“Doble paga, doble pena”

Casi nunca hablo de política. No es mi negociado y, sobre todo, nadie me lo ha pedido. Sólo opino cuando afecta a la economía o a los mercados financieros. Pero hemos llegado a un punto que la clase política se ha vuelto la clave del problema. Y no podemos seguir así. No podemos seguir evitando este debate.

Los políticos, como la mayoría de la gente, tienden a apuntarse los aciertos y echar la culpa de los errores a los demás. Es humano y no vamos a juzgarles por ello. Pero sí podemos y debemos juzgar su gestión. Los políticos, como el resto de los ciudadanos, deben responder por sus errores. Y los ciudadanos podemos entender que los políticos echen la culpa o los especuladores, a la masonería o a quien pase por ahí en ese momento, pero no tenemos por qué creérnoslo.

Para empezar: los políticos sí que son culpables de una gran parte del nivel de crisis en el que nos encontramos en España. No de la crisis en sí, cuidado, sino de que sea mucho peor aquí que en otros países. Los gobiernos no pueden ni deben establecer el modelo de negocio de un país, esto no es la antigua Unión Soviética, pero pueden y deben dirigir los esfuerzos y las energías de empresarios, trabajadores e inversores en la dirección correcta. Por ejemplo: si hace diez años se hubiera establecido que las empresas de tecnología, o aquellas cuyo negocio se basara en la exportación, pagaran solo una tercera parte de lo que paguen de impuesto de sociedades las dedicadas a la construcción o al sector inmobiliario, seguramente ahora tendríamos más empresas tecnológicas o exportadoras y menos empresas dedicadas al ladrillo. Es más, si sabiendo lo que les gusta a los españoles jugar al Monopoly se hubiera primado la inversión en todo lo que no fuera sector inmobiliario, es casi seguro que nuestro modelo de negocio no habría llegado a depender tanto del ladrillo. Los políticos tienen el BOE, y el BOE da mucho poder de influencia sobre la economía. Negarlo es negar lo obvio.

En cuanto al sector financiero, nuestro mayor problema, es también obvio que estaba en manos de los políticos eliminar ese engendro que es un banco dirigido por políticos, pero ni lo hicieron cuando no habría costado un euro, ni lo están haciendo ahora. Ahora les llaman bancos, pero siguen siendo básicamente lo mismo y encima nos cuestan un pastón. Y los políticos también tienen poder para limitar el nivel de concesión de créditos o el nivel de exigencia sobre la solvencia, y si no, ¿para qué controlan el Banco de España? Y, por supuesto, si se hubiera primado la actividad no inmobiliaria la burbuja financiera que se creó para financiar la del ladrillo no sería ahora el problemón que es.

Y esa culpa no tiene color político: afecta a todos porque todos han hecho –o dejado de hacer– lo mismo. Desde ayuntamientos hasta gobierno central pasando por autonomías, todos fomentaron desde el poder el modelo de negocio basado en el Monopoly y miraron para otro lado cuando ya era escandaloso, aunque justo es decir que quien lideró el gobierno central en los últimos años de la burbuja inmobiliario–financiera tiene más culpa que los demás. Y si no, ¿para qué sirve tener un gobierno central?

Ahora llegan gobernantes nuevos y resulta que se quedan anonadados cuando ven que los mercados no creen en sus presupuestos, ¿pero cómo se va a creer nadie un presupuesto que recorta más en partidas que afectan al tejido productivo del país que en una administración elefantiásica, gastadora y devastadora? ¿Cómo se va a confiar en un gobierno que recorta el presupuesto del Ministerio de Fomento en lugar de eliminar el Senado o los cientos de gastos duplicados que hay en la administración? ¿O que sube los impuestos, desmotivando a quienes pueden sacar a España de la crisis, en lugar de poner a la venta su enorme patrimonio inmobiliario o dejar de tirar dinero en las cajas de ahorro? Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que el problema, señores, no es un partido: es la entera clase política. Y ese es el debate que tenemos que plantear en la sociedad civil y entre los propios políticos si queremos salir de esta.

No me podrán acusar de criticar sin ofrecer alternativas. Lo hice en el post “No es esto”  y lo hice también cuando di mi opinión sobre el modelo de negocio que debería seguir España: España, Centro de negocios. Y no voy a dejar de hacerlo ahora. Ahí va mi propuesta: se llama “Doble paga, doble pena”.

Durante la transición y en los primeros años de la democracia, los puestos políticos estaban muy bien valorados y eran raros los casos de corrupción escandalosa que vemos ahora. Y eran apreciados porque, aunque tampoco entonces los sueldos eran para tirar cohetes, ser político aportaba prestigio. Y el prestigio –y los contactos– aportan luego puestos en consejos de administración. Por eso teníamos una buena clase política y por eso dio un buen resultado. Pero cuando la democracia se convirtió en algo normal, lo de ser político empezó a ser como la presidencia de la comunidad de vecinos: es imprescindible que alguien la ocupe, pero todo el mundo trata de evitarla. Solo trae quebraderos de cabeza e incluso enemistades con otros vecinos con los que antes te llevabas estupendamente. Ni da dinero, ni da prestigio. Solo da problemas. Salvo que se utilice para llevarse una “mordida” en cada obra o servicio que se haga en la comunidad.

Pues algo parecido ha pasado con la política. No seamos hipócritas: casi nadie brillante se ha querido dedicar a la política porque la gente elije su actividad en función de la remuneración y/o el prestigio que aporte. Si no da ni lo uno ni lo otro, entonces se apuntan las personas menos brillantes o las que quieren sacar algo extra por estar en el puesto. Obviamente hay excepciones –conozco políticos absolutamente honrados y entregados a la causa de su país–, pero no vayamos de políticamente correctos: esos casos empiezan a ser más la excepción que la regla. Y hace falta valor para ser ahora político honrado en España, tal y como está de desprestigiada la clase política en nuestro país.

Sigamos olvidándonos de la corrección política: de esta situación somos culpables todos, porque como hemos hecho un anatema del sueldo de los políticos, la mayoría de los que aceptan un cargo en la administración es o porque no tienen otra salida profesional o porque buscan, en el mejor de los casos, los contactos que da la política (para salir cuanto antes de ella). Y, en el peor, ya sabemos lo que buscan.

Si España quiere salir adelante necesita gente brillante al mando. Gente valiente que tome decisiones, que no le tiemble el pulso a la hora de aplicar el régimen de adelgazamiento, gente que sea decidida y aplique el régimen que afecta a la grasa y no al tejido muscular. Gente preparada que haya demostrado su excelencia previamente en la empresa privada y que pasa a la política porque van a ganar lo mismo, no la mitad, y encima van a ganar prestigio.

Mi propuesta es clara: los políticos, sobre todo aquellos de cuyas decisiones depende el futuro de un país o de una comunidad autónoma, deberían cobrar más, no menos. Sus sueldos deberían de poder competir con los del sector privado, de forma que a sueldo similar el político, además, ganara prestigio y contactos, que eso no es un crimen ni un delito. En un par de años, la gente brillante y bien preparada se pelearía por ocupar un ministerio, una consejería o un puesto importante en la administración. Y todo acompañado, obviamente, de un cambio en la ley electoral que facilitara la entrada de gente nueva en los partidos.

En cuanto a la financiación de esa mejora salarial –que una parte debería ser variable y en función de resultados, desde luego– sería curiosamente de muy fácil solución. Primero, porque si España eliminara duplicidades en cargos políticos se dispondría del doble de dinero para pagar a los que quedaran. Y, cuidado, no me ataquen por ahí: como economista me parece bien tanto la propuesta al respecto de Doña Esperanza Aguirre (volver a la centralización) como la del señor Artur Mas, que entiendo que en el fondo está más por el federalismo que por la independencia y que si enarbola esto último es más como forma de presión para llegar a lo primero. El ahorro sería significativo en ambos casos. Es más: tampoco nos hacen falta tantos políticos; hacen falta menos y mejores. Un ejemplo claro es el Senado. No creo que pasara nada si desapareciera, pero si eso les parece muy radical, estarán conmigo en que la labor que hace el Senado se podría hacer con menos de la mitad de los senadores que hay actualmente. Y eso ocurre en casi todos los niveles de la administración.

Si el gobierno actual hubiera presentado unos presupuestos valientes, si hubiera dicho que es mejor eliminar subvenciones, cargos y prebendas que subir impuestos o bajar el presupuesto del Ministerio de Fomento, si hubiera mostrado la decisión que ha mostrado David Cameron en el reino Unido para promover su país como centro financiero, etc., etc., ahora no estaríamos al borde la intervención. Si el gobierno anterior hubiera empleado sus ocho años de legislatura en redirigir el modelo de negocio en España, ahora estaríamos mal, pero no seríamos ni de lejos el que está peor. Y cosas parecidas se podría decir de las comunidades autónomas. La conclusión es clara: necesitamos una clase política mejor y la necesitamos ya. A más nos neguemos a ver la realidad, peor se volverá. De esta crisis no nos va a sacar ni la corrección política ni la hipocresía. Vamos a sacarlo adelante, como siempre, los ciudadanos: los empresarios, los trabajadores, pero solo si hay gente competente y valiente al mando. Ya se dijo en el poema del Mío Cid: “qué buen vasallo, si tuviera buen señor”. Pues aquí hay vasallos buenos y trabajadores por un tubo. Y gente con ganas de salir adelante también. Por los españoles pongo la mano en el fuego. Pero, siento decirlo, no la pondría por sus variopintos dirigentes políticos actuales. Ni yo, ni los mercados a los que esos mismos políticos decidieron pedir demasiado dinero prestado… para hacer aeropuertos en medio de la nada o la cúpula de la Alianza de Civilizaciones, entre otros temas “francamente productivos”.

Y por último, la ley. El peso de la ley. No veo otra salida que atraer a la política a los mejores por la vía económica y la vanidad sana –el prestigio–. Pero, como dice el anuncio, “no somos tontos”: convertiría el famoso “el que la hace la paga” en “el que la hace la paga el doble si es político”. Cualquier delito de índole económica o de tráfico de influencias cometido por un político tendría el doble de pena que si lo cometiera cualquier otro ciudadano. Ya existen muchas leyes que tienen en cuenta agravantes similares para incrementar la pena, como ocurre con la violencia de género. Pues creo que, vista la experiencia, en este caso está plenamente justificado. “Doble paga, doble pena”: así conseguiremos que se lancen a la política los mejores y que además sean mayoritariamente honrados. Los habrá que no lo sean, pero tendrán que echarle narices, lo que reduce el número de manzanas podridas. Y aunque no las eliminará, al menos no tendremos que ver cómo se van de rositas.