España es un buen país para invertir

En los últimos días, leyendo los principales diarios económicos españoles destacan las noticias sobre las buenas perspectivas o, mejor, los resultados económicos positivos de las empresas. Sirvan de ejemplo que BlackRock, el mayor fondo del mundo, ha decidido realizar su desembarco inmobiliario en España; que nuestro país está entre los 12 del mundo que más renovables tendrá en su producción energética en siete años; que IAG ha anunciado su previsión de ganar 1.500 millones en España a partir de 2024, mientras Iberdrola bate objetivos de beneficios y dispara el dividendo o que Enel mantiene inversiones para Endesa en España por valor de 9.000 millones, así como que los bancos españoles están a la cabeza de Europa por rentabilidad.

Pese al ruido constante por el enfrentamiento político, las últimas previsiones de la Comisión Europea afirman que España cerrará este ejercicio con más crecimiento que Alemania, Francia e Italia, algo que pocas veces se podrá haber dicho. Con el 2,4% de alza del PIB en 2023, cuadruplicará el promedio de la eurozona (0,6%). En 2024, según Bruselas, España tendrá un incremento del 1,7% frente al 1,2% de media de los países de la zona euro. Y para 2025, las previsiones sitúan una mejoría del 2% en nuestro país contra el 1,6% de la media europea.

Bruselas constata esta senda positiva, que coincide con las perspectivas de buena parte de las empresas, aunque no podemos olvidar que se está atenuando el impulso que ha tenido el PIB en los últimos ejercicios. Ahora, una de las cuestiones clave será si con este crecimiento se podrá mantener, o incluso mejorar, la competitividad externa de la economía y sostener el ímpetu del mercado de trabajo.

Las dudas se acrecientan porque hay nubarrones en el horizonte que provienen de la compleja situación internacional, pero también de los acuerdos políticos del Gobierno y su influencia en las cuentas públicas. Cuando todavía se desconocen los Presupuestos del Estado -después de tardar cinco meses en formar Gobierno-, la propia Comisión Europea ha advertido de que la situación fiscal de España "es muy difícil" por lo que ha reclamado que se imponga un plan riguroso para reducir el déficit y la deuda pública. En concreto, Bruselas pide a Moncloa "una estrategia fiscal creíble a medio plazo".

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Los diferentes pactos a los que ha llegado el presidente Pedro Sánchez con los partidos que le han apoyado podrían tener unos altos costes fiscales por la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, un acuerdo del que aún no se conocen los detalles. Algunos analistas, como Fedea, han destacado que ciertas autonomías pueden llegar a creer que tienen posibilidad de gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará, de una forma u otra, sin coste alguno para ellas. Esto constituye una invitación a la indisciplina fiscal.

Otro tema que preocupa al empresariado son las subidas de impuestos, que no deberían disparar los costes empresariales hasta el punto de detener proyectos económicos. La situación internacional ya aporta suficiente incertidumbre como para que el Gobierno la eleve más provocando que los empresarios consideren que los riesgos son demasiado elevados como para invertir.

El mejor ejemplo de esta situación ha sido, volviendo a las noticias de los periódicos, la advertencia de Repsol al manifestar que si se prorroga el impuesto a las energéticas, podría hacer peligrar sus inversiones en España. Y lo dice con razones: pagó 10.890 millones en impuestos hasta septiembre y fue la empresa del Ibex que más tributó.

El Gobierno debe estudiar estas advertencias porque no puede legislar de espaldas a las empresas. La vicepresidenta Nadia Calviño parece ser consciente de este error; en una de sus últimas intervenciones públicas ha recordado los buenos beneficios de las empresas durante su mandato en el Gobierno y ha afirmado que en el futuro habrá una política continuista. Como objetivos a seguir, Calviño ha citado la reducción de la inflación, culminar el programa de inversiones de los Fondos Europeos, cerrar las reformas en marcha, así como mantener la confianza de los mercados, las empresas y las familias. Para cumplir con esto es imprescindible que el Gobierno transmita sensación de estabilidad, otro asunto que preocupa a los empresarios.

De los resultados empresariales se deduce que España ha sido y sigue siendo un buen lugar para invertir. No es una teoría, lo vemos casi a diario en los periódicos con las declaraciones de primeros ejecutivos y, lo que es más importante, con las decisiones de compañías y multinacionales que apuestan por el crecimiento en nuestro país. Pese al ruido, a veces ensordecedor, de la disputa política, los empresarios y los ciudadanos se han acostumbrado a convivir al margen del conflicto del Congreso. Quizá es una cuestión de supervivencia, aunque la situación dista mucho de ser ideal.

El Gobierno debe ser consciente de que los países más prósperos son aquellos que mantienen sus instituciones fuertes

El Gobierno debe ser consciente de que los países más prósperos son aquellos que mantienen sus instituciones fuertes; hay demasiada tensión y polémica sobre la calidad de la democracia española que no ayuda a tener un clima económico de progreso, ya que se cuestiona la seguridad jurídica y se azuza el frentismo en la sociedad.

El Ejecutivo debe ser ejemplar a la hora de mitigar esta situación. Como señaló hace días el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es preciso culminar reformas económicas que lleven a que la renta per cápita de España converja con la europea, pero este proyecto debe afrontarse con el consenso entre las fuerzas políticas. Está en juego mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, que tienen derecho a exigir acuerdos; no debería parecer una utopía.

*Juan Rivera, Senior Managing Director de FTI Consulting.