La Unión Europea ha permitido al viejo continente vivir en paz y prosperidad durante casi 60 años. Sin embargo, el modelo de mercado único sin unión política está teniendo implicaciones cada vez más perjudiciales para los europeos. Hay dos motivos.

El primer problema es de carácter político. La introducción de una divisa común que comparten muchos estados pero no todos, ha complicado enormemente la gobernanza de la eurozona. Faltan las instituciones necesarias específicas del área euro (19 países) y las normas que regulan su relación con los organismos de la Unión Europea (28 países). El inmanejable conjunto de tratados comunitarios, muchos no firmados por todos los estados miembros, y el lento proceso de ratificación de los mismos, impide encontrar soluciones de manera sencilla.

El segundo problema, con efectos más directos sobre los ciudadanos, es de carácter económico y fiscal. El mercado único permite que la mayoría de empresas situadas en territorio comunitario pueda prestar sus servicios en toda la unión. Sin embargo, la normativa aplicable a las empresas y su fiscalidad varían mucho de país a país. En este entorno, lógicamente las empresas se establecen donde la normativa y fiscalidad es más favorable para el desarrollo de su actividad.

Esto no había representado una gran preocupación hasta ahora porque la inmensa mayoría de la actividad económica se ha realizado por empresas establecidas en cada estado (sean filiales o no de grupos extranjeros). Sin embargo, el avance de la armonización de la normativa comunitaria unido a la deslocalización de las empresas gracias al avance de las tecnologías de la información, ha hecho que esto haya cambiado.

Es obligación de los directivos de las empresas elegir la jurisdicción más favorable para su empresa, por lo que no podemos culparles

Pongamos ejemplos. Antes si Deutsche Bank quería entrar en España tenía que conseguir una autorización del Banco de España y crear un banco filial aquí. Ahora, otros bancos minoristas, como ING Bank, ya no necesitan hacerlo y pueden abrir sucursales de un banco extranjero. En banca de inversión, donde no se requiere tanta presencia local, la mayoría de las entidades que prestan servicios en España tienen su sede fuera del país. Por otro lado, las empresas españolas tampoco necesitan filiales en otros países para ofrecer sus bienes y servicios fuera de nuestras fronteras.

El problema está en la fiscalidad. Al contrario de lo que ha ocurrido con la normativa sectorial, el impuesto de sociedades no se ha armonizado y existen diferencias muy significativas entre el 33,3% que se paga en Francia, el 25% de España y el 12,5% de Irlanda. Teóricamente cada empresa debería pagar en cada estado por los beneficios obtenidos en cada país, pero esto es muy difícil de controlar y sencillísimo de desvirtuar vía precios de transferencia entre filiales.

En esta situación, no es de extrañar que empresas como Grifols hayan decidido trasladar su sede a Irlanda y que compañías de fuera de la Unión Europea como Apple o Google hayan elegido ese país para establecer su filial europea.

Es obligación de los directivos de las empresas elegir la jurisdicción más favorable para su empresa, por lo que no podemos culparles a ellos sino a los políticos que permiten que haya estas diferencias dentro del mismo mercado. Además, esta discriminación va en contra de los principios de Unión Europea. Si pagar menores impuestos no es una ayuda de estado, ¿qué lo es? No es sostenible que se apliquen tipos de impositivos distintos a empresas que compiten por el mismo trozo de pastel.

Es cierto que otros impuestos, como el de la renta también varían de un estado a otro y de una región a otra, sin embargo es menos grave que haya estas diferencias porque es más difícil que una persona física esté dispuesta a cambiar su lugar de residencia y porque las repercusiones económicas para la región son menores. Cuando se va una empresa, o no se establece, se pierden puestos de trabajo, ingresos por impuestos y capacidad de consumo, tanto de los trabajadores como de la empresa.

Conviene tener en cuenta el mensaje que envía la Unión Europea al mundo y compararlo, por ejemplo, con el que de China. China dice, si quieres acceder a un mercado de más de 1.300 millones de habitantes además de pagar los impuestos aquí, debes buscarte un socio local y compartir tus beneficios con él. La Unión Europea lanza otra misiva, para acceder al primer mercado del mundo por PIB puedes establecerte en el estado miembro que más te convenga y competir pagando aproximadamente la mitad de impuestos que la mayoría de tus competidores europeos.

Si fuera usted un empresario americano o asiático que quiera expandirse por Europa ¿Dónde crearía los puestos de trabajo y pagaría impuestos? La mejor puerta de acceso será aquel país con menores impuestos. De la misma manera que cuando se creó un área de libre comercio en Europa (sin aduanas) se estableció un arancel exterior común, lo mismo debería ocurrir con el impuesto de sociedades.

Termino destacando que la armonización fiscal del impuesto de sociedades no debe significar igualarlo al alza, como probablemente propondría el eje Franco-Alemán. Europa debe ser capaz de atraer la mayor inversión posible y para ello tiene que ser competitiva en seguridad jurídica, mano de obra cualificada, salarios e impuestos. Por otro lado, deberían desaparecer todas las dobles imposiciones intracomunitarias a las empresas y particulares. Todavía se siguen aplicando retenciones en origen y en destino sobre los dividendos cuando el accionista reside en un país miembro distinto al de la empresa que los genera.

Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantage Fund