arcas del Estado, decidan trasladar su residencia fiscal a otro país. Con este cambio de residencia el Estado deja de ingresar todos los impuestos directos que cobraba por sus rentas obtenidas en cualquier lugar del mundo, los impuestos indirectos que gravan su consumo en España y, si además es emprendedor, probablemente se llevará fuera a sus empresas y al equipo directivo de las mismas.

Ningún otro impuesto anima tanto a abandonar el país a las personas que más aportan a las arcas públicas. Con el control que hay ahora de la residencia fiscal, mucho mayor que hace décadas, la mayoría de ellos efectivamente trasladan su vida a otro lugar.

Este efecto expulsión de los ricos es justamente lo contrario a lo que hacen la inmensa mayoría de los países. Todos quieren atraer talento y riqueza a la que poder gravar indirectamente y así contribuir a sostener el estado de bienestar. Para ello, a menudo se les ofrece la residencia, la nacionalidad y regímenes tributarios especiales para extranjeros. Es decir, a esos que más aportan aquí, les echamos a patadas y fuera les reciben con los brazos abiertos. ¡Brillante!

El tipo impositivo importa

Los tipos impositivos aparentan ser bajos cuando se comparan con los que se aplican en impuestos directos (sobre lo obtenido) o en indirectos (sobre lo gastado), pero son realmente mucho más confiscatorios de lo que parecen.

Un tipo del 2% anual sobre el patrimonio implica que, en 50 años, el contribuyente habrá pagado el valor total de su patrimonio al Estado. En esencia, la propiedad privada desaparece y el Estado se convierte en arrendador, cobrando un «alquiler» anual por los bienes que ya han sido gravados anteriormente. Todo esto, claro, suponiendo que el contribuyente pueda generar al menos lo suficiente cada año para cubrir el impuesto.

Un tipo del 2% anual sobre el patrimonio implica que, en 50 años, el contribuyente habrá pagado el valor total de su patrimonio al Estado

Esto ocurre con el 2%. Pues bien, se nos ha ocurrido gravar con un 3,5% a los patrimonios de las personas físicas con más de 10 millones de euros. La espantada está asegurada.

Incluso en Francia, con una presión fiscal general más elevada que la española, el Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria (IFI) se aplica solo a los bienes inmuebles y tiene un tipo máximo del 1,5% para patrimonios superiores a los 10 millones de euros. La gran diferencia es que los inmuebles no se pueden llevar a otro país, están controlados mediante el registro de la propiedad, lo que reduce significativamente el fraude, y en caso de impago, es posible embargar dichos inmuebles.

Eficacia del tributo

Para evaluar la eficacia del impuesto, podríamos analizar cuánto pagan efectivamente los contribuyentes con patrimonios superiores a 100 millones de euros. Si resulta que estos pagan menos del 50% de lo que el impuesto pretende recaudar a ese colectivo, la Agencia Tributaria debería levantar la mano y decir: «Señores, este impuesto no funciona».

Consecuencias de las decisiones de los que se quedan

Ya hemos visto el impacto negativo en las arcas públicas cuando los grandes contribuyentes deciden marcharse. Ahora, analicemos las repercusiones de las decisiones de quienes deciden quedarse. Cuando aparece un impuesto de esta naturaleza todos los contribuyentes tratan de reducir su factura fiscal. Para ello tienen las siguientes alternativas:

1º) Dejar de trabajar o reducir el importe de la nómina si es el dueño de la empresa. De esta manera se activa en un nivel más bajo lo que se conoce como escudo fiscal, que consiste en que la suma del IRPF, el impuesto del patrimonio y el de las grandes fortunas no supere el 60% de la renta. De esta forma se puede reducir hasta un 80% la cuota a abonar. Es decir, tenemos un impuesto que incentiva a producir menos y pagar menos Seguridad Social. ¡Debe ser obra de un genio!

2º) No invertir en bolsa ni sacar a cotizar una empresa. Las empresas no cotizadas se valoran en el impuesto de patrimonio y grandes fortunas al mayor entre el valor nominal, el patrimonio neto contable y cinco veces el beneficio neto medio de los últimos 3 años. Por lo tanto, si alguien posee un 2% de una empresa pagará más impuesto si ésta es cotizada que si no lo es porque la cotización de mercado suele ser, sobre todo en las empresas de calidad, muy superior a los que arroja este cálculo. Es decir, incentiva a los dueños de las empresas a no salir a bolsa dificultando de esta manera su crecimiento por falta de acceso a la financiación de los mercados de capitales. ¡Más aplausos!

La mejor manera de disminuir la cuota en este impuesto es utilizar empresas familiares

3º) Disminuir la rentabilidad de las empresas familiares. La mejor manera de disminuir la cuota en este impuesto es utilizar empresas familiares. Pueden ser de nueva creación o utilizar las ya existentes para reducir deuda y cargarlas de activos. Esto es lo que están haciendo la mayoría de los contribuyentes a los que se dirige el impuesto de las grandes fortunas. De esta manera se consigue que las empresas sean menos rentables y menos competitivas a nivel global. Una empresa que genere 1 millón de beneficios al año con 5 millones de capital es un buen negocio. Sin embargo, otra que genere el mismo millón, pero con 100 millones de capital es un mal negocio que ni crecerá al mismo ritmo ni obtendrá la misma financiación de inversores que la primera. Es decir, incentivamos a los ciudadanos con más capital a que empeoren la competitividad de las empresas en las que participan ¡Bravo!

4º) Comprar ladrillo vs generar empleo. La inmensa mayoría del capital que está saliendo de inversiones productivas (acciones, fondos, etc.) por los que se paga el impuesto de las grandes fortunas se dirige a empresas familiares que compran inmuebles y contratan a un único empleado. Es decir, menos dinero para generar empleo de calidad y más para comprar, y encarecer con su demanda, un ladrillo que alquilarán a los que no se pueden permitir comprar el inmueble. ¡Espléndido!

Como sociedad sería bueno pensar qué queremos incentivar que hagan aquellos ciudadanos que trabajando mucho y bien han acumulado un patrimonio elevado (pagando muchos impuestos) y que no quieren que se coma ese esfuerzo la inflación, que es un impuesto que tienen todos los países que grava a los que tienen capital sin invertir.

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Podemos incentivarles principalmente a que compren inmuebles (pisos, locales comerciales, terrenos…) y se los alquilen para vivir o montar un negocio a aquellos que tienen menos recursos. O bien, podemos centrar los incentivos para que inviertan de la manera más eficaz y eficiente posible en empresas que generen empleo, oportunidades de desarrollo profesional, conocimiento (Know how) y puedan competir a nivel global para que, finalmente, que tributen por las rentas que puedan obtener si les va bien. De la primera manera vivirán de las necesidades de los que menos tienen y de la segunda ayudando a los que menos tienen.

El Impuesto sobre el Patrimonio y Grandes Fortunas perjudica a todos: a los más ricos, a la clase media y a los más necesitados. Es negativo incluso para aquellos que les da igual el bienestar de los ciudadanos con menos recursos y solo les importa que el Estado ingrese más. Este impuesto no solo expulsa a los mayores contribuyentes, sino que también incentiva a los que permanecen a reducir su aportación al bienestar común.

Aunque a primera vista este impuesto pueda parecer una medida justa para gravar a los más ricos y ayudar a los más necesitados, es una ilusión que resulta comprensible entre quienes no poseen conocimientos profundos en materia tributaria y empresarial. Sin embargo, aquellos con más experiencia en estos temas deberían entender que este impuesto perjudica a todos: reduce la recaudación total a largo plazo, desincentiva la inversión productiva y empobrece a la sociedad en su conjunto. Podríamos darle un pase a los que con conocimientos y visión limitada han decidido probar a ver qué ocurre. No obstante, una vez comprobado que recauda menos de lo que debería y que genera todos los incentivos perversos mencionados, si todavía hubiera alguna persona con conocimientos suficientes en la materia que siga apoyando este impuesto, no sería limitado, ¡tendría que ser un superclase!