El caso del IRPH vuelve a cuestionar el sistema bancario nacional

El golpe vuelve a ser duro, muy duro, para la banca española. Es difícil determinar el coste teórico, pero se asienta sobre un encarecimiento de las hipotecas de los demandantes respecto al euríbor

Foto: Banco de España. (EFE)
Banco de España. (EFE)

En su origen, nuestro modelo bancario siempre ha estado asentado sobre una estirpe de banqueros que desarrolló su labor con mayor o menor acierto, pero siempre con vocación y con sentido deseo de aplicar una banca fiel a unos principios elementales, además de hacerlo con una seña de identidad propia. No son los apellidos de los más conocidos linajes del último siglo los que acuden a mi memoria cuando pienso en banqueros, sino que me remonto aún más antaño para encontrar nombres y familias ilustres que desarrollaron un modelo que perduró en el tiempo con notable éxito.

Cito por ejemplo Burgos, donde existió un semillero extraordinario de banqueros de primer orden en el ámbito económico español, allá por el siglo XVI, fruto de una pujante actividad mercantil que elaboró con acierto la práctica de una profesión que, ni mucho menos, era novedosa, pero sí poco evolucionada hasta la fecha.

Esta introducción de corte histórico tiene que ver con el hecho de que la flota bancaria española, una vez más, vuelve a estar tocada en su línea de flotación, esta vez tras sufrir el enésimo impacto en su maltrecha quilla en forma de torpedo tras una sentencia dictada desde la Unión Europea, de nuevo contraria a sus intereses.

Era muy esperado el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE sobre la presunta transparencia o la condición abusiva del IRPH, un índice utilizado con una menor frecuencia que su comparable euríbor, y comercializado fundamentalmente por las cajas de ahorros. En opinión del informe, ha habido una evidente falta de transparencia y, asociada a la misma, una situación de abuso según la cual el TJUE podría fallar en contra de los bancos y a favor de los 172 procedimientos judiciales abiertos sobre las hipotecas referenciadas a este índice.

Alto coste medio por año

A bote pronto, el golpe vuelve a ser duro, muy duro, para la banca española. Es difícil determinar el coste teórico, pero se asienta sobre un encarecimiento de las hipotecas de los demandantes en relación con un índice como el euríbor, algo evidente teniendo en cuenta que hoy el IRPH está en 1,84% mientras que el euríbor 12M se fue en agosto hasta su mínimo histórico tras cerrar la media en -0,36%. La diferencia es sustancial, pues establece que desde que ambos indicadores empezaron a despegarse hace aproximadamente siete años, el coste medio para los afectados podría cifrarse entre 2.500 y 3.600 euros por año. Hay un millón de clientes bancarios vinculados a este índice.

Los primeros cálculos apuntan un impacto teórico, todavía muy preliminar, que podría ir desde los 3.000 millones de euros hasta los 40.000 millones si tenemos en cuenta un periodo más extenso que además establezca una sentencia con carácter retroactivo por la que se deban devolver intereses.

Estos números no son minucia y requieren algo de análisis. Según datos de la AEB, los bancos españoles obtuvieron un beneficio de casi 15.000 millones de euros en 2018. Asumiendo que la sentencia del TJUE refrenda, suele ser así, la opinión de uno de sus abogados generales, podríamos estar hablando de que de entrada el coste mínimo que tendrán que afrontar las entidades bancarias será como poco un 20% de los beneficios generados en 2018. En el peor de los casos, nos acercamos a una cifra, y esto no lo digo yo sino algunos informes publicados por bancos de inversión globales, casi tres veces superior al resultado conjunto. Este último punto asusta.

Tanto como el hecho de que la rentabilidad que generaron el año pasado los bancos españoles tras un esfuerzo notable de saneamiento, de control de costes, de dura competencia, de reducción de la mora, de consolidación, y seguro que me dejo algún otro argumento de la diapositiva de presentación de resultados, fue de media de tan solo el 7,4% sobre sus fondos propios.

Lejos de rentabilidad deseable

Es decir, que tras 10 años de lucha desenfrenada para normalizar sus cuentas y sanear sus balances, todavía lejos de una rentabilidad deseable, una eventual sentencia podría traer consigo la vuelta a una drástica caída en la rentabilidad de las entidades, causando un daño, no sé si irreparable, pero seguro que dolorosísimo en su valoración. Por algo los bancos cotizan con estos descuentos respecto a su valor teórico tangible. Era y es evidente.

Ineludiblemente, el debate moral y práctico entre los firmantes de estos contratos de financiación y las entidades bancarias emerge con fuerza de nuevo. ¿Quién es realmente el responsable? La entidad que, tal y como refrenda una sentencia, no explica de forma clara y transparente los riesgos o el firmante que no busca entender los mismos 'ex ante'. Personalmente, siempre he creído que —salvo situaciones abusivas como las cláusulas suelo, el pago de determinados impuestos o algunos gastos excesivos— el resto de elementos en estos contratos no exime de responsabilidad al firmante.

Un ejemplo son las cláusulas en divisa. Pero cuántas veces hemos sido testigos de empleados incapaces de poder explicar con solvencia uno solo de los elementos integrantes de un contrato de financiación. En mi experiencia, rara vez encontré uno que fuera capaz de dar una explicación convincente sobre qué era una preferente o lo básico a saber sobre un índice de referencia. Por tanto, resaltando que la culpa aquí sí que no es del mensajero, no se puede eximir de culpa a las entidades financieras.

Con la vista en el BCE

Esta sentencia abre además otros frentes. El BCE se plantea dar una vuelta de tuerca al ya de por sí devaluado precio del dinero para que precisamente los bancos trasladen ese menor coste explícito de financiación, posiblemente en contra de su voluntad, justo cuando llevamos una década recogiendo sentencias que cuestionan el ejercicio de financiación más exacerbado que ha visto la banca europea en toda su historia. O hay que recordar que cuando nadie se planteaba la utilidad de uno u otro índice de referencia en una hipoteca, cuando nadie profundizaba en el complejo contrato hipotecario buscando la 'letra pequeña', cuando el dinero en definitiva tenía un coste sustancialmente más elevado que el actual, las entidades se veían desbordadas por una demanda imparable. Hay que comprar vivienda, tenerla en propiedad, hay que apalancarse, bramaban los sedientos de financiación, unos por necesidad y otros por deseo, de entrar en ese proceloso mar hipotecario.

Lamentablemente, hoy la banca española vive una diatriba compleja. Esto es algo de lo que nadie debería hacer sangre, pues el progreso de una economía sólida debe asentarse sobre un sistema bancario rentable y sano, en un momento además en el que la experiencia reciente nos dice que las consecuencias sobre la economía real no son, en ningún caso, positivas. ¿O alguien piensa que este coste, de nuevo, no se va a repercutir directa e indirectamente al ciudadano? El daño colateral es otra vez evidente.

Pero hay más actores damnificados de los que muchos se van a olvidar cuando reflexionen sobre los eventuales daños colaterales. Se me ocurren por ejemplo esos gestores de fondos de inversión que invierten en Iberia y que han apostado por los bancos, no son pocos, que tendrán que explicar su, para mí, controvertida tesis de inversión. No hay más que repasar el accionariado de algunas antiguas cajas hoy transformadas en bancos para entender el efecto potencial que una drástica caída en las cotizaciones podría tener para estos fondos.

Lo que es irrebatible es que esta sentencia plantea una disyuntiva espinosa que pone en entredicho la rentabilidad del sistema, esto es un hecho, y cuestiona de alguna forma su supervivencia en un momento disruptivo en el que el modelo de banca cada vez se cuestiona más y más.

Tribuna Mercados
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