Desafíos más allá del 'whatever it takes'

La reciente decisión del Tribunal Constitucional Alemán (TCA), que dictaminó sobre la legalidad del programa de Expansión Cuantitativa (QE) del Banco Central Europeo (BCE) en su compra de bonos soberanos a lo largo de 2015, plantea dudas que van más allá de asegurar si el BCE puede mantener su compromiso de hacer "lo que sea necesario (whatever it takes)" para mantener la estabilidad de la Unión y asegurar su correcto desarrollo futuro. El reto planteado por TCA podría tener implicaciones sobre la naturaleza misma de la Unión.

Por un lado, el momento es realmente inconveniente ya que consumirá gran parte de la atención del BCE, la única institución capaz de proporcionar recursos financieros necesarios para combatir la crisis y para esbozar el futuro a más largo plazo con la configuración del Fondo Europeo de Recuperación. Por otro, el fallo puede limitar el papel de la institución comandada por Christine Lagarde en la compra de bonos como parte de su nuevo programa de estímulo (“Pandemic Emergency Purchase Program” (PEPP)), dado que es probable que se presenten nuevos casos judiciales para impugnarlo a tenor de que puede implicar una financiación encubierta de algunos estados miembros, lo que reactivaría las dudas sobre la sostenibilidad fiscal. Y a todo esto se suma que, aunque la decisión sólo requiere que el BCE justifique su actual decisión monetaria y no implica un cambio de política en general, las repercusiones constitucionales pueden ser incluso más significativas que las financieras, lo que podría a media plazo debilitar la legitimidad de la Unión per sé.

Aunque el Tribunal Constitucional alemán no cuestionó la supremacía de la legislación de la UE sobre la legislación nacional o incluso la capacidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para ser el árbitro en última instancia de la legislación de la UE, sí puso en duda si el TJUE se había extralimitado en sus competencias. Esto ha envalentonado a varios gobiernos euroescépticos, como Polonia y Hungría, que han invocado repetidamente la soberanía nacional para cuestionar la jurisdicción del tribunal europeo. Ambos países se han enfrentado a procedimientos de infracción ante el TJCE iniciados por la Comisión Europea por no haber aplicado la legislación de la UE en lo que respecta a la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación. Es decir, el fallo podría incitar a otros países a seguir el ejemplo de Alemania y desafiar la prelación del Tribunal de Justicia Europeo sobre las decisiones de los tribunales nacionales, lo que podría infligir un profundo cambio en la naturaleza de la Unión que al fin y al cabo es una construcción basada en la “rule of law”.

*Gonzalo de Cadenas-Santiago es director de análisis macroeconómico y financiero de MAPFRE Economics