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Presupuestos UE: es hora de garantizar el máximo valor añadido para los ciudadanos
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Presupuestos UE: es hora de garantizar el máximo valor añadido para los ciudadanos

Nuestra propuesta permitirá a la Unión hacer frente a los retos geopolíticos y convertirse en un actor de más peso en la escena mundial

Foto: Vista exterior del Parlamento Europeo (Efe)
Vista exterior del Parlamento Europeo (Efe)

Las negociaciones sobre el próximo marco presupuestario de siete años (2021-2027) de la Unión Europea están entrando en una fase decisiva. Aunque a primera vista pueda parecer un debate presupuestario técnico, en realidad su resultado determinará lo que la Unión Europea va a poder ofrecer a sus ciudadanos. La Comisión presentó sus propuestas en mayo de 2018, las negociaciones se iniciaron en serio este año y ahora la presidencia finlandesa ha propuesto una solución de compromiso. Sin duda, se trata de una tarea difícil. Las posiciones de los Estados miembros son diametralmente divergentes, ya que algunos piden que nos apretemos el cinturón frente a Brexit, mientras que otros afirman que sectores clave como la agricultura y el desarrollo regional necesitan un apoyo continuado. Una pregunta clave que muchos se plantean abiertamente es si la contribución de cada país al presupuesto de la UE permitirá obtener el máximo valor añadido a sus contribuyentes.

Se trata, literalmente, de la pregunta de los mil millones de euros, a la que la Comisión, en su proyecto presentado en mayo del año pasado aporta, con una propuesta realista, respuestas potenciales que incluyen la política agrícola común y el medio ambiente, el gasto social y regional, prioridades nuevas y reforzadas que van desde la innovación, la inversión y la digitalización hasta la migración, la acción exterior, la defensa y la seguridad. Este presupuesto, igual al 1,114% de la renta nacional bruta de la UE, se basa en la premisa de que el presupuesto de la UE para el futuro debe ser moderno y ambicioso, pero ha de tener en cuenta también el déficit financiero que producirá el Brexit. Además, nuestra propuesta permitirá a la Unión hacer frente a los retos geopolíticos y convertirse en un actor de más peso en la escena mundial. A la vista de los beneficios del mercado único, cuya contribución media anual a la economía europea se ha calculado en un 6%, las contribuciones nacionales necesarias para financiar el presupuesto, que en promedio es inferior al 1% de la RNB de la UE, según la propuesta de la Comisión, son simplemente un buen negocio.

Foto: El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal. (EFE)

Durante el último año y medio, la Unión ha dado pasos importantes en el establecimiento de su Agenda Estratégica y de sus prioridades, a saber: una mayor acción por el clima, una transición ecológica socialmente justa y equitativa, la transformación digital de Europa y la competitividad, la promoción de las capacidades y la educación, la investigación y la innovación; la garantía de la seguridad, la protección y la defensa de los ciudadanos europeos y la asunción de un liderazgo enérgico y activo en el mundo. Y por último, pero no por ello menos importante: la gestión eficaz de los retos que plantea la migración y la gestión de las fronteras de la Unión. Estas son las acciones que aportan un claro valor añadido europeo, ya que ningún país por sí solo puede hacer frente a estos retos. Estas son las iniciativas que piden los ciudadanos europeos.

El presupuesto de la UE debe establecerse de manera que permita a la Unión cumplir estas promesas a los ciudadanos europeos. No podemos disociar las prioridades del presupuesto y tendremos que poner nuestro dinero donde hemos dicho que vamos a hacerlo: de lo contrario, dañaremos la credibilidad de la UE a los ojos de sus ciudadanos y de todo el mundo. La propuesta de la Comisión Europea también tiene en cuenta la buena ejecución de los fondos, que es una responsabilidad para con los contribuyentes europeos. El buen cumplimiento y la buena gestión financiera, confirmados por el Tribunal de Cuentas, deben seguir siendo un objetivo fundamental en la próxima generación de fondos, con el respeto al Estado de Derecho y la tolerancia cero ante el fraude como principios fundamentales que han de regir el gasto de la UE.

La propuesta de la Comisión también tiene en cuenta la buena ejecución de los fondos, que es una responsabilidad para con los contribuyentes

El éxito de las negociaciones del MFP depende de dos condiciones previas: la búsqueda incesante del beneficio colectivo que supere con creces los intereses nacionales obtenidos y la buena voluntad de hacer concesiones para alcanzar una solución de compromiso en el que el todo sea mayor que la suma de sus partes. Ahora es urgente que los líderes reunidos en el Consejo Europeo a finales de esta semana vayan más allá de los estrechos objetivos nacionales y se centren en los ámbitos en los que Europa puede hacer más colectivamente por las personas y por la economía, más por nuestro interés geopolítico y por el clima de lo que se puede hacer, por separado, en cada una de las capitales de la Unión. Es una decisión de primer orden y una prueba de responsabilidad institucional y política.

Las negociaciones sobre el próximo marco presupuestario de siete años (2021-2027) de la Unión Europea están entrando en una fase decisiva. Aunque a primera vista pueda parecer un debate presupuestario técnico, en realidad su resultado determinará lo que la Unión Europea va a poder ofrecer a sus ciudadanos. La Comisión presentó sus propuestas en mayo de 2018, las negociaciones se iniciaron en serio este año y ahora la presidencia finlandesa ha propuesto una solución de compromiso. Sin duda, se trata de una tarea difícil. Las posiciones de los Estados miembros son diametralmente divergentes, ya que algunos piden que nos apretemos el cinturón frente a Brexit, mientras que otros afirman que sectores clave como la agricultura y el desarrollo regional necesitan un apoyo continuado. Una pregunta clave que muchos se plantean abiertamente es si la contribución de cada país al presupuesto de la UE permitirá obtener el máximo valor añadido a sus contribuyentes.

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