Nuevo enfoque en las políticas de internacionalización

Ya nadie considera la internacionalización como uno de los retos estructurales de la empresa española. No se puede decir tampoco que sea una asignatura superada —nunca lo será—, pero el hecho cierto es que decenas de miles de compañías mantienen hoy un flujo de ventas permanente con el exterior, cuando no han abierto sus propias filiales comerciales o productivas fuera de España.

Quizá sea ésta la mayor transformación que se ha operado en la economía nacional en las últimas décadas. El sector exterior funcionaba tradicionalmente de modo contracíclico, es decir, las exportaciones repuntaban en tiempos de crisis para compensar la caída de la demanda interna y después retrocedían conforme iban mejorando el consumo y la inversión. Ello era así porque un número elevado de empresas no vendía en el exterior sino de forma coyuntural, forzadas por las circunstancias, con el único fin de mantener la producción o colocar los excedentes en tanto se recuperaba la demanda interna.

Pero esa dinámica quedó felizmente superada en la crisis de los años 2008-2012, cuando los empresarios tomaron conciencia de que la internacionalización no admitía marcha atrás y debía incorporarse de forma definitiva en sus estrategias de negocio si querían sobrevivir en un mundo globalizado.

España cuenta hoy con casi 60.000 operadores que exportan mercancías de forma regular y con un grupo también numeroso de exportadores de servicios turísticos y no turísticos. Merece la pena subrayar la importancia que han cobrado los servicios no turísticos (ingeniería, arquitectura, telecomunicaciones, finanzas, etc.) por su dinamismo y su alto valor añadido. Además, para completar la fotografía del sector exterior, no se puede obviar la aportación de las multinacionales —tanto grandes corporaciones como pymes— que han llevado a cabo una implantación comercial o productiva en otros mercados.

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El esfuerzo que han realizado los empresarios españoles en un contexto internacional no exento de dificultades —piénsese en el brexit, en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, en la pandemia, la guerra de Ucrania, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio…— ha deparado un modelo productivo más robusto, en el que la demanda externa supone en torno al 40% del producto interior bruto, y ha elevado el volumen de inversión española en el exterior hasta los 500.000 millones de euros.

Llegados a este punto, sería deseable que la cifra de compañías internacionalizadas siguiera aumentando al mismo ritmo que lo ha hecho en los últimos años, pero se antoja bastante improbable. La empresa media española se caracteriza por un tamaño menor que el de sus homólogas alemanas o francesas, lo que limita su potencial para expandirse a los mercados internacionales.

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El Banco de España, en su último informe anual, señalaba que hay múltiples obstáculos que condicionan la dimensión empresarial, entre los cuales identificaba “aquellos relacionados con el elevado volumen y complejidad de la regulación”, así como “la existencia de umbrales regulatorios asociados de manera arbitraria al tamaño de las empresas”. El diagnóstico es claro, tanto como la ausencia de voluntad política para abordar esta cuestión. De hecho, la única iniciativa exitosa en este ámbito quizá sea la Fundación Cre100do, que requeriría sin duda mayores recursos económicos.

Si nuestros gobernantes se tomaran en serio la eliminación de las trabas al crecimiento, el tejido empresarial estaría en condiciones de dar otro salto cuantitativo en su apertura a los mercados internacionales. Pero mientras persistan los desincentivos, no cabe esperar grandes avances en el número total de operadores que conforman el sector exterior, al menos a medio plazo.

Ése es el panorama más probable que tenemos por delante en los próximos años y, en consecuencia, las políticas de internacionalización que llevan a cabo las Administraciones públicas resultarían más eficientes si se orientaran no tanto a promocionar la salida al exterior de empresas noveles (tal como ha ocurrido en las últimas décadas) cuanto a consolidar la actividad internacional de aquellas que ya se han abierto camino fuera. Al fin y al cabo, el apoyo a los exportadores e inversores termina repercutiendo en el resto de las empresas por el efecto arrastre que ejercen sobre ellas.

Opinión

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Este nuevo enfoque en las políticas de internacionalización se aviene además con el hecho de que las empresas españolas han conquistado una posición de liderazgo internacional en diversos sectores como la gestión de infraestructuras, la energía, el textil, la construcción o la ingeniería, sin olvidar la relevancia de nuestro país como destino turístico.

Tal magnitud han adquirido los intereses económicos de España en el exterior que debería estudiarse la creación de una Secretaría de Estado de Economía Internacional, que aunara una doble perspectiva empresarial y diplomática, ya que la política exterior del Ejecutivo —sea éste del color que sea— es indisociable de las estrategias públicas para la internacionalización de la empresa española.

Por lo que se refiere al Gobierno actual, bien haría en adoptar una política exterior menos ideologizada y más pragmática, alineada con los intereses económicos de nuestro país, lo que nos habría ahorrado varios conflictos diplomáticos y cuantiosas pérdidas para las compañías internacionalizadas. Sería recomendable también que aumentara el número de misiones empresariales al exterior encabezadas por el presidente del Gobierno y sus ministros, así como los viajes de Estado de Sus Majestades los Reyes.

Sería oportuno destinar más recursos al África subsahariana y a Asia-Pacífico, las dos regiones con mejores perspectivas de crecimiento

En cuanto al servicio exterior, sería oportuno revisar la red de embajadas y de oficinas comerciales para destinar más recursos al África subsahariana y a Asia-Pacífico, las dos zonas del mundo con mejores perspectivas de crecimiento a largo plazo. Se requieren, además, nuevas estrategias para mantener e incluso reforzar la presencia empresarial española en Iberoamérica ante el empuje imparable de China.

Asimismo, el Ejecutivo debe seguir promoviendo en el seno de la Unión Europea la firma de tratados comerciales con terceros países o regiones, como el acuerdo con Nueva Zelanda que acaba de entrar en vigor. Una vez constituida la nueva Comisión Europea, convendría sellar por fin el pacto con Mercosur y retomar las negociaciones con Estados Unidos para intentar cerrar un ambicioso acuerdo de comercio e inversiones transatlántico.