La revolución tecnológica que vivimos está calando poco a poco y no solamente en el sector privado de la economía. Independientemente de quién gobierne tras las elecciones de hoy, en los próximos años aumentará el control de las instituciones a los ciudadanos y la transparencia de las instituciones con los ciudadanos.

Analicemos primero cómo afectará el avance tecnológico a los ingresos públicos (impuestos) y después las implicaciones sobre el gasto público (servicios a los ciudadanos).

Póngase en la piel de un recaudador de impuestos de la Edad Media. Imagínese que debiera cobrar impuestos sobre la renta (IRPF), sobre las transacciones (IVA) y sobre los beneficios de los negocios (Sociedades). Póngase también en la situación del ciudadano que los paga. Las posibilidades de control del recaudador eran muy bajas y las opciones de los ciudadanos para ocultar su actividad elevadas. En consecuencia, se producían todo tipo de injusticias. Unos pagaban más impuestos de los que les correspondían, muchos más no pagaban y los recaudadores tenían elevado poder debido a su discrecionalidad, lo que alimentaba la corrupción.

Más fácil es pensar en esa misma situación en las últimas décadas. Evadir impuestos se ha ido complicando progresivamente. Algunos (asalariados) lo tienen muchísimo más difícil que otros (autónomos y empresas). En términos generales, la recaudación ha aumentado y se ha traducido en mejores servicios públicos.

La capacidad recaudatoria de las administraciones públicas aumentará significativamente porque las nuevas tecnologías permitirán mayor control

En los próximos años esta tendencia cogerá mayor velocidad. La capacidad recaudatoria de las administraciones públicas aumentará significativamente porque las nuevas tecnologías permitirán cada vez un mayor control. La menor utilización del dinero físico ayudará enormemente. En Noruega el 95% de las transacciones se realizan sin efectivo y en Suecia algunos mendigos disponen de datafonos para cobrar limosnas con tarjeta porque los ciudadanos no llevan efectivo encima. En España, el fin del cash tardará más. Actualmente las empresas y autónomos no pueden realizar pagos o cobros en efectivo por importe superior a 2.500 euros, pero este umbral se irá reduciendo paulatinamente.

A medida que los ingresos de los autónomos y empresas sean cada vez más controlables, les será más difícil evadir impuestos. Por otro lado, Hacienda irá disponiendo progresivamente de mejores sistemas para detectar el fraude. En muchos casos antes de lo previsto por el defraudador y de la prescripción de las infracciones o delitos.

Por otro lado, los servicios públicos mejorarán. La tecnología permitirá la simplificación de trámites y la reducción de plazos en nuestra relación con las instituciones. En poco tiempo habrá ventanilla única para todo. El servicio al ciudadano será más eficaz y tendrá un coste menor.

Las mejoras de gestión afectarán a todos los niveles de administraciones (europeo, estatal, autonómico y local) y en todo tipo de ámbitos (sanidad, justicia, educación, etc). Para ello, se aumentará la inversión pública en tecnología.

La tecnología también puede representar una amenaza para la sociedad porque permite concentrar la información en pocas manos. En el sector privado preocupa el uso que puedan dar determinadas multinacionales a la información que obtienen de clientes y usuarios. En el sector público el riesgo es la utilización política de esa información. Se debe proteger la información de los ciudadanos teniendo en cuenta todo tipo de escenarios. Incluso una guerra, donde los bandos podrían disponer de numerosos datos de las personas para identificar su ideología y perseguir a los que consideren.

Las nuevas tecnologías también permitirán a los ciudadanos y medios de comunicación acceder a las cuentas y decisiones de todo tipo de administraciones

Sin embargo, llegar a esos extremos cada vez será más difícil porque habrá una mayor exigencia de transparencia. Las nuevas tecnologías también permitirán a los ciudadanos y medios de comunicación acceder a las cuentas y decisiones de todo tipo de administraciones y personalidades con responsabilidad pública. Esto ayudará a reducir la corrupción. Por otro lado, cada ciudadano puede expresar su opinión y denunciar lo que considere, pública o anónimamente, en Internet. Este mensaje puede hacerse viral si conecta con la sensibilidad de la sociedad. Las redes sociales y blogs permiten que cada ciudadano tenga en sus manos un medio de comunicación con capacidad potencial de llegar a millones de personas. Esta libertad individual protege a la sociedad en su conjunto.

En conclusión, la recaudación aumentará y los servicios públicos serán mejores y a menor coste. En este escenario será más fácil reducir impuestos, pagar la deuda pública, hacer sostenibles las pensiones y aumentar los servicios públicos. Solo falta que elijamos bien a nuestros representantes para priorizar. En esto último ningún consejo, cada uno con su criterio.

Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantage Fund