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¿Por qué el Gobierno no quiere movimientos corporativos como el de BBVA y Sabadell?
El caso de BBVA con Sabadell está empezando a recordarnos en algunos aspectos el culebrón de Endesa con E.ON, Enel y Acciona que tuvo lugar en el primer decenio de los 2000
Las fusiones y adquisiciones entre empresas son operaciones connaturales a la vida de los mercados financieros y el presente año en España está yendo bien servido: compras de porcentajes relevantes en el accionariado de Telefónica, inminente OPA sobre Naturgy, la todavía incierta OPA sobre Talgo y, lo más reciente, la OPA en principio amistosa y luego hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. Ninguna de las citadas operaciones está siendo pacífica para nuestro Gobierno. ¿Por qué estos movimientos en los que debería primar el interés del accionista están creando tanta controversia? La razón radica en el evidente cruce de intereses empresariales y políticos. De hecho, el caso de BBVA con Sabadell está empezando a recordarnos en algunos aspectos el culebrón de Endesa con E.ON, Enel y Acciona que tuvo lugar en el primer decenio de los 2000.
El rechazo del opado
La posibilidad de que el BBVA se fusionara con el Banco Sabadell viene de lejos y no debería sorprender a nadie. Lo que sí ha llamado la atención es que el intercambio de acciones no fuera acompañado de pago en dinero. Creo que de haber sido así, es decir, que BBVA hubiera ofrecido a los accionistas del banco catalán – alicantino realmente hoy en día - pagar parte del precio en dinero y no todo en acciones de la entidad absorbente, la reacción del Consejo de Administración de Sabadell habría sido otra.
Argumentos del tipo "mantener el compromiso de la creación de valor" y de "hacer crecer el dividendo cuanto la normativa lo permita", como han apuntado los máximos responsables del banco opado, son totalmente nimios, ya que la misión que ya tienen encomendada como gestores de la entidad es esa misma. Sólo faltaba. La cuestión relevante es si en el eventual banco fusionado esos objetivos serían potenciados para los intereses de los accionistas. Sobre esto no se pronunciaron.
Los políticos tendrían que quedarse al margen
Uno de los episodios más llamativos de este inacabado proceso de OPA bancaria ha sido el cambio de postura del Gobierno español: su reacción inicial fue favorable – crear una entidad grande y líder en Europa y en el mundo es una buena noticia, vino a decir el ministro Bolaños – pero se convirtió al cabo de las horas en una oposición frontal manifestada por la Vicepresidenta primera Montero. El detonante para ese hilo de acontecimientos lo pueden imaginar: cuando las fuerzas políticas catalanas, Puigdemont a la cabeza, se pronunciaron en contra y les siguió la patronal de empresarios, la operación ya no interesaba y el Gobierno no iba a autorizarla porque “conllevaría una excesiva concentración (...) y porque preocupa la cohesión territorial", según explicó la Vicepresidenta. ¡Qué distinta reacción a la que tuvieron cuando un banco catalán, Caixabank, absorbió a otro madrileño, Bankia, o cuando el propio BBVA tuvo que quedarse con siete cajas de ahorros catalanas quebradas para evitar males mayores a los clientes de éstas y al propio sistema!
Más allá de las debidas autorizaciones de los organismos de competencia nacionales y europeos y del indispensable visto bueno del Banco Central Europeo, el entorpecimiento de esta OPA por parte de determinada clase política demuestra su mayúsculo desconocimiento de los mercados financieros y del mundo empresarial y, además en este caso, la ignorancia también de la realidad transformada y cambiante del sector bancario en el mundo. Éste, impelido por las nuevas tecnologías, poco tiene que ver con la banca de manguitos y ventanilla del pasado. No cabe duda de que espurios intereses y un fariseo sesgo ideológico están detrás de esa resistencia política que relega a segundo o tercer plano el progreso económico y la creación de riqueza para los accionistas de una empresa privada y cotizada en Bolsa. Pueden ser éstos finalmente, los accionistas, los grandes perjudicados.
La concentración bancaria es una realidad y no un problema
Los procesos de concentración bancaria, el cierre de oficinas y la reducción de puestos de trabajo en el sector financiero, así como el riesgo de lo que se denomina exclusión bancaria (presencial, se entiende), son circunstancias que van a avanzar de forma inexorable y cada vez a más velocidad pase lo que pase con la OPA sobre Sabadell. La sobrecapacidad instalada y los avances tecnológicos están en la base de esta transformación. Una más de nuestro tiempo.
Lo anterior no impide el nacimiento y crecimiento de nuevas entidades que fomentan la competencia y obligan a una mejora constante del servicio al cliente. La banca digital o neobancos, como MyInvestor o Revolut, tenía en España a final del pasado año más de 9 millones de clientes (datos de la consultora Inmark), cifra que sigue subiendo. Por ahí transcurre el camino del sector bancario y de sus clientes, y no por las arenas movedizas que atraviesa interesadamente nuestra clase política.
Asesórense bien y sean prudentes.
Las fusiones y adquisiciones entre empresas son operaciones connaturales a la vida de los mercados financieros y el presente año en España está yendo bien servido: compras de porcentajes relevantes en el accionariado de Telefónica, inminente OPA sobre Naturgy, la todavía incierta OPA sobre Talgo y, lo más reciente, la OPA en principio amistosa y luego hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. Ninguna de las citadas operaciones está siendo pacífica para nuestro Gobierno. ¿Por qué estos movimientos en los que debería primar el interés del accionista están creando tanta controversia? La razón radica en el evidente cruce de intereses empresariales y políticos. De hecho, el caso de BBVA con Sabadell está empezando a recordarnos en algunos aspectos el culebrón de Endesa con E.ON, Enel y Acciona que tuvo lugar en el primer decenio de los 2000.