¿Qué ocurre con los proveedores de la Administración Pública en tiempos de covid?

El covid-19 o coronavirus ha transformado por completo nuestra sociedad. Su efecto económico en a nivel mundial, y por supuesto en España es innegable.

En este sentido, el Gobierno ha publicado distintas medidas para tratar de paliar esta crisis y dotar a las empresas de la liquidez que necesitan. Sin embargo, desde muchos sectores se achaca la falta de rapidez y de concreción de dichas acciones.

Cabe esperar que en los próximos meses el Ejecutivo trate de potenciar la economía mediante un aumento histórico del gasto público. En todo caso, debemos partir de la base de que la deuda pública sobre el PIB en diciembre de 2019 era de un 95,5% y que el gasto público sobre el PIB era de un 42%. Por tanto, parece que no hay mucho margen, salvo cambio de política, respecto a la capacidad del Estado para endeudarse.

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Adicionalmente, los proveedores del Sector Público están atravesando dificultades añadidas. Para empezar, porque el Real Decreto 463/2020 impone la suspensión (o aplazamiento) de procedimientos en el ámbito de la contratación pública, aunque no de forma automática.

Además, el Real Decreto Ley 8/2020 en su artículo 34, suspende la ejecución de los contratos (salvo en sectores expresamente excluidos como el de los proveedores de material sanitario) aunque indica el marco para solicitar daños y perjuicios que pueden haber sufrido los proveedores de la Administración (como, por ejemplo, por el pago de nóminas).

En última instancia, el Real Decreto Ley 10/2020 llevó a la paralización de toda actividad no esencial, como ya hemos comentado. Esto va a suponer que todos aquellos proveedores no esenciales no van a poder facturar durante este periodo.Por ello, los proveedores habituales de la Administración se ven con la imposibilidad de facturar y con los procesos de licitación bloqueados.

Como ya sabemos, a todos estos problemas hay que añadir las habituales tensiones de liquidez que afrontan los suministradores o contratistas de los entes públicos. De acuerdo con la Ley 15/2010 (la conocida como Ley contra la morosidad) la Administración tendrá la obligación de abonar sus facturas en un plazo no superior a los “treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”. Adicionalmente, la Administración cuenta con 30 días para la aprobación de certificaciones, por lo que el plazo de pago final sería 60 días.

Los proveedores habituales de la Administración se ven con la imposibilidad de facturar y con los procesos de licitación bloqueados

En todo caso, las estadísticas disponibles indican que esos plazos de pago no se cumplen. Según los datos que maneja Borrox, más del 50% de los entes públicos locales incumplen los plazos de pago establecidos por la Ley.

Ni que decir tiene que estos retrasos implican problemas añadidos a los proveedores del sector público, encontrándonos con multitud de casos en los cuales las empresas no pueden hacer frente a sus obligaciones más inmediatas (como nóminas, pagos de impuestos o seguros sociales) precisamente porque su proveedor (sector público) le paga con demora.

Estos problemas no son específicos de empresas pequeñas o autónomos únicamente: la paralización económica provocada por el covid-19 unida a las medidas de distanciamiento social y letargo productivo, están llevando a empresas medianas y grandes a atravesar por esos problemas que mencionábamos.

Por ello, considero que el Gobierno debe facilitar herramientas para canalizar liquidez hacia las empresas de manera inmediata. No es un proceso rápido, a pesar de que hay que destacar los esfuerzos de la banca y el ICO al respecto.

Las empresas necesitan liquidez de manera inmediata para sortear la crisis y evitar el cierre, además de medidas destinadas a flexibilizar el cumplimiento de sus obligaciones desde varios puntos de vista, entre los que cabe destacar sus obligaciones fiscales y laborales.

Pero hay otras vías para dotar a las empresas, especialmente a aquellas que son proveedoras de la Administración Pública, de liquidez como por ejemplo el anticipo de sus facturas. Es una vía inmediata para hacer llegar liquidez a empresas, sin penalizar las arcas públicas, pero deben hacerse esfuerzos desde los legisladores para que este proceso de cesión sea efectivamente digital, al mismo tiempo que se debe trabajar en unificar criterios entre las distintas administraciones (central, autonómicas y locales).

Carlos Álvarez es Director de Operaciones de Borrox