¿Qué se puede esperar de la presidencia española del Consejo de la UE?

El anuncio del adelanto electoral en España al próximo 23 de julio ha atraído aún más si cabe la atención sobre la presidencia española del Consejo de la UE, que empezará el próximo 1 de julio. Algunas voces apuntan en el sentido de que España se comportará como un pato cojo durante estos seis meses, sin poder imprimir un impulso estratégico a muchos de los expedientes legislativos que están o estarán sobre la mesa. A mi juicio, esta visión es errada y España volverá a jugar un papel de país confiable, moderado e impulsor del proyecto europeo. Veamos por qué.

En primer lugar, conviene hacer pedagogía acerca de qué supone la presidencia. Muchos medios de comunicación han alimentado la idea de que España presidirá el próximo semestre la UE. Y esto, simplemente, no es cierto. España presidirá el Consejo de la Unión Europea, que, junto con el Parlamento Europeo, se encarga del procedimiento legislativo en la UE, sobre la base, con carácter general, de las propuestas normativas presentadas por la Comisión Europea. Pero tanto Parlamento Europeo como Comisión Europea tienen sus propias presidentas, respectivamente, la maltesa Roberta Metsola y la alemana Ursula von der Leyen. Hasta la institución que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, el Consejo Europeo, tiene su propio presidente, el belga Charles Michel. Por tanto, España presidirá de forma rotatoria durante seis meses el Consejo de la UE, tomando la presidencia de manos suecas y traspasándola a nuestros colegas belgas en el primer semestre de 2024. Ni más ni menos que eso.

En segundo lugar, por el momento temporal en que España asumirá la presidencia del Consejo de la UE, nuestra presidencia será lo que se denomina una presidencia escoba. Las elecciones europeas tendrán lugar entre los días 6 y 9 de junio de 2024. Es decir, bajo la presidencia belga del Consejo de la UE, lo que hará que muy pocas iniciativas legislativas puedan salir adelante ya en la primera mitad del próximo año. Ello convierte la presidencia española del Consejo de la UE en la última que, de facto, podrá sacar adelante proyectos. Esto es conocido por el resto de Estados miembros e instituciones europeas, que con total seguridad pondrán todo su empeño en acelerar acuerdos sobre las materias de mayor relevancia.

En tercer lugar, la crisis del coronavirus primero y la invasión de Ucrania por parte de Rusia después han cambiado (para bien) el modo de hacer las cosas en la UE. Y esto ha contado con el decidido apoyo e impulso de España, uno de los países proeuropeos por antonomasia. Respuestas a la pandemia con recursos públicos como el SURE, Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia, o el Next Generation EU, que ha permitido financiar los planes nacionales de recuperación, no habrían sido posibles sin el impulso firme de España. Y algo similar se puede decir con respecto a la respuesta a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania: iniciativas como la reforma del mercado eléctrico seguramente no se habrían llegado a presentar de no haber mediado una fuerte insistencia del lado español. De este modo, España es un socio reconocido por el resto de contrapartes y aunque pueda haber ciertas dudas, es poco probable que la visión de España como socio con iniciativa vaya a cambiar radicalmente de un día para otro.

A pesar de las fuertes discrepancias que hay entre los principales políticos españoles a nivel nacional, los temas europeos han sido pacíficos

En cuarto lugar, a pesar de las fuertes discrepancias que hay entre los principales políticos españoles a nivel nacional, los temas europeos han sido tradicionalmente pacíficos. El Gobierno de España, con independencia de su color político, ha mostrado siempre una actitud favorable a la integración con nuestros socios europeos. Y aunque imposible de aseverar, es bastante probable que esto siga siendo así, con independencia del resultado que salga de las urnas el próximo 23 de julio. Pensemos en los principales expedientes que se negociarán bajo presidencia española del Consejo de la UE.

Para empezar, la reforma de las reglas fiscales. Resulta difícil imaginar a un Gobierno de España que no considere imprescindible llegar a un acuerdo razonable para reformar las reglas fiscales antes de que se reactive la cláusula general de escape el año próximo. También es poco probable que el ejecutivo que salga de las urnas no abogue con fuerza por la introducción de una capacidad fiscal central común o un alargamiento del plazo para la ejecución de los fondos Next Generation EU, aunque conseguir ambos elementos en tan solo seis meses sea complicado, dada la oposición de algunos Estados miembros.

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Para seguir, cualquier Gobierno salido de las urnas va a apoyar el continuar con el proyecto de la unión bancaria. En este sentido, creo que está fuera de toda duda el apoyo español a la reciente propuesta normativa de la Comisión Europea sobre gestión de crisis bancarias, que busca ensanchar el concepto de interés público para así evitar un uso improcedente de los recursos del contribuyente como los observados en el pasado (nótese que no ha sido el caso de España, ya que el único banco que ha sido resuelto, en lugar de liquidado, ha sido precisamente el Banco Popular Español, sin comprometer recursos del contribuyente). De hecho, cualquier Gobierno de España, ya sea celeste o gualdo, querría ir más allá y acordar, de una vez por todas, el Fondo de Garantía de Depósitos Único, algo a lo que Alemania se opone frontalmente, o un buen mecanismo de provisión de liquidez en resolución.

¿Alguien puede pensar que no habrá un decidido apoyo para que la sede de la nueva Autoridad Europea de Prevención del Blanqueo de Capitales se ubique en Madrid? No hay más que ver el fuerte apoyo de todos los niveles de la Administración, de distintos colores políticos, a esta iniciativa, que tan importante sería para España.

Cualquier Gobierno salido de las urnas va a apoyar continuar con la Unión Bancaria

Otros expedientes relevantes en el área económica son el euro digital, la revisión de medio plazo del Marco Financiero Plurianual y la consiguiente identificación de nuevas fuentes de recursos propios. En materia de euro digital, si bien el Consejo de Gobierno del BCE ha avanzado en las cuestiones más técnicas durante la fase de investigación, hay otras materias (por ejemplo, privacidad o posible establecimiento de la obligación de provisión del euro digital a los intermediarios financieros) que requieren de una propuesta normativa de la Comisión Europea y del acuerdo de Consejo de la UE y Parlamento Europeo. España está perfectamente capacitada, aun con un Gobierno en funciones, a moderar y orientar los debates sobre esta cuestión. Con respecto a la revisión del Marco Financiero Plurianual, el fuerte uso de recursos del presupuesto de la UE para hacer frente a la guerra en Ucrania va a llevar a la Comisión a proponer una revisión de medio plazo y además el establecimiento de nuevos recursos propios, lo que probablemente pase por nuevos impuestos europeos. Ambas cuestiones (revisión del Marco Financiero Plurianual y nuevos recursos propios) requieren de un acuerdo por unanimidad por parte de los Estados miembros. España lleva años siendo percibida como un país moderado, confiable y que mantiene sus compromisos. Pocos países estarían mejor posicionados para moderar los debates sobre estos temas y facilitar llegar a un acuerdo.

En el ámbito digital, los dos expedientes más relevantes serán probablemente el Reglamento de Inteligencia Artificial y el paquete de conectividad digital, suponiendo que bajo presidencia sueca se han alcanzado ya acuerdos sobre la Ley de Datos y la revisión del Reglamento eIDAS, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Si bien espero un fuerte impulso en materia de Inteligencia Artificial, creo que las cuestiones de conectividad digital, y en especial, el establecimiento de una posible compensación de las empresas Bigtech a las de telecomunicaciones para sufragar las inversiones en infraestructuras, quedarán para la siguiente legislatura europea, pero no tanto por España, sino por una cuestión de tiempos europeos (el plazo de la consulta realizada por la Comisión Europea acaba de finalizar, y tiene que analizar todas las respuestas antes de elaborar una propuesta normativa).

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En materia energética, además de cuestiones más enfocadas, como la formalización de la Directiva sobre Energías Renovables actualizada, hay otras de carácter más estratégico, como la reforma del mercado eléctrico o los avances en el corredor del hidrógeno verde H2Med. La reforma del mercado eléctrico requerirá probablemente mucho capital político y posiblemente sea un reto para cualquier Administración acordarla antes de que termine el año.

Y para terminar con posibles expedientes de relevancia, conviene no olvidarse de la importancia que tiene para la UE, y más en estos tiempos globalmente convulsos, de forjar alianzas con otros socios. De ahí la necesidad de llegar a Acuerdos de Libre Comercio con Mercosur, Chile o México. ¿Pueden pensar en algún otro país de la UE más cualificado que España para fomentar las relaciones con América Latina?

En quinto y último lugar, pero no por ello menos importante, nada de lo que acabo de decir, de la garantía de éxito que a mi juicio ofrece la presidencia española del Consejo de la UE, sería posible sin los altos cuerpos de funcionarios de la Administración General del Estado. Mujeres y hombres que han decidido poner sus altas capacidades al servicio del interés general de España y que garantizan el funcionamiento de nuestras instituciones, con independencia de vaivenes políticos. A ellos, a mis compañeros, les dedico este artículo y les deseo la mejor de las suertes en el segundo semestre de este año.

*Judith Arnal es doctora en Economía por la Universidad de Navarra, profesora del Máster de Banca y Regulación Financiera.