En esta vida hay tres cosas seguras: los impuestos, la muerte y la inestabilidad política en Francia. El ocho de septiembre asistíamos a una intensa jornada de debate en la Asamblea gala donde el primer ministro francés, François Bayrou, perdió el voto de confianza de la cámara y se vio obligado a dimitir, lo que obliga a un tercer cambio de gobierno en poco más de un año.
La votación de confianza que se tradujo en la caída del gobierno se debe al plan presupuestario de 2026 presentado para intentar sanear las finanzas públicas galas. Por primera vez en mucho tiempo, vimos a un gobernante francés alertar del precario estado financiero y del alto endeudamiento de la economía. Además, era especialmente reseñable que enfatizara la carga que esta deuda supone sobre las generaciones más jóvenes a costa de sostener un gasto destinado a los boomers, como él mismo dijo.
Con la intención de contener el déficit, Bayrou propuso subidas de impuestos y 44.000 millones de euros en recortes con algunas medidas que resultaron impopulares, como recortar dos días festivos del calendario. Las cuentas tenían por objetivo reducir el déficit previsto para 2026 al 4,6% del PIB, frente al 5,4% estimado para este año. Según el Ministerio de Finanzas, el gasto público aumentaría en 51.100 millones de euros el próximo año sin medidas correctivas, elevando el déficit al 6,1% del PIB, bastante por encima de lo que se había presentado a Bruselas. Además, se proyecta que la deuda aumente del 113% del PIB en 2024 al 125,3% del PIB en 2029.
El problema es que los ajustes dolorosos (pero necesarios) no entran en los planes de una Asamblea Nacional con un porcentaje tan alto de populistas a ambos extremos del espectro político. La fragmentación política es tan grande que pocos partidos van a estar a favor de un ajuste del gasto, más si saben que pueden sacar rédito político a costa de quien propone el ajuste en las cuentas. Pero mientras la guerra política continúa al intentar ganar votos a cualquier precio, la economía francesa se tambalea.
Elaumento de gasto social y el envejecimiento poblacional son el talón de Aquiles de las cuentas. Acorde a las cifras de la UE, el índice de dependencia de la tercera edad, que representa la proporción de personas mayores (de 65 años o más) respecto a la población en edad de trabajar (de 20 a 64 años), se proyecta que aumente del 38,2% en 2022 al 57,8% en 2070. Ya en la situación actual, el gasto en protección social y sanidad ascendió a casi 900.000 millones de euros, representando un poco más del 32% del PIB en 2023, frente a una media del 27,2% en la eurozona, casi 5 p.p. por debajo.
A medida que el ritmo de envejecimiento aumenta, el gasto aumenta sustancialmente. Por ejemplo, de 2022 a 2023 el gasto sanitario total en Francia subió un 3,5% hasta los 325.000 millones de euros. Por otro lado, los gastos de jubilación, que constituyen el principal componente de las prestaciones sociales (en torno a un 45%), se aceleraron a un ritmo más intenso (+5,2%) hasta superar los 400.000 millones de euros y el 14% del PIB galo. Asimismo, el aumento del gasto en esta partida acaba convirtiéndose en la principal impulsora de otro gran consumidor de recursos: el servicio de la deuda. Según Bayrou, se espera que ascienda a 75.000 millones de euros, lo que representaría un aumento del 50% respecto a lo dedicado en esta partida en 2023.
El interés electoral se está imponiendo sobre las tareas que el país tiene que acometer si quiere evitar que se dude sobre la solvencia del país
Por el lado de los ingresos, muy poco margen tienen las autoridades para intentar cuadrar las cifras, dado que Francia ya tiene una de las mayores presiones fiscales de Europa, llegando al 45 % del PIB, por lo que difícilmente pueden hacer subir los ingresos al ritmo que sube el gasto. Si al menos la economía pudiera crecer de forma sostenida, se templaría este problema parcialmente, pero el crecimiento potencial del PIB de Francia sigue siendo muy bajo, de poco más de 1 p.p. Y esta incertidumbre política acaba canalizándose hacia la economía, provocando un lastre mayor. El sombrío panorama que se cierne sobre Francia afecta negativamente a la confianza de los empresarios y del consumidor, y con ello a los principales motores de crecimiento: la demanda de los hogares y la inversión de las empresas.
Ahora queda por ver cómo discurre el escenario político, una vez que Macron ha elegido a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, en un último intento por evitar la disolución del Parlamento. El nuevo gobierno, en cualquier caso, se enfrenta al desafío de encontrar la manera de aprobar un nuevo presupuesto y, visto lo visto, no es una posición en la que nadie desee estar.
La única manera de acometer esta tarea requeriría del nuevo primer ministro la habilidad de mantener unido al bloque centrista y al mismo tiempo tejer lazos con los socialistas para tener un apoyo suficiente para la legislación. Pero en este caso sería improbable que los presupuestos acometieran los ajustes necesarios, y solo podría salir adelante con pocos cambios para solucionar los desequilibrios de ingresos y gastos. Francia nos está poniendo un ejemplo muy claro de lo que no hay que hacer.
El interés electoral se está imponiendo claramente sobre las tareas que el país tiene que acometer si quiere evitar que se dude sobre la solvencia del país. Durante años, los políticos galos han usado la técnica del avestruz y se ha dejado que el gasto público aumente hasta suponer el 57% del PIB, con un gasto en protección social y vejez excesivamente generoso que ha alimentado déficits constantes y crecientes.
La población se ha acostumbrado a ello y ahora no quiere tolerar ni un simple retroceso del gasto (por muy necesario que sea en el medio y largo plazo). Los partidos políticos lo saben, todos quieren llegar al poder sin acometer ningún ajuste con la esperanza de que, cuando explote la patata caliente, esté en manos del adversario político y erigirse como la alternativa al poder. Bayrou miraba por el bien del país, más allá de continuar en el poder. Esos han sido los clavos de su ataúd.
En esta vida hay tres cosas seguras: los impuestos, la muerte y la inestabilidad política en Francia. El ocho de septiembre asistíamos a una intensa jornada de debate en la Asamblea gala donde el primer ministro francés, François Bayrou, perdió el voto de confianza de la cámara y se vio obligado a dimitir, lo que obliga a un tercer cambio de gobierno en poco más de un año.