Madrid merece ser la sede de la autoridad europea que lucha contra el blanqueo de capitales

En el mundo de las finanzas y la regulación bancaria, se han dedicado ríos de tinta desde 2008 a tratar sobre la gran crisis financiera, la crisis de deuda soberana de la zona euro y la respuesta proporcionada por las autoridades públicas con la creación de la Unión Bancaria, que, por cierto, todavía sigue incompleta, a la espera de que se acuerde el tercer pilar, consistente en un Fondo de Garantía de Depósitos Único.

Diez años después, el foco de autoridades, sector privado y académicos se ha ampliado para prestar especial atención a los riesgos derivados de los fallos en la implementación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y es que varios bancos en la UE desaparecieron precisamente por problemas por la falta de controles de blanqueo de capitales, como el ABLV de Letonia, el Pilatus Bank de Malta o el FBME de Chipre. Pero sin lugar a dudas, el caso más sonado de todos fue el de Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, que, a través de su filial en Estonia, estuvo involucrado en transacciones sospechosas por valor de 200.000 millones de euros entre 2007 y 2015. Quedó claro así que no hay que tomar a la ligera el riesgo reputacional de una inadecuada prevención del blanqueo de capitales, ya que este puede acabar derivando en problemas para la estabilidad financiera.

Una mala prevención del blanqueo de capitales no solo afecta a las entidades concernidas, que como se ha visto, pueden llegar a desaparecer. También puede marcar al supervisor encargado, acusado de un trabajo deficiente y por extensión, al país de referencia, al poder ser señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como país con deficiencias o de riesgo alto, e incluso a la región donde esté encuadrado ese país, con efectos perniciosos frente a terceros y en diferentes negocios (por ejemplo en sus relaciones de corresponsalía bancaria). En última instancia, se puede poner en duda la efectividad de todo el sistema de control del blanqueo de capitales.

Estos argumentos, así como los casos mencionados, entre otros, motivaron la presentación por parte de la Comisión Europea de una reforma integral del marco europeo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, consistente en tres Reglamentos y una Directiva. Uno de esos tres Reglamentos prevé la creación de AMLA, es decir, la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. AMLA asumirá tareas regulatorias, supervisoras y de coordinación de las Unidades de Inteligencia Financieras de los Estados miembros de la Unión Europea.

En este contexto, la ciudad de Madrid, con el apoyo del Ayuntamiento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, ha dado un paso al frente y será una de las candidatas a albergar la sede de esta nueva institución de la UE. Entre las numerosas y contundentes fortalezas que acompañan a la candidatura de Madrid como sede de AMLA, 6 son especialmente reseñables.

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Primero, España cuenta con las más altas calificaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según el GAFI. De hecho, el máximo organismo internacional en la materia reconoce el sistema de prevención del blanqueo de capitales de España como uno de los mejores del entorno internacional.

Segundo, el esquema institucional vigente en España es similar al que se propone para AMLA. En particular, en España, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (COPBLAC) y su brazo ejecutivo, el Sepblac, aúnan las vertientes regulatoria, supervisora y de inteligencia financiera.

Tercero, aunque es importante que haya una buena coordinación entre la prevención del blanqueo de capitales y la supervisión microprudencial, la segunda no puede fagocitar la primera. En parte, este es el motivo por el que el esquema institucional europeo actual, que reside en la Autoridad Bancaria Europea (EBA), no ha tenido el éxito esperado. Al fin y al cabo, el alma de la EBA es sobre todo prudencial. Y es por ello por lo que no es aconsejable que AMLA se ubique en ciudades donde tienen su sede los supervisores microprudenciales, a saber, París (sede de la EBA) y Frankfurt (sede del Mecanismo Único de Supervisión-SSM).

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Cuarto, España es la cuarta mayor economía de la Unión Europea, pero no es la sede de ninguna institución financiera europea. Frankfurt es la sede del BCE, del SSM y de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA); París la sede de la EBA y de la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA); Bruselas la sede de la Junta Única de Resolución (SRB); y Luxemburgo la del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM).

Quinto, durante la última década, España ha acometido un gran esfuerzo de saneamiento de su sector financiero. Lo que hace una década era un riesgo para la estabilidad financiera del conjunto de la zona euro, hoy es un ejemplo de solvencia y liquidez, como se demuestra con ocasión de los distintos análisis de riesgos y pruebas de resistencia. Ubicar la sede de AMLA en Madrid sería un reconocimiento a este tremendo esfuerzo.

Sexto, Madrid es una capital financiera importante, con un vibrante ambiente de trabajo, y unos estándares de calidad de vida a la altura de pocas capitales europeas. Las excelentes infraestructuras de telecomunicaciones y transporte, la oferta de colegios internacionales y universidades de prestigio, la alta calidad del sistema sanitario y el coste de vida relativo menor con respecto a otras capitales europeas refuerzan sin duda la candidatura de Madrid.

España es la cuarta mayor economía de la Unión Europea, pero no es la sede de ninguna institución financiera europea

El apoyo a la candidatura de Madrid es transversal: el sector privado, los distintos niveles de la Administración Pública y la academia apuestan por que Madrid sea la sede de AMLA. Muestra del apoyo académico fue el seminario celebrado el pasado 27 de abril en la sede de posgrado de Madrid de la Universidad de Navarra, en el marco de su Máster de Banca y Regulación Financiera, de la mano de representantes del sector público y de la industria, al que asistieron numerosos miembros de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. Consciente de la importancia de estos temas, el compromiso de la Universidad va más allá, a través de la promoción de la colaboración público-privada con celebración de la mano del Foro de Prevención del Blanqueo de Capitales donde participan las autoridades antiblanqueo españolas y los principales bancos de este país.

La candidatura de Madrid cuenta con fortalezas que hacen que su candidatura sea única. El momento es ahora. Madrid merece ser la sede de AMLA.

*Judith Arnal es doctora en Economía por la Universidad de Navarra, profesora del Máster de Banca y Regulación Financiera.